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Redacción Nacionales
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Marta Quintanilla, madre de Dagoberto de Jesús Quintanilla, denunció públicamente la detención de su hijo ocurrida en noviembre de 2022, en el contexto del régimen de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Su testimonio fue presentado ante el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), organización que acompaña casos de presuntas detenciones arbitrarias.
Según relató Quintanilla, su hijo fue capturado el 17 de noviembre de 2022 sin que existiera, afirma, evidencia de vínculos con estructuras criminales. “Nunca ha tenido ningún crimen, nunca ha estado involucrado en pandillas ni en ningún delito”, sostuvo.
Desde que fue caputurado, Marta Quintanilla asegura no haber tenido contacto con él ni recibir prueba de vida.
Quintanilla explicó que, durante más de tres años, ha presentado múltiples documentos ante distintas instituciones del Estado, incluyendo arraigos familiares, laborales y sociales, así como antecedentes penales que, según afirma, demuestran la ausencia de historial delictivo de su hijo.
También indicó que interpuso un recurso de hábeas corpus en diciembre de 2022, sin obtener resultados favorables de parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, contralado por el gobierno central.
El caso, según la denunciante, refleja una serie de irregularidades en el proceso judicial. Señaló que, durante una audiencia realizada en octubre del año pasado, el tribunal desestimó las pruebas presentadas y negó medidas sustitutivas. Entre los argumentos, mencionó que la jueza hizo referencia a las calificaciones escolares del hijo del detenido, lo que calificó como “irrelevante y absurdo” en relación con la acusación penal.
Además, cuestionó el rol de la Fiscalía, a la que acusó de no investigar adecuadamente y de basarse en testimonios de reos para incriminar a personas detenidas. “¿Por qué se le da más valor a un criminal convicto que a personas honorables que dan fe de la conducta de mi hijo?”, planteó la mujer.
Otro de los puntos expuestos fue el impacto familiar de la detención. El hijo de Dagoberto Quintanilla, quien fue criado por él desde pequeño, enfrentó —según el testimonio— afectaciones emocionales tras la captura de su padre. El menor, que tenía como idioma predominante el inglés, fue trasladado a un entorno donde no se hablaba ese idioma, lo que complicó su adaptación.
Quintanilla también criticó la falta de atención institucional hacia su nieto. Aseguró haber solicitado apoyo psicológico sin obtener respuesta, por lo que cuestionó la efectividad de los programas estatales dirigidos a la niñez.
En cuanto a las condiciones del proceso, denunció que en la vivienda de su hijo no se encontraron armas, drogas ni indicios de actividades ilícitas. Según indicó, el único argumento para su detención fue que “se mostró nervioso” en una zona donde reside desde hace años.
La madre afirmó haber acudido a instancias como la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sin obtener respuestas concretas. “Las instituciones no están funcionando”, declaró.
Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos para que intervengan ante lo que considera violaciones sistemáticas al debido proceso. “No basta con pronunciarse. Se necesita presión real para que esto cambie”, expresó.
Quintanilla, quien reside en Estados Unidos desde hace 37 años, ha viajado en reiteradas ocasiones al país para dar seguimiento al caso. Indicó que ha invertido recursos económicos significativos en paquetes mensuales enviados al penal, sin certeza de que estos lleguen a su destinatario.
Finalmente, dirigió un mensaje al Ejecutivo: “Que liberen a los inocentes, que respeten el debido proceso y que nos permitan ver a nuestros hijos”.
El testimonio se suma a otras denuncias similares registradas por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, que advierten sobre posibles detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado en múltiples ocasiones por la Asamblea Legislativa. Al final de este mes de marzo, El Salvador cumplirá cuatro años bajo régimen de excepción.
