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La organización de este foro se desarrolla en un hotel capitalino, los representantes nacionales y comunidad internacional participan desde su experiencia en el tema. Foto: Diario Co Latino / Cortesía

Leonor Arteaga de DPLF:

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Organizaciones de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional realizaron el foro regional denominado “Experiencias de trabajo en prevención de la tortura en México, Honduras, Nicaragua y El Salvador”, con el objetivo de intercambiar experiencias. En este espacio la representante de DPLF, aseguró que El Salvador cesó la tortura estatal tras los Acuerdos de Paz, pero en los últimos dos años este fenómeno ha vuelto.

Carlos San Martin, director general del Servicio Social Pasionista, sostuvo que en el contexto del Régimen de Excepción, “es oportuno reflexionar sobre las situaciones de tortura, malos tratos, humillantes e inhumanos que estamos viendo constantemente”, ya que con el Estado de Excepción se han capturado a más de 57 mil personas, entre ellas a miles de personas inocentes que nada tienen que ver con pandillas y que se ha conocido a través de sus familiares maltratos dentro de los centros penales.

Para San Martín, la excepcionalidad de la medida ha pasado a ser normalizada, “lo cual, desde un enfoque de derechos es un problema profundo y grave”. A la fecha, las organizaciones cuentan con 90 personas fallecidas dentro de los centros penales.

Leonor Arteaga Rubio, de la Fundación para el Debido Proceso, planteó que El Salvador es un país torturado desde la guerra civil. La población vivió crímenes de lesa humanidad. Con los Acuerdos de Paz esto se detuvo y se buscó la reparación, “lastimosamente en los últimos dos años, hemos visto que la tortura y tratos crueles y humillante han regresado a nuestro país”.

La abogada consideró que el sistema de justicia está siendo cómplice en estos actos de tortura, cubriendo los hechos cometidos por agentes de seguridad del Estado, donde haciendo uso excesivo de la Fuerza se violentan derechos de las personas privadas de libertad.

Borja García Hidalgo, representante de la Unión Europea en El Salvador, mencionó que existen desigualdades que afectan de manera diferenciada a la población en el país; en ese sentido llamó al diálogo franco, honesto y constructivo con instituciones del Estado y sociedad civil para la construcción de proyectos que logren desarrollar políticas integrales y duraderas para El Salvador y que logren superar esas desigualdades.

El representante de la UE comentó que es necesario que El Salvador ratifique instrumentos internacionales como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ya que la adopción de este, desarrolla un mecanismo con visitas periódicas a lugares de detención por parte de las entidades internacionales y nacionales independientes que pueden generar recomendaciones útiles para las instituciones de El Salvador, ante el incremento sustancial del número de privados de libertad.

Las organizaciones expusieron la necesidad de ratificar el protocolo, ya que sería una forma de proteger los derechos humanos de la población.

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