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Redacción Nacionales
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La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, manifestó que la Ley de Agentes Extranjeros que el Gobierno pretende aprobar para captar el 30% de los fondos que reciben las oenegés en El Salvador “no es compatible con una sociedad democrática”.
Es de recordar que hace una semana, el presidente de la República, Nayib Bukele anunció que enviaría a la Asamblea Legislativa la Ley de Agentes Extranjeros con la que se impondría ese porcentaje de impuesto a los ingresos por donaciones, estos fondos servirían, para legalizar el problema de vivienda que actualmente tiene la Comunidad El Bosque en Santa Tecla, donde de hecho, fueron reprimidos por la policía la noche del pasado 12 de mayo tras exigir el no desalojo de sus viviendas.
“En este caso en específico (Comunidad El Bosque), y ya que las ONGs aseguran que están trabajando para ayudarles, vamos a poner un impuesto a las ONGs, y con lo que recaudemos, solucionaremos de una vez por todas la situación de esta comunidad, y así las ONGs podrán cumplir con su misión de apoyar a la gente”, dijo Bukele sobre la problemática de la Comunidad.
“El Salvador vuelve a discutir un proyecto de ley que ya en 2021 fue motivo de seria preocupación internacional. Me preocupa profundamente su contenido”, comentó Gina Romero a través de su cuenta en X.
El 9 de noviembre de 2021, el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el que fue discutido el 16 de noviembre de ese año por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, la cual dictaminó favorable; sin embargo, no fue puesta en agenda en las plenarias y no se volvió a tocar este tema hasta las declaraciones de Bukele a raíz de los sucesos del 12 de mayo.
“Esta ley pretende etiquetar como “agentes extranjeros” a organizaciones y personas que reciban fondos internacionales. Impondría registros obligatorios, restricciones arbitrarias y sanciones desproporcionadas, incluyendo multas, cárcel y cierre”, dijo Romero.
Aunque se dice que “se busca transparencia”, el proyecto establece “definiciones vagas y da al gobierno amplia discrecionalidad para decidir quién se considera -agente extranjero-“.
Romero indicó que la ley prohíbe usar fondos internacionales para actividades “no autorizadas” o que “alteren el orden público”; “términos ambiguos que podrían criminalizar la disidencia pacífica”.
Actualmente, el gobierno de Nayib Bukele busca imponer un impuesto del 30% sobre fondos internacionales, “lo que pone en riesgo la sostenibilidad de organizaciones que promueven derechos humanos, justicia, salud o cultura”, señaló la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Estas medidas “ya ha sido condenado por mi predecesor y otros relatores de la ONU: la cooperación internacional no es injerencia, es un derecho protegido por el derecho internacional. Etiquetar como ´agentes extranjeros´ a quienes reciben fondos legítimos estigmatiza, silencia y debilita al tejido cívico del país. No es compatible con una sociedad democrática”, señaló Romero.
En ese contexto, explicó que el derecho a la libertad de asociación incluye el derecho a acceder a recursos nacionales e internacionales. Y esto aplica también a organizaciones no registradas.
Por ello, reiteró que el Estado salvadoreño tiene derecho a legislar, “pero debe hacerlo respetando sus obligaciones internacionales. Esta ley, tal como está, viola estándares internacionales”, refiriéndose a la que se conoce, a la propuesta de 2021, no se sabe si Bukele enviaría la misma u otra propuesta al congreso.
La representante de la ONU exhortó a la Asamblea Legislativa a abrir un debate público plural y transparente, e incorporar los principios internacionales de derechos humanos antes de avanzar. “Desde mi mandato, estoy a disposición para acompañar técnicamente cualquier proceso que garantice un marco normativo que respete las libertades fundamentales en El Salvador”, finalizó.
