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Los retos del nuevo fiscal

Más allá de las oposiciones que ya se han manifestado contra el nuevo fiscal general, de parte de un par de organizaciones sociales, por los vínculos de este no solo con la derecha, ideológicamente hablando, sino también con el partido opositor ARENA, políticamente, lo cierto es que este diario, mientras la Sala de lo Constitucional no resuelva cualquier interposición de recursos de inconstitucionalidad, le dará el beneficio de la duda.

Lo mismo hicimos con el exfiscal general Douglas Meléndez, quien realmente fue un verdadero fiasco.

El doctor Raúl Melara, nuevo fiscal general de la República a partir del pasado 6 de enero, tiene la responsabilidad, en primer lugar, de demostrar que tener una posición política e ideológica, como él la tiene, no es sinónimo de poner una entidad tan prestigiosa e importante en el país como es la Fiscalía General de la República al servicio de los intereses de un sector de la nación, ni mucho menos al servicio de un partido político.

Si la Sala de lo Constitucional no le viola los derechos políticos y civiles al Dr. Melara, como lo hizo la anterior Sala contra los funcionarios electos por la Asamblea Legislativa, porque se sospechaba que eran de izquierda, este tendrá la obligación no solo de reivindicar esos derechos, sino de demostrar que al estar al frente de una institución se puede despojar de los intereses partidarios y ponerse al servicio de la nación, de la Constitución, de la ley.

La clase política y el sector académico de la nación, así como las organizaciones de la sociedad civil, deberían crear los instrumentos jurídicos o los parámetros para demandar a un funcionario de elección de segundo grado, cuando este se equivoque o transgreda sus propias facultades como funcionario, en vez de buscar anularlos a priori como lo dejó establecido la Sala anterior, lo que en alguna medida volvió “changoneta” el rol de la Sala de lo Constitucional.

Por cierto, tanto la nueva Sala de lo Constitucional como el nuevo fiscal general de la República tienen la obligación con el pueblo salvadoreño de restaurarle un estatus superior a esas instituciones que fueron convertidas en vulgares por los funcionarios anteriores, pues se hizo el capricho de ellos y no lo que la Constitución o la ley manda.

El señor fiscal Melara debe renovarle el estatus y el compromiso que la Constitución ordena a la Fiscalía, lo que implica hacer borrón y cuenta nueva a la chapucería que el exfiscal Douglas Meléndez le inyectó a la entidad del Ministerio Público.

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