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Por Leonel Herrera*
El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y el régimen de Nayib Bukele lo celebró descalificando a medios y amenazando a periodistas que cumplen las tres funciones que -según Joseph Pulitzer- tiene el periodismo: “defender la democracia”, “denunciar las injusticias” y “combatir a los demagogos”.
El director del Organismo de Inteligencia del Estado y otros personeros del oficialismo que no actúan sin la venia del presidente inconstitucional, secundados por la maquinaria de troles oficialistas, lanzaron insultos y graves amenazas contra el periódico digital El Faro por publicar una entrevista con dos ex cabecillas pandilleriles que revelan detalles tenebrosos de las negociaciones y acuerdos de Bukele con las maras.
La entrevista, presentada en tres entregas de formato video, confirma que la carrera política del gobernante autócrata tiene a la base los pactos con las pandillas y que las negociaciones eran realizadas por Carlos Marroquín (director de Tejido Social del Ministerio de Gobernación), Osiris Luna (director general de Centros Penales y viceministro de Seguridad), Denis Salinas (diputado de Nuevas Ideas) y otros miembros del bukelismo, quienes actuaban en nombre de Bukele, nombrado en el mundo pandilleril como “Batman”.
De la entrevista se desprende que el apoyo de las maras fue fundamental para que Bukele lograra ganar la Alcaldía de San Salvador en 2015, la presidencia de la República en 2019 y la súper mayoría legislativa en 2021, mayoría que le permitió tomar el control de todo el aparato estatal y abrir el camino a su reelección inconstitucional.
Los entrevistados confiesan que -a cambio de dinero, favores carcelarios y otros beneficios- las pandillas obligaron a la población de sus comunidades a votar por Bukele, presionándola, quitándole el DUI (si se manifestaban a favor de otros candidatos) y amenazándola. El gobierno también les permitió asesinar con la condición de que ocultaron los cadáveres (porque “sin cuerpo no hay delito”) y seguir extorsionando sin disputas internas por las zonas de control pandilleril.
La entrevista también confirma que el gobierno de Bukele permitió a los principales líderes de las pandillas salir de las cárceles y les ayudó a huir antes de lanzar el régimen de excepción a finales de marzo de 2022. El propio Carlos Cartagena López (conocido como Charli de la IVU), uno de los entrevistados, declara que fue detenido en los primeros días del régimen de excepción, pero liberado tres horas después, luego que los policías que lo capturaron recibieron una extraña llamada telefónica que ordenó liberarlo.
Además de las amenazas del jefe del espionaje gubernamental Peter Dumas, periodistas de El Faro fueron advertidos sobre eventuales capturas. Su director Carlos Dada dijo -en una transmisión de plataformas digitales- tener información creíble de que la Fiscalía bukelista les está armando un caso por “apología de terrorismo” y “asociaciones ilícitas”.
El gobierno de Nayib Bukele y sus hermanos también celebraron el Día de la Libertad de Prensa ocultando la información pública. Esta semana se supo que los estudios técnicos sobre el desastroso proyecto vial en Los Chorros están reservados por 30 años, sí: ¡30 años! El bukelato también mantiene oculta toda la información sobre gastos, adjudicaciones y otras operaciones cuya información debe estar disponible en base a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
El clan Bukele y sus secuaces, además, celebraron el Día de la Libertad de Prensa manteniendo intacto su aparato de propaganda con la que intentan asfixiar a la información periodística y los esfuerzos ciudadanos contra la desinformación. Este gigantesco aparataje comunicacional incluye medios estatales, cuentas oficiales, “granjas de troles”, “cuartos de guerra digital” y centenares de youtubers, tiktokers y tuiteros dentro y fuera del país.
En la práctica, la autocracia bukeliana ha institucionalizado la mentira como política de comunicación pública y ha convertido en cultura oficial este tóxico clima de descalificación, confrontación, difamación, estigmatización, criminalización y deshumanización a través de insultos, discursos de odio y todo tipo de “narrativas fake”.
Finalmente, Bukele y todos sus cómplices celebran el Día Mundial de la Libertad de Prensa perpetuando los históricos problemas estructurales de la comunicación relacionados con la concentración de medios en pocos grupos empresariales, la marginación de los medios comunitarios y el hostigamiento político, el boicot financiero y otras represalias contra medios independientes como Diario Co Latino y el Canal TVX, que finalmente cerró operaciones la semana pasada.
Por éstas y otras razones El Salvador se fue al sótano de los indicadores internacionales de libertad de expresión e información. Según el último informe de la reconocida organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), nuestro país ha caído 61 puntos en el índice global durante los últimos cinco años, pasando de la posición 74 a la 135. Dicho informe señala que, desde la llegada de Bukele al poder, “el ejercicio periodístico está marcado por el acoso a los medios críticos y la criminalización de los periodistas que cubren temas de seguridad pública”.
Tal situación exige a la ciudadanía salvadoreña, especialmente a la sociedad civil organizada y a los movimientos sociales, a cerrar filas en la defensa del periodismo. Los periodistas y medios críticos son la última trinchera democrática ante el avance autoritario y la consolidación dictatorial que marca el difícil momento histórico del país.
*Periodista y activista social.
