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Redacción Nacionales
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La Asamblea Legislativa aprobó esta semana una serie de reformas constitucionales, de cara a las elecciones del próximo año. La primera, para permitir una representación de la diáspora en la Asamblea Legislativa y, la segunda, para “despartidizar” al Tribunal Supremo Electoral.
Los documentos de reforma constitucional fueron dados a conocer cuando ya habían sido aprobados y había finalizado la sesión plenaria. Ambos documentos fueron aprobados con dispensa de trámite y sin discusión técnica.
El decreto que contiene el acuerdo de reforma constitucional al artículo 79 muestra 23 páginas y expone las razones jurídicas y políticas para reformar la Constitución y crear una circunscripción electoral específica para los salvadoreños en el exterior. Señala que la igualdad del voto exige que todos los sufragios tengan el mismo valor y que la representación sea proporcional, reflejando el “pluralismo político”.
Las circunscripciones electorales deben revisarse periódicamente por los cambios demográficos, señala el decreto. A esto se suma el aumento de la diáspora salvadoreña; por ello, es necesario una revisión si la actual asignación de votos cumple con igualdad y proporcionalidad, argumenta.
Es por ello que, para garantizar dichos principios, se considera que los votos emitidos en el exterior se asignen a una circunscripción creada específicamente para tal efecto.
“Resulta razonable crear una circunscripción electoral especial para los votos que se emitan en el exterior por los salvadoreños y las salvadoreñas, que ejerzan su derecho al sufragio en las elecciones de diputados y diputadas, a efecto de que los mismos sean asignados a su propia circunscripción, tomando como referencia el registro electoral, sobre la base de los Documentos Únicos de Identidad con domicilio en el extranjero”, dice el decreto. Sin embargo, no se especificó cuántos diputados se tendrán como representantes del exterior.
Sobre el tema, el diputado Francisco Lira de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) dijo estar a favor del voto exterior y que la diáspora pueda participar y optar por cargos públicos, pero esto “debe de hacerse respetando los procesos constitucionales”.
Lira hace referencia a que las reformas constitucionales deben “aprobarse en una legislatura y ser ratificada en la siguiente”, tal como estaba establecido antes de la reforma al Art. 248, que Nuevas Ideas modificó para que una sola legislatura apruebe y ratifique reformas constitucionales.
A juicio de Lira, la reforma al artículo 79 de la Constitución de la República “significa que ahora la diáspora va a contar directamente con sus propios representante”. Pero considera que el objetivo de Nuevas Ideas es “manipular el sistema electoral con el único objetivo de seguir concentrando el poder”.
“Esto se da justo por el rechazo creciente que tiene la población salvadoreña por los diputados de Nuevas Ideas. Esto demuestra desesperación y patadas de ahogados que están dando para las próximas elecciones”, comentó Francisco Lira.
Mientras que el decreto que contiene el acuerdo de reforma constitucional al artículo 208, contiene 15 páginas y trata sobre la “despartidización” del Tribunal Supremo Electoral.
El oficialismo señaló que los magistrados del TSE “no deben representar ningún tipo de cuota partidaria, sino ser escogidos sobre la base de aspectos como la meritocracia, para que sea el pleno legislativo el que decida, junto con las dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia”.
Es de recordar que, hoy por hoy, los magistrados del TSE son electos por la Asamblea de las ternas que envían los tres partidos políticos que obtuvieron mayoría de votos en la última elección presidencial. El presidente del organismo colegiado es de la terna que envió el partido político que obtuvo mayoría de votos.
“Es acertado que el magistrado presidente del organismo colegiado en mención, también sea elegido en votación nominal y pública siguiendo los mismos criterios de elección que el resto de magistrados; es decir, sin ningún tipo de cuota partidaria”, señala el decreto.
Con ello, apunta el decreto, “cualquier ciudadano que demuestre tener aptitudes suficientes para el ejercicio del cargo -establecidas de manera objetiva a través de una preparación académica adecuada y capacidad profesional-, aunado a un ferviente deseo de servicio a la población, así como un alto grado de compromiso con la institucionalidad de la entidad a la que pretende formar parte, podrá presentar su candidatura a la Asamblea Legislativa para que sea la comisión respectiva la que decida cuáles son los candidatos idóneos para formar las ternas que serán propuestas al Parlamento…”.
Los postulantes a magistrados del TSE deben cumplir los mismos requisitos como para optar a ser magistrado de la CSJ: ser salvadoreño por nacimiento, del estado seglar, mayor de cuarenta años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias; haber desempeñado una Magistratura de Segunda Instancia durante seis años o una Judicatura de Primera Instancia durante nueve años, o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos diez años antes de su elección; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo”.
Ambas reformas serán estudiadas por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para ser ratificadas.
