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La Coordinadora Nacional para la Defensa de Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA) realizó esta tarde su presentación oficial ante la opinión pública. Son más de 50 organizaciones que conforman esta Coordinadora que dicen estar en contra del deterioro del sistema de salud por parte del actual gobierno.
Organizaciones sindicales del sector salud, junto con redes ciudadanas, universitarias y comunitarias, ante la grave situación que atraviesa el sistema público de salud y la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, declararon públicamente su preocupación, indignación y decisión de resistencia organizada frente al proceso «de desmantelamiento institucional del sistema nacional integrado de salud que se ejecuta en El Salvador».
La coordinadora señaló que dentro de los más de 17,800 empleados públicos que han sido cesados desde inicio del año, muchos fueron sin seguir el debido proceso ni justificación técnica. «Los despidos injustificados y la contratación temporal son instrumentos de sometimiento que buscan debilitar la organización sindical, eliminar la crítica y silenciar las denuncias sobre corrupción y deficiencias institucionales», comentó Aguirre en la conferencia de prensa vertida la tarde de este lunes en las instalaciones del Colegio Médico.
También, las organizaciones firmantes consideraron que la nueva Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales «representa un golpe estructural al carácter universal y de financiamiento público del sistema de salud salvadoreño y constituye una amenaza directa a la soberanía sanitaria nacional».
Los riesgos identificados en esta ley son múltiples y profundos, señaló el Dr. Aguirre. Entre ellos enlistó: la privatización funcional del sistema, al permitir la transferencia de hospitales públicos a una entidad autónoma con capacidad de concesionar servicios y contratar de manera directa sin licitación.
La concentración de poder político, al otorgar al presidente de la República la designación total de las autoridades de la Red, con voto doble en la Junta Directiva. El Debilitamiento de la transparencia pública, al excluir a la Red de los mecanismos de la ley de compras públicas y eliminar la supervisión de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. La contratación de personal extranjero sin homologación, que discrimina desde los estudiantes de las profesiones en salud (doctores, enfermería, farmacia entre otros), profesionales nacionales vulnerando la igualdad laboral. Así como la ausencia de participación ciudadana y social en el diseño, implementación y supervisión del nuevo modelo sanitario.
En ese sentido, las organizaciones solicitaron la derogatoria de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, por ser contraria a los artículos 65, 86 y 234 de la Constitución, convenios 98, 102 y 151 de la OIT y art. 26 convención americana de derechos humanos y art. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la organización de las Naciones Unidas.
Pidieron también, el cese de los despidos arbitrarios y la reinstalación del personal cesado en el sector salud. Propusieron la restitución del diálogo social y gremial, con participación de sindicatos, universidades, asociaciones profesionales y comunidades usuarias para la construcción del plan nacional multisectorial de salud.
La Coordinadora tiene como objetivo, según se enfatizó en promover y defender el derecho a la salud en El Salvador.
