Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Por Erick Zelaya*
Hay fechas que no admiten celebraciones vacías. El 31 de octubre es una de ellas. Ese día, en 1989, una bomba colocada en las instalaciones de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS) asesinó a nueve compañeros y compañeras, entre ellos la dirigente sindical Febe Elizabeth Velásquez. Aquella masacre pretendía destruir una de las expresiones más importantes del sindicalismo independiente y sembrar el terror entre quienes se atrevían a desafiar al poder.
Treinta y siete años después, la historia nos encuentra frente a una realidad dolorosa. Nuevamente hay dirigentes sindicales encarcelados, trabajadores despedidos, organizaciones desarticuladas, compañeros fallecidos bajo custodia estatal y sindicalistas obligados a abandonar su país. Cambiaron los gobiernos y las circunstancias políticas, pero la confrontación entre quienes defienden sus derechos y quienes buscan someterlos continúa abierta.
El régimen de excepción, instaurado en marzo de 2022, ha contribuido a crear un clima de temor que también alcanza a la organización sindical. La suspensión de garantías, las detenciones denunciadas como arbitrarias y la criminalización de la protesta han debilitado las posibilidades de resistencia de los trabajadores. A ello se suman miles de despidos en el sector público, incluidos centenares de dirigentes sindicales, y el descabezamiento de decenas de sindicatos.
No hablamos de estadísticas anónimas. Hablamos de Óscar René Martínez Iglesias, Misael Itamir Gómez y César Edgardo Hernández, cuyos casos han sido denunciados ante distintas instancias como expresiones de persecución y criminalización de la actividad sindical. Hablamos también de Sabino Antonio Ramos Cruz y Dolores Almendares, quienes recuperaron su libertad, pero continúan enfrentando las consecuencias de los procesos y la persecución denunciada. Y hablamos de José Leónidas Bonilla Torres y José Hever Hernández Chacón, fallecidos bajo custodia del Estado. Sus nombres representan una deuda de verdad y justicia que no puede quedar sepultada por el silencio institucional.
Detrás de cada dirigente encarcelado hay una familia. Detrás de cada trabajador despedido hay un hogar golpeado por la incertidumbre. Y detrás de cada sindicato desarticulado hay cientos de trabajadores que pierden una herramienta fundamental para defender sus derechos. Pero sería un error pensar que la desarticulación del sindicalismo independiente se explica únicamente por la represión.
Existe también una política de cooptación que encuentra en el sindicalismo amarillo uno de sus instrumentos más útiles. Organizaciones que han sustituido la independencia frente al poder por el respaldo incondicional al gobierno. Dirigentes que cambiaron las asambleas por las fotografías con funcionarios, las reivindicaciones por los aplausos y la defensa colectiva por los privilegios personales.
Ese sindicalismo no representa los intereses históricos de la clase trabajadora. Su función termina siendo la de legitimar decisiones gubernamentales y contribuir al control de los trabajadores. En este escenario resulta particularmente contradictorio el papel del ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien reivindica su pasado sindical mientras las organizaciones independientes enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos. No basta haber sido sindicalista para representar a los trabajadores. La verdadera prueba está en la defensa concreta de sus libertades y conquistas. Un ministro que, en lugar de garantizar la libertad sindical, contribuye a contener las reivindicaciones obreras, termina desempeñando el papel de gendarme de la clase trabajadora.
La discusión sobre posibles modificaciones a la jornada laboral constituye otra señal de alarma. La histórica conquista de las ocho horas diarias de trabajo no fue un regalo de los empresarios ni una concesión generosa de los gobiernos. Fue resultado de décadas de organización, huelgas, sacrificios y luchas internacionales. Hoy, cuando el desarrollo tecnológico y el incremento de la productividad deberían permitir reducir el tiempo de trabajo, se pretende abrir espacio a fórmulas de flexibilización que podrían representar retrocesos en las condiciones laborales.
La discusión debería orientarse en sentido contrario: avanzar progresivamente hacia jornadas de 36 y posteriormente 30 horas semanales, sin reducción salarial. Trabajar menos para vivir mejor. Recuperar tiempo para la familia, el descanso, la educación y la vida social. Porque la riqueza producida por los trabajadores debe servir también para mejorar sus condiciones de existencia.
