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Redacción Nacionales
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La abogada penalista e integrante del movimiento Justicia Social en Santa Ana, Roxana Cardona, aseguró que en El Salvador impera un sistema inquisitivo, donde las instituciones están para no funcionar, y que los jueces se han convertido en “pasa papeles de la fiscalía”.
“Tenemos un sistema de justicia imperfecto, el cual se va enmendando en el camino”, dijo la abogada en Encuentro con Julio Villagrán, y lamentó que los cambios de jueces en los tribunales han modificado el sistema de justicia. “Han colocado a fiscales como jueces”, dijo y agregó que su “formación es condenar”.
Cardona puso el caso de un reo a quien el juez, en vez de usar la sana crítica ante un documento que tenía una fecha equivocada, rechazó el escrito con lo que afectó a la prisionera.
Impacto social del régimen de excepción
El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha permitido la captura de decenas de miles de personas inocentes en el marco de la estrategia gubernamental de seguridad; mientras, el Ejecutivo sostiene que la medida ha sido clave para reducir la violencia y debilitar a las pandillas.
Durante la entrevista, la abogada señaló que muchas familias enfrentan serias limitaciones económicas para dar seguimiento a los procesos judiciales de sus parientes detenidos. En algunos casos, dijo, han tenido que vender bienes para pagar documentación básica o asesoría legal.
Además, cuestionó el funcionamiento de la defensa pública, señalando dificultades como la falta de contacto previo entre defensores y acusados, audiencias masivas con múltiples imputados, rotación de procuradores entre etapas procesales y reducción de recursos institucionales.
“Hay familias que ni siquiera saben si su pariente está vivo”, expresó y agregó que “estamos ante un sistema que está diseñado para condenar, no para buscar respuestas”.
Asimismo, Cardona aseguró que “el Gobierno necesita el régimen de excepción para legalizar lo ilegal”. Señaló que todas las ilegalidades que el Gobierno ha hecho, las legaliza mediante el régimen, por eso no funcionan las Hábeas Corpus, pues, “lo ilegal se ha legalizado, se ha normalizado con el régimen de excepción”.
Posible comisión revisora genera expectativas
La abogada se refirió al intercambio de post con el hermano del presidente de la República, Ibrajim Bukele, quien reveló que existe “un equipo independiente” dentro del Gobierno que revisa uno a uno los casos de los detenidos en el régimen de excepción, que según las organizaciones sociales son inocentes; es decir, que no están vinculados a padillas.
De ser cierto lo dicho por Ibrajim Bukele, se trataría de una comisión paralela, distinta a los mecanismos judiciales tradicionales. Aunque no se ha oficializado públicamente su estructura ni funcionamiento, abogados y organizaciones consideran que podría tratarse de una respuesta a observaciones internacionales recientes, como el informe GIPES, sobre el manejo del régimen de excepción, y así lo expresó la abogada Cardona.
Según la abogada, este tipo de espacios podría contribuir a atender situaciones urgentes, particularmente aquellas relacionadas con personas sin antecedentes penales o menores de edad procesados bajo el régimen extraordinario de seguridad.
Sin embargo, la jurista aclaró que hasta al momento no ha entregado ningún listado oficial a Ibrahim Bukele, debido a que el traslado de información requiere autorización expresa de las familias.
Cardona explicó que el acercamiento surgió tras una conversación pública en la plataforma X (antes Twitter), donde el propio Ibrahim Bukele respondió que existía un canal o comisión revisora de casos. A partir de ese intercambio, la jurista manifestó su disposición de compartir expedientes, siempre que las familias autoricen formalmente el traslado de la información.
“Tenemos casos no solo propios, sino también de personas a las que hemos acompañado. Estamos consultando con las familias si desean que su información sea trasladada por este canal”, afirmó.
La jurista consideró que la existencia de una comisión paralela, tal como lo reveló el
hermano del presidente, debe ser transparente en su funcionamiento y que incluya participación de organizaciones civiles y abogados defensores.
Con la participación de la sociedad, esa comisión podría fortalecerse, dijo la abogada, quien sugirió convertirla en una “Comisión Ad Hoc”. “Sería ideal que se invitara a abogados y representantes de víctimas que hemos trabajado estos casos durante años”, expresó.
Asimismo, planteó que la revisión de expedientes debe distinguir claramente entre personas vinculadas a estructuras criminales y aquellas sin antecedentes ni participación comprobada.
Preocupación por impacto social del régimen de excepción
La penalista advirtió que la acumulación de casos pendientes podría convertirse en un problema estructural si no se establecen mecanismos ágiles de revisión. También destacó efectos sociales derivados de las capturas, especialmente en hogares donde los principales proveedores fueron los detenidos.
Indicó además que muchas familias desconocen, incluso, si sus parientes detenidos continúan con vida, lo que incrementa la incertidumbre social.
“No puede haber justicia, si no hay seguridad jurídica”, sentenció. “No se puede combatir
la delincuencia condenando a inocentes”, concluyó.
