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Sara Monroe
María Balbina Fernández, ciudadana colombiana, denunció una serie de presuntas irregularidades, intimidaciones y vulneraciones al debido proceso en el caso judicial de su hijo, quien permanece detenido en un centro penitenciario de Santa Ana desde septiembre de 2025.
Según el testimonio de Fernández, su hijo ingresó a El Salvador como turista y fue capturado el 17 de septiembre de ese mismo año, luego de haber recibido y entregado una suma de dinero a petición de un conocido. La madre sostiene que el joven desconocía cualquier vínculo de ese dinero con actividades ilícitas y asegura que no tiene relación con estructuras criminales en el país.
“Mi hijo vino como turista, no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí. Él solo hizo un favor sin saber el contexto”, afirmó Fernández, quien llegó a El Salvador días después de la detención para intentar brindar apoyo legal y humano a su hijo.
El detenido fue trasladado inicialmente a, “Penalito” y posteriormente al penal de Santa Ana, donde permanece recluido. De acuerdo con la madre, el proceso judicial ha estado marcado por cambios en la tipificación del delito, pasando de supuestas agrupaciones ilícitas a una acusación por extorsión, lo cual —según ella— genera incertidumbre sobre la base probatoria del caso.
Fernández también señaló que ha enfrentado múltiples dificultades para garantizar una defensa legal adecuada. Inicialmente contrató a un abogado, pero posteriormente cambió de representación tras inconsistencias en el proceso. Más recientemente, un grupo de abogados que llevaba el caso le comunicó su decisión de renunciar, argumentando sentirse “coartados” y presionados.
“Nos dijeron que habían llegado personas a sus casas, que los estaban vigilando y que no se sentían seguros para continuar con la defensa. Eso nos deja completamente desprotegidos”, relató.
La denunciante afirma que estos hechos podrían constituir actos de intimidación que afectan no solo la defensa técnica del imputado, sino también las garantías del debido proceso.
Asimismo, expresó temor por su propia seguridad, señalando que ha percibido situaciones que considera sospechosas durante su estancia en el país.
En cuanto a las condiciones de detención, Fernández manifestó preocupación por el estado físico de su hijo, a quien describe como visiblemente deteriorado. También cuestionó el trato recibido durante una audiencia reciente, donde —según su versión— no se le permitió acercarse ni interactuar adecuadamente con el imputado.
Ante esta situación, la madre ha buscado apoyo en la embajada de Colombia y la cancillería de su país, instituciones que le han facilitado permisos para visitar al detenido en varias ocasiones. Sin embargo, considera que la asistencia ha sido limitada frente a la complejidad del caso.
Organizaciones de derechos humanos en El Salvador han señalado en reiteradas ocasiones la importancia de garantizar el respeto al debido proceso, especialmente en contextos donde se reportan capturas vinculadas a delitos graves o en el marco de medidas extraordinarias de seguridad.
Hasta el momento, las autoridades salvadoreñas no se han pronunciado públicamente sobre este caso en particular.
“Solo pido justicia y que se respete el derecho de mi hijo a defenderse. No pedimos privilegios, solo un proceso justo”, concluyó.
