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A luz de las opiniones de entendidos en la materia, es decir, los abogados, lo que ha hecho el gobierno al meter preso al empresario de buses Catalino Miranda, y a su vez decomisar sus unidades del transporte de las rutas 42 y 152, no es más que un acto de “confiscación”, de forma ilegal, lo que amerita analizarlo en este editorial.
Pero, también, se trata de un escarmiento que el gobierno está ejecutando, para enviar un mensaje al sector privado de lo que es capaz este gobierno si no se alinean, o mejor dicho, si salen de la línea, que es igual a lo que es capaz de tolerar el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Por supuesto que es necesario también referirse a los abusos que los empresarios del transporte comenten contra los usuarios al imponer tarifas fuera de la ley y, además, del mal servicio.
Hasta hoy, los empresarios del transporte se han salido con la suya. Por ejemplo, abusan de los usuarios al incrementar las tarifas, a pesar de que la ley lo prohíbe. Contratan a motoristas sin las licencias para conducir, y sin la educación mínima necesaria para tratar debidamente a los usuarios del transporte colectivo.
Son raras las líneas de autobuses o buseros que hacen una labor encomiable en el transporte público por el trato a los usuarios, manejar de forma adecuada, respetando las paradas, la velocidad y las paradas adecuadas.
Es decir, en el tema del transporte colectivo hay que hacer algo de inmediato, pero lo legal. Hasta hoy hemos visto no solo amenazas de parte de las autoridades o acciones que rayan en la legalidad.
Hay datos que no cuajan en la narrativa sobre la captura del empresario Catalino Miranda. En un primer momento se dijo que había sido capturado por incrementar el pasaje y por ende violentando la ley. De acuerdo con expertos, esta falta de tránsito requiere multa, no cárcel. Ante esta situación, las autoridades fiscales y policiales dijeron que “por resistirse al arresto”, lo cual se confirma que fue capturado por el tema del incremento al pasaje.
Y dado que eran insostenibles las causas anteriores, la Fiscalía presentó el caso ante un juzgado de paz por “alteración del orden público”, y por supuesto, el juzgado aceptó y ordenó la etapa de instrucción con detención.
Aquí hay que ver otro tema, y es que si el juez resolvió basado en las pruebas que presentó la fiscalía, o temeroso que al dejar en libertad al empresario corriera el riesgo de otros jueces, es decir, que lo quitaran o lo trasladaran lejos de San Salvador.
Sobre el tema, el reconocido abogado, Saúl Baños, dice: “En el caso de la detención del Sr. Catalino Miranda, parece que se está cometiendo un exceso y una ilegalidad puesto que, en todo caso haya incumplido el cobro de la tarifa que debe cobrar por el servicio al transporte público que presta con sus unidades, lo que debe aplicarse es una sanción administrativa y no la ley penal ya que su conducta no está tipificada, hasta ahora, en el Código Penal; y por cuanto, se estaría violentando el principio de legalidad”.
Y agrega: “Es necesario recordar que en un Estado de Derecho el principio de legalidad es aquel en virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que todos sus actos deben ser conforme a la ley, bajo la pena de invalidez. Dicho de otra forma, es inválido todo acto de los poderes públicos que no sea conforme a la ley”.
Luego, el abogado hace referencia al acto de apropiarse de las unidades del transporte, que son bienes privados. “Apropiarse de esos bienes de la manera en que se ha hecho también puede ser otro exceso e incluso otra ilegalidad, ya que podría estarse frente a una expropiación o una confiscación, ambas son formas de privar a una persona de la propiedad de uno o de algunos de sus bienes.
Ambas son forzosas, pero la expropiación es la que se hace conforme a los procedimientos establecidos en la ley y por razones de utilidad pública o interés social y da derecho a reclamar indemnización, y en el caso en comento no concurren esos elementos; en cambio, la confiscación, es la incautación o decomiso de un bien el cual pasa al erario sin compensación alguna; está prohibida por la Constitución y quien la realice, deberá responder ante el daño ocasionado”. Seguramente estamos ante un caso de confiscación, de forma ilegal, por supuesto, pero también ante un caso de escarmiento, es decir, el Gobierno está demostrando una vez más que tiene el poder total y hará lo que quiera, sea de forma legal o ilegal, y quienes se salgan de la línea le pasará lo que ha le ha ocurrido a Catalino Mirando, por supuesto, que esto no lo hará contra los oligarcas, eso también que quede claro.
