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Eduardo García
Diario Co Latino
La Sala de lo Constitucional frenó la emisión de bonos del Estado por 900 millones de dólares, case al admitir una demanda que cuestiona cómo se obtuvieron los votos necesarios para su autorización.
Gerardo Henríquez, abogado de la Superintendencia de Competencia, espera que a lo largo del procedimiento legal pueda determinarse si efectivamente los procedimientos que siguió la Asamblea Legislativa no fueron los correctos o si estos se ajustan a la Constitución.
Los demandantes, entre quienes están Enrique Borgo Bustamante, ex vicepresidente de la República, y René Hernández Valiente, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, están solicitando a los magistrados que anulen el dictamen mediante el cual la Asamblea Legislativa autorizó al Ministerio de Hacienda negociar con el Banco Central de Reserva la colocación de bonos en el mercado nacional e internacional.
Henríquez señala que “han existido resoluciones de la Sala de lo Constitucional que en alguna medida han afectado intereses políticos de un lado o de otro, entiéndase de derecha o de izquierda…”. Agrega, “yo creería que los magistrado se van más a lo técnico y no al resultado, o a quienes va a afectar esa acción…”
El abogado de la Superintendencia comenta no estar de acuerdo con algunos de los criterios, o con todas las resoluciones o sus sentencias, sin embargo, recalca que “al final de cuentas la Sala es el ente supremo dentro del Órgano Judicial, y tanto un órgano como el otro deben ser respetuosos de sí mismos, y obviamente emitir sus decisiones dentro del ámbito que les compite”.
Los magistrados de la Sala han colocado en agenda la legalidad de las acciones de los diputados de la Asamblea Legislativa, al hacer uso de llamamientos a diputados suplentes para la aprobación de leyes. Además, en otra acción reciente también prohibieron la publicación de la lista de contribuyentes que le deben dinero al fisco.
