Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
ADES Santa Marta
Saúl Méndez
Colaborador
La Asociación de Desarrollo Económico Social “Santa Marta” (ADES) expresó su preocupación por el creciente clima de persecución contra defensores de derechos humanos, el cual se agrava con la Ley de Agentes Extranjeros. Esta normativa impone controles y sanciones que, a juicio de la organización, buscan eliminar a aquellas entidades que reciben fondos de cooperación internacional y que, según la interpretación de las autoridades, realizan “activismo político” o responden a “intereses extranjeros”.
En un comunicado de prensa, ADES manifestó su “total rechazo” a la Ley de Agentes Extranjeros, al considerar que va más allá de la imposición de un impuesto. La organización denunció que la normativa busca ejercer un control político sobre las organizaciones y limitar sus actividades en los territorios.
«Hacemos un total rechazo, porque más allá del impuesto, que es una extorsión a la cooperación, es un mecanismo para controlar a las organizaciones y sus actividades», declaró la comunidad.
Alfredo Leiva, vocero de ADES, advirtió que los principales perjudicados serán las comunidades donde se ejecutan proyectos sociales vinculados a la agricultura sostenible y el acceso al agua, áreas que, según señaló, el Estado ha sido incapaz de atender.
«A través de estos fondos que canalizan las organizaciones, se van resolviendo problemas reales de las comunidades. En una situación donde la cooperación se retire los principales afectados van a ser las comunidades», subrayó.
Ley de Agentes Extranjeros también afecta al gobierno
Alfredo Leiva, vocero de la comunidad Santa Marta, señaló que la cooperación internacional no se limita únicamente a las organizaciones sociales, sino que también incluye acuerdos bilaterales entre Estados.
«Organismos como la Unión Europea también canalizan recursos hacia instituciones del Estado. Es como pegarse un tiro en el pie», manifestó Leiva.
Diversas organizaciones advirtieron que las remesas también podrían verse amenazadas por la aplicación de esta ley. “Los recursos que ingresan al país por exportaciones son escasos, y ahora también las remesas están en riesgo con esta normativa. Solo quedarían los préstamos y la cooperación”, alertaron.
“Si la cooperación internacional se retira, el ingreso de divisas al país disminuirá, y con ello la economía que ya está bastante deteriorada se verá aún más afectada”, advirtió ADES.
ADES buscará la exoneración del 30%
El presidente Nayib Bukele, durante su discurso del 1 de junio, afirmó que las organizaciones que ejecutan proyectos ambientales y de acceso al agua serían exoneradas del pago del 30 % establecido en la Ley de Agentes Extranjeros. No obstante, organizaciones sociales advirtieron que dicha exoneración solo aplicaría a aquellas entidades que no resulten “incómodas” para el gobierno.
“Aquellas organizaciones que mantienen una postura firme y crítica, y que incomodan al gobierno, probablemente serán afectadas sin importar la labor que desempeñen. Este no es solo un impuesto, es un mecanismo para controlar a las organizaciones que le generan ‘alergia’ al gobierno”, declaró Alfredo Leiva, vocero de ADES Santa Marta.
“El gobierno tiene sus propios planes, como la posible reactivación de la minería. Las organizaciones que promueven la resistencia ante este tipo de proyectos ya están en la mira y serán directamente afectadas”, agregó.
ADES Santa Marta afirmó que, tras tres semanas de análisis de la normativa y sus implicaciones, han decidido buscar su inscripción y solicitar la exoneración contemplada por la ley.
«No vamos a caer en ilegalidades porque la ley de agentes extranjeros ya es un instrumento legal del país. Sin embargo, eso no nos garantiza a ninguna de las organizaciones que se pueda, por un lado, inscribirse y exonerarse; y por el otro lado, poder seguir funcionando», explicó Leiva.
«Lo que buscan es apartar a estas organizaciones incómodas. Probablemente ese mecanismo pueda ser aplicado a las organizaciones y no van a poder seguir funcionando, más allá de que paguen el 30%», concluyó ADES.
