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Por Leonel Herrera*
Varios medios informaron ayer que el Centro Judicial “Isidro Menéndez” prohibió la entrada de periodistas a cubrir audiencias en los tribunales. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) calificó el hecho como una clara violación a la libertad de prensa y al derecho ciudadano de acceder a información de interés público.
Dicha restricción al ejercicio periodístico sucede un día antes de realizar la audiencia inicial contra el abogado constitucionalista Enrique Anaya Barraza, crítico del actual gobierno que ha sido acusado de “lavado de dinero”.
La medida también coincide con la decisión de decretar injustificadamente reserva de información del proceso penal contra Anaya Barraza, la también abogada Ruth López y otros casos que son considerados como criminalización y persecución política, como el de Atilio Montalvo, Pepe Melara y otros nueve dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
Las reservas de información en procesos judiciales deben tener justificación válida, como cuidar la integridad de las víctimas y no revelar la identidad de testigos protegidos que corren algún riesgo. Pero, en estos casos de persecución política, ¿cuál es la razón de la Fiscalía y los tribunales del régimen para ocultar detalles de la acusación y demás información del caso?
Como he planteado en otros textos, decretar reserva es habitual cuando son casos montados, las acusaciones carecen de elementos probatorios reales y lo que hay detrás es, efectivamente, persecución política por defender derechos, denunciar injusticias o exigir democracia.
Por ejemplo, en el proceso contra los ambientalistas de Santa Marta, el tiempo y los hechos demostraron que la reserva era para esconder que la principal “prueba” era el relato contradictorio de un sospechoso testigo protegido y para ocultar que no había “cuerpo del delito” ni ningún otro elemento de prueba que compensara tal ausencia.
En el caso de los líderes de la Alianza, hay indicios de que la acusación contra Montalvo, Melara y demás veteranos y ex combatientes procesados es un montaje con pruebas falsas que la Policía exhibió en redes sociales antes que en los tribunales.
Entonces, en el caso de Ruth López y Enrique Anaya, ¿qué esconden el Fiscal y los jueces sumisos de la dictadura? Si las acusaciones fiscales fueran reales, por qué necesitarían decretar reserva? ¿Si las actuaciones judiciales fueran apegadas a derecho, por qué tendrían que impedir el acceso de la prensa a las audiencias que, por principio de transparencia, deben ser públicas?
La realidad indica que fiscales y jueces temen que el periodismo los exponga y los evidencie en sus fechorías. Asimismo confirma que el régimen dictatorial quiere evitar que se desenmascare totalmente su instrumentalización de la Fiscalía y del Sistema Judicial para perseguir políticamente a críticos, defensores de derechos humanos y otros que considera “opositores”.
Lo mismo sucede con los fondos públicos. Si el manejo de estos recursos es correcto, ¿por qué ocultan la información y se niegan a rendir cuentas? ¿Por qué decretan reservas ilegales de información y bloquean el acceso a la prensa?. Si nada deben, ¿a qué le temen?
De nuevo, la realidad muestra que la corrupción del actual gobierno podría alcanzar niveles escandalosos. La extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) investigaba 12 casos de corrupción en el uso de fondos durante la emergencia por el COVID-19 y asesoraba a la Fiscalía (del ex fiscal Raúl Melara) en otros 25 casos. Es decir, sólo durante la pandemia se habrían cometido, al menos, 37 casos de corrupción.
A esto se suman señales de posible enriquecimiento ilícito de funcionarios gubernamentales revelados por el periodismo de investigación, incluido el propio Nayib Bukele y su familia, quienes han adquirido propiedades por unos 10 millones de dólares, edificios en el remodelado centro histórico de San Salvador y un terreno en la playa por un millón de dólares.
Recientemente, el medio estadounidense ProPública reveló que el gobierno salvadoreño habría utilizado dinero donado por USAID para financiar acciones del pacto con las pandillas. Como en otros casos, los señalados también guardan silencio. ¿Por qué?
Entonces, ¿qué esconden los funcionarios que ocultan información pública y no rinden cuentas; y qué ocultan los fiscales y jueces que declaran reservas e impiden el acceso de la prensa a las audiencias judiciales? Seguramente esconden corrupción, abusos de poder, violaciones de derechos, acusaciones falsas, transgresiones al debido proceso y persecución política.
*Periodista y activista social.
