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Redacción Nacionales
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El antropólogo y analista político Marvin Aguilar sostiene que la alta popularidad de Nayib Bukele se fundamenta en el tema de la seguridad, “que el gobierno que presume y ha hecho bien”, y en la reserva de la información se ha convertido en un componente clave de la actual administración.
Durante su reciente participación en Encuentro con Julio Villagrán, Aguilar planteó que, si bien la estrategia de seguridad ha sido ampliamente respaldada por la población, existe una preocupación creciente sobre la opacidad en temas sensibles como contrataciones estatales, investigaciones judiciales y condiciones en centros penitenciarios.
Uno de los puntos más cuestionados es el mecanismo de contratación directa que ha cobrado relevancia bajo el régimen de excepción. Según Aguilar y otros críticos, este esquema ha permitido omitir procesos de licitación pública, lo que abre la puerta a posibles conflictos de interés. “No es negativo que empresarios hagan negocios con el Estado; el problema es la falta de transparencia en esos procesos”, señaló durante la entrevista.
En ese contexto, también recordó las reformas aprobadas en la Asamblea Legislativa que permiten que diputados puedan participar en la creación de empresas que eventualmente contraten con el Estado, lo cual genera dudas sobre la separación entre intereses públicos y privados.
Medios como El Faro, Factum, y otros, han publicado reportajes que examinan la relación entre el poder político y sectores empresariales, así como el acceso limitado a información oficial. Estas publicaciones, según analistas, han provocado reacciones públicas de figuras cercanas al gobierno.
Por ejemplo, Karin Bukele ha salido a explicar en redes sociales que su familia no ha sido una familia pobre. “Es interesante cuando ya Karim, esta semana estuvo explicando el origen de su “fortuna”.
“Hay algo interesante que analizar en esos posts de karin, primero, nunca hemos dicho que sea pobre, pero tampoco que es millonario”, dijo Aguilar. La UCA acaba de presentar un libro donde están los patrimonios históricos salvadoreños de lo que hemos hablado, de las 160 fortunas, los multimillonarios, en los que no aparece ninguna familia de origen árabe, como los bukeles”.
Alrededor de esas 160 fortunas, hay unas cien mil personas, que son la clase alta de este país, en esta podrían encajar los Bukele, y un millón más que son parte de la clase media, el resto de los salvadoreños pertenece a la clase en pobreza.
Declaraciones de Ulloa
Uno de los temas más sensibles sigue siendo el de las muertes bajo custodia estatal en el marco del régimen de excepción. Organizaciones de derechos humanos han documentado unos 480 fallecimientos en centros penales, aunque las cifras oficiales y las causas de muerte no han sido plenamente transparentadas.
Las declaraciones del vicepresidente Félix Ulloa, quien calificó estos señalamientos como “leyenda”, fueron rechazadas por Aguilar. Esa postura evade la necesidad de brindar explicaciones claras y verificables.
“Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no abrir los archivos?”, cuestionó el analista, tras solicitar al vicepresidente Ulloa en que haga públicas las autopsias de los 480 muertos, así como los informes de Medicina Legal y registros penitenciarios. A su juicio, la transparencia no solo fortalecería la credibilidad institucional, sino que también permitiría desmentir o confirmar las denuncias.
Aguilar recordó que lo mismo decía de hechos históricos como la masacre de El Mozote, un hecho que durante años fue negado oficialmente hasta que investigaciones forenses y judiciales confirmaron su veracidad. Para algunos sectores, este precedente demuestra que la verdad puede tardar, pero eventualmente sale a la luz.
Aguilar dijo que en algún momento funcionarios de este gobierno tendrá que dar explicaciones a la Corte Penal Internacional, sobre esas muertes, sobre las violaciones a derechos humanos.
Instituciones clave encargadas de garantizar la transparencia han reducido su visibilidad pública, lo que, según críticos, contribuye a la percepción de opacidad.
En este contexto, el debate no parece centrarse únicamente en si el gobierno ha tenido éxito en materia de seguridad, sino en cómo equilibra ese logro con el respeto a principios democráticos fundamentales como la rendición de cuentas.
La discusión continúa abierta. Para algunos, la reserva de información es una herramienta necesaria en contextos de seguridad compleja; para otros, es un mecanismo que, sin controles adecuados, puede derivar en abusos de poder. El desafío, coinciden diversos sectores, será encontrar un punto de equilibrio que permita garantizar tanto la seguridad como la transparencia en la gestión pública.
