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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Liduvina Escobar, informó este lunes sobre la audiencia desarrollada por la Sala de lo Contencioso Administrativo a partir de una demanda que interpuso por la resolución definitiva del presidente de la República, Nayib Bukele, quien ordenó la remoción de Escobar del IAIP.
La exfuncionaria espera no retornar a ocupar el cargo, sino, que exista un precedente de que una institución autónoma no puede seguir los lineamientos que imponga un presidente.
El caso de Escobar
El pleno del IAIP debía fungir desde febrero de 2019 hasta febrero de 2025, así lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública; el trabajo del IAIP desde febrero 2019, según Escobar, era la apuesta por posicionar al Instituto como una entidad autónoma que se fortaleciera aún más del trabajo que se realizaba desde el pleno anterior, y profundizar en el país, una cultura de transparencia y de acceso a la información pública, donde las instituciones públicas estuvieran obligadas a rendir cuentas y transparentar el ejercicio público.
“Fue así como iniciamos a exigir a distintas instituciones y tener resoluciones importantes en contra el mismo Ejecutivo, donde se le exigía el acceso a la información pública en distintos aspectos que se estaban solicitando”, dijo Escobar. Entre esos aspectos estaban: “la información que tenía que ver con el Organismo de Inteligencia del Estado; se resolvió que el director de Centros Penales, (Osiris Luna) entregara información de sus viajes, se multó a la ministra de Vivienda por relevar datos confidenciales de una ciudadanía y se exigió que el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, entregara información sobre la plaza y salarios, de la cual, él mismo había relacionado que tenía doble plaza”, enlistó Liduvina Escobar a través de una conferencia de prensa virtual.
A raíz de esas peticiones de información y de las resoluciones, “el IAIP comenzó a ser atacado, tanto institucional como personal”, informó Escobar. Posterior, hubo un cambio en la configuración del pleno provocado por Bukele, y los ataques contra Escobar fueron más recurrentes y frontales, en ese contexto fue removida de su cargo el 23 de abril del año pasado. Sin embargo, Escobar interpuso el 29 de abril de ese mismo año una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien resolvió en julio 2021, donde afirmó que la demanda era improcedente.
“El presidente de la República, Nayib Bukele, ha tenido un conflicto de intereses para resolver mi caso porque hay muchos casos que se resolvieron (desde el IAIP) en su contra y obviamente trastoca los intereses que como Ejecutivo tiene, de mantener oculta cierta información”, enfatizó Liduvina Escobar.
En la audiencia
En ese sentido, dijo que la audiencia en la Sala de lo Contencioso Administrativo es una acción más; no para retornar a su cargo dentro del Instituto de Acceso a la Información, “creo que nadie quiere estar ejerciendo un cargo público, vendiendo su dignidad y profesional para estar en función del alineamiento del Ejecutivo; al menos yo no lo aceptaría”; el objetivo de todo este proceso, según dijo, es que no deben existir instituciones que tengan un nivel de autonomía para los intereses de los ciudadanos, en función de seguir lineamientos de parte del presidente de la República.
“El IAIP debe de ser una institución verdaderamente autónoma porque en la medida que se garantice, vamos a tener también el derecho a información pública, el derecho a saber cómo se están ejecutando los recursos públicos”, remarcó la excomisionada.
En la audiencia se estableció que en un plazo no mayor de 30 días se dictará una sentencia definitiva donde se determinará si el acto de remoción fue ilegal o no.
La abogada de la excomisionada, Ruth Eleonora López, informó que durante el desarrollo de la audiencia se argumentó la presunta falta de imparcialidad del presidente Bukele, la cual se fundamenta en que no se siguió un proceso regular, “cuando hay una imparcialidad se supone que se debe seguir un debido proceso para evitar los atropellos de los derechos; sin embargo, esto no ha ocurrido en este proceso, (ya que) se hizo una destitución temporal para separarla del cargo, sin ningún acceso a su computadora, esto implicaba el inicio de un proceso y sanción sin haberla escuchado y sin haber expuesto cuáles eran los argumentos de los que se basada el presidente”.
Sobre los casos de la falta de imparcialidad del presidente Bukele, existen varios, destacó López, entre ellos los que son catalogados como “públicos y notorios”, los cuales no tienen que ser documentados ante el tribunal, ya que son de conocimiento de la ciudadanía a partir de medios nacionales, internacionales y las redes sociales. Sin embargo, el tribunal consideró que no eran hechos “públicos y notorios”, por lo cual, no los tuvo en cuenta como prueba. La parte denunciante interpondrá en las próximas horas un recurso de revocatoria.
“Nosotros no tenemos ninguna expectativa de que vayan a declarar ilegal el acto, pero somos respetuosas de los procesos y, por lo tanto, hay que finalizar la vía interna para poder acudir a una vía internacional, tomando en cuenta todos los derechos que han sido violados en el caso de Escobar”, destacó López. De tener una resolución en contra de lo que se han propuesto, el caso podría presentarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se eleve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