Sin embargo, la reconstrucción del movimiento sindical independiente exige algo más que denunciar al gobierno y a los patronos. También necesitamos una reflexión crítica sobre nuestras propias responsabilidades. Durante años, la dispersión organizativa, el sectarismo, la burocratización, las disputas entre dirigencias y la pérdida del vínculo con las bases contribuyeron a debilitar al sindicalismo. En demasiadas ocasiones, las diferencias políticas se convirtieron en divisiones irreconciliables y los intereses de pequeños grupos terminaron imponiéndose sobre las necesidades del conjunto de los trabajadores.
Reconocer estas debilidades no significa justificar la represión. Significa comprender que no podremos enfrentar los desafíos actuales reconstruyendo las mismas estructuras con los mismos métodos. Necesitamos un sindicalismo nuevo. Democrático, clasista, combativo e independiente del gobierno, de los patronos y de los partidos políticos. Organizaciones donde los trabajadores decidan, las dirigencias rindan cuentas y las diferentes corrientes políticas puedan debatir abiertamente sin convertir los sindicatos en correas de transmisión de sus respectivos partidos. La unidad de acción no exige que todos pensemos igual. Exige comprender que tenemos intereses comunes que defender y adversarios poderosos que enfrentar.
La reconstrucción deberá comenzar desde los centros de trabajo, recuperando las asambleas, formando nuevas generaciones de dirigentes, fortaleciendo la solidaridad entre trabajadores públicos y privados, del campo y la ciudad, y reconstruyendo la confianza en la organización colectiva.
No será una tarea sencilla. El miedo existe y sería irresponsable ignorarlo. Pero también existe una historia de resistencia que demuestra que el movimiento obrero salvadoreño ha sabido levantarse después de derrotas que parecían definitivas.
Desde el exilio también tenemos responsabilidades. Quienes hemos tenido que abandonar nuestra tierra no hemos dejado de pertenecer a la clase trabajadora salvadoreña. La distancia no borra nuestras convicciones ni nos obliga al silencio. Debemos continuar denunciando las violaciones a la libertad sindical, acompañando a nuestros compañeros y construyendo la solidaridad internacional necesaria para que sus luchas no permanezcan aisladas.
Las organizaciones sindicales del mundo, la Organización Internacional del Trabajo y los organismos defensores de derechos humanos tienen ante sí la responsabilidad de escuchar estas denuncias y exigir garantías para el ejercicio de la libertad sindical en El Salvador.
Este 31 de octubre debe servir para levantar nuevamente las exigencias de libertad para los sindicalistas detenidos arbitrariamente, respeto al debido proceso, verdad y justicia para quienes fallecieron bajo custodia estatal, reinstalo de los trabajadores despedidos por su actividad sindical y defensa irrestricta de la jornada de ocho horas.
Pero, sobre todo, debe convertirse en una convocatoria a la unidad de acción y a la reconstrucción del sindicalismo de clase.
Porque no basta con recordar a Febe Elizabeth Velásquez y a los mártires de FENASTRAS. Honrar su memoria significa continuar la lucha por la que entregaron sus vidas. Tampoco basta con denunciar a nuestros compañeros encarcelados o recordar a quienes murieron. Debemos recuperar la capacidad colectiva de organización que permita defender a los trabajadores y conquistar nuevos derechos.
La historia del sindicalismo salvadoreño está marcada por masacres, cárceles, persecuciones, despidos y exilios. Pero también por la dignidad de generaciones enteras que se negaron a aceptar la explotación como destino inevitable.
Podrán encarcelar dirigentes, despedir trabajadores, desarticular sindicatos y obligarnos al exilio. Lo que no podrán eliminar son las contradicciones sociales que dieron origen al movimiento obrero ni la necesidad de los trabajadores de organizarse para defender su dignidad.
El sindicalismo salvadoreño ha sufrido derrotas dolorosas. Negarlo sería cerrar los ojos ante la realidad. Pero confundir una derrota con el final de la historia sería renunciar a nuestra propia experiencia de lucha. La esperanza no está en esperar concesiones del poder. Está en la capacidad de la clase trabajadora de recuperar su organización, superar sus divisiones y volver a ponerse en pie.
A treinta y siete años de la masacre de FENASTRAS, esa es nuestra mayor responsabilidad con los mártires del pasado y con las generaciones de trabajadores del futuro. Porque la memoria no puede quedarse en el homenaje. Debe convertirse en organización, unidad y lucha.
Desde el exilio, 31 de octubre de 2026.
*Luchador social, Sindicalista en El Exilio y Columnista
