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A esta hora no sabemos, desde la parte racional, porqué el Ejecutivo citó a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, en dos ocasiones y en diferentes días, al Hospital San Rafael, de Santa Tecla, para discutir los términos de una nueva ley exigida por la Sala de lo Constitucional, luego de declarar inconstitucionales todos los decretos del Ejecutivo relacionados con la emergencia nacional y la cuarentena por la pandemia del COVID-19. También le declaró inconstitucional dos decretos a la Asamblea Legislativa por violentar también preceptos constitucionales. Y mandó a ambos órganos del Estado, a sentarse y consensuar una ley.
El Ejecutivo, que es el más interesado en la ley de emergencia, para el manejo directo de los fondos para enfrentar la dos emergencias, la generada por las tormentas tropicales y por el COVID-19, debió de demostrar más interés en ponerse de acuerdo con la Asamblea.
Y es que la Sala de lo Constitucional le declaró inconstitucional TODOS los decretos, incluido el 29 que quedó vigente hasta las doce de la noche de este viernes, por cuatro días, tiempo para que los dos órganos en mención se pusiera de acuerdo para una nueva normativa apegada a la Constitución.
Entre las violaciones más evidentes y reiterativas en los distintos decretos del órgano Ejecutivo estaban el confinamiento total de la población por la cuarentena, por espacio ya de 82 días, y el impedimento a la movilidad, tanto por imponer salir de la cuarentena para hacer cualquier tipo de compras, utilizando el último dígito del número del DUI o impedir movilizarse de un municipio a otro.
La Sala ya dejó claro cuáles son las inconstitucionalidades en las que cayeron el Ejecutivo, principalmente, y el Legislativo, en sus penosos decretos. En tal sentido, se suponía -desde la racionalidad- que sentarse y ponerse de acuerdo iba a ser fácil, no obstante, la lógica en la política actúa diferente.
Y el primer factor de lo ilógica que es la lógica política (en El Salvador, habría que precisar) se dio cuando, por un lado, la Asamblea Legislativa convoca hace 48 horas a la delegación del Ejecutivo a sentarse en el parlamento para revisar la resolución de inconstitucionalidad de la Sala (de atarrayazo la titulamos en un editorial anterior a este), mientras que los representantes del Ejecutivo convocaron a los diputados ha hacer lo mismo pero en el Hospital San Rafael, de Santa Tecla, un hospital que se ha convertido en el emblemático en el tratamiento de los casos más delicados del COVID-19.
Siendo así y, además, porque deben existir protocolos en el sentido de evitar que gente ajena al personal médico entre o tan siquiera se aproxime al hospital; entonces, cuando el Ejecutivo invita a los diputados a ese hospital emblemático para “que conozcan la realidad, ya que los diputados permanecen en una burbuja en la Asamblea” es poco seria, y peligrosa, por lo expuesto arriba, y porque los diputados no necesitan saber qué está pasando en el país en el tema del COVID-19 porque se tiene información oficial hasta la saciedad, adornada hasta con cierto alarmismo cuando el Gobierno anunciaba, hace un mes, aproximadamente, que “los hospitales estaba a punto de colapsar”.
Parece que el Ejecutivo se equivocó una vez más; primero, al crear decreto con graves vicios de inconstitucionalidad y, segundo, por la no racional forma de querer responder el llamado de la Sala.
A pesar de que el Ejecutivo a última hora cambió la sede, ayer, para la reunión de las dos representaciones, y la Asamblea hizo lo mismo, al convocar en la Biblioteca de la UCA, no hubo tal reunión, lo que ha quedado en claro que a una de las partes no le interesa cumplir lo que les ordenó la Sala.
A la hora de concluir este editorial, la Asamblea Legislativa hacía lo suyo en la UCA: discutir una ley y, de forma unilateral, cumplir lo ordenado por la Sala, que es crear una ley de emergencia sin vicios de inconstitucionalidad.
Mientras, el presidente de la República, Nayib Bukele arremetía con los dos órganos del Estado. Contra el legislativo por no “aprobarle nada” y al órgano Judicial por el “contubernio de la Sala de lo Constitucional, que ellos eligieron, declaran inconstitucionales TODAS las herramientas que teníamos para combatir el #COVID-19”.
Así las cosas de serias o poco serias en el tratamiento de una pandemia mundial, que ya causó más de 60 muertes y más de tres mil contagiados.
