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Licenciada Norma Guevara de Ramirios.
Las crisis se superponen unas sobre otras en el país. Crisis de las finanzas públicas, crisis de la economía, crisis ambiental especialmente del agua; pero en el trasfondo de todas ellas, la crisis política.
Esta crisis política se expresa en falta de democracia y centralización del poder gubernamental en el presidente de la República y su grupo.
Ya pasó más de la mitad del mandato presidencial, y pronto se cumplirá un año de la legislatura dominada por el partido del presidente, con un trío de aliados y, en esa asamblea que fue capaz de destituir ilegalmente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que quitó al Fiscal, cambió a toda la CSJ, al CNJ y mandó a sustituir a un tercio de todos los jueces; pero, a pesar de todas es ventajas, no ha sido capaz de decidir cómo serán las elecciones de 2024.
No sabe, no puede, no le han dicho cómo hacer, mientras, muchos, siguen ignorando que el régimen actual es ya una dictadura y que para una dictadura las formas complejas de la democracia son innecesarias.
Una dictadura sí tiene que producir un maquillaje que la “justifique”, lo hará como han hecho tantas cosas, porque sí; es decir, que lo que conocimos después de los acuerdos de paz, como reglas democráticas, ahora se acaba.
El 14 de septiembre anunciaron, con explosión de luces en el palacio legislativo, que daban un paso trascendental, que permitirían que los salvadoreños en el exterior votaran y se postularan para todos los cargos, menos el de presidente de la República.
Que los salvadoreños en el exterior votarían identificándose con DUI, Pasaporte del país, pasaporte de otro país, si sus padres fueran salvadoreños, que no importaría si esos documentos estaban vigentes o no y podrían votar incluso identificándose con una partida de nacimiento.
Dijeron en su decreto que la forma de votar la define el TSE, pero dan por hecho que será por internet, por teléfono, dicen.
Al cuestionamiento de que el decreto deroga las formas anteriores para votar desde el exterior, y carece de forma nueva, respondieron que le preguntarían a la gente cómo quiere votar y los diputados de la comisión de reformas electorales han de estar consultándole a los salvadoreños residentes en cualquier lugar del mundo como quieren votar.
Seis meses después, se sigue sin saber nada nuevo.
Más aún, se ignora qué milagros hará el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para elaborar el registro de electores, cómo averiguará sobre los hijos de salvadoreños con pasaportes de diversos países, cuántos son, cómo se llaman, si tienen fotografía para hacer el padrón.
Qué hará el TSE para identificar a todos los salvadoreños que viven fuera del país y que carecen de DUI, de pasaporte, pero tienen alguna partida de nacimiento.
Si uno solo de los 14 artículos de esa ley, el referido a con qué documento se identificarán los salvadoreños para votar desde el exterior, genera tanta oscuridad por lo fantasioso de su pretensión, es difícil pensar que se pueda verificar la calidad democrática de una elección con definiciones que más bien parecen una changoneta.
Lo que resulta claro es que ni piensan de verdad en los derechos de la gente, ni en el exterior ni dentro de las fronteras del país, lo que deben tener en mente es cuánto necesitan inventar para un fraude que les permita perpetuarse en la presidencia, con mayoría en la asamblea legislativa y en los gobiernos municipales, pues para todos estos cargos el voto desde el exterior se ha reconocido.
Cambias un elemento, cambias el resultado.
Algunos agrupamientos creen que las elecciones serán el momento de traducir el fracaso del gobierno actual en cambio; eso sería posible en un proceso realmente democrático, que requiere reglas democráticas, transparentes, equitativas y justas; en eso no está pensando el grupo de diputados de la referida comisión legislativa, ni nadie en el gobierno dictatorial que tenemos.
Si de verdad algún partido, grupo de partidos, movimientos ciudadanos, están pensando en serio en disputar cargos de elección popular, tienen que fijar su mirada en las reglas del proceso, no solo en las decenas de partidos, algunos formados solo para ponerle color a la ensalada de la dictadura.
Deben hacer un análisis serio de las perspectivas del fraude, que engañaría a nuestros hermanos en el exterior, tanto a quienes interesa el ejercicio de sus derechos políticos, como de la mayoría indiferente.
Entendamos pues, que ese decreto del 14 de septiembre, es el más oscuro procedimiento para una elección y lo más seguro para ignorar la voluntad popular y suplantarla con fraude.
