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Redacción Nacionales
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El procurador para la defensa de los derechos humanos, José Apolonio Tobar, fue entrevistado por el medio estatal, Canal 10, en ese espacio enfatizó que su gestión busca un trabajo articulado con otras instancias de Gobierno y no ser “confrontativo”. Además, sostuvo que no puede hacer aseveraciones sin estar seguro de que se ha cometido vulneraciones a los derechos humanos en el contexto del Régimen de Excepción.
“Históricamente la Procuraduría ha sido utilizada o instrumentalizada por algunos sectores (…) la institución no debe prestarse a agendas políticas, partidarias de organizaciones ni de ningún sector. La Procuraduría debe prestarse a cumplir lo que la Constitución le manda en función de toda la población y para que se haga efectiva el ordenamiento que plantea la Constitución. Es indispensable que haya una coordinación, un trabajo interinstitucional”, comentó Tobar.
Dijo que la Procuraduría se convierte en la última instancia de la población cuando no encuentra respuestas. “Si la población encontrara respuestas a sus problemáticas en las diferentes instancias yo estoy convencido que no tuviéramos usuarios y no fuese necesaria la institución. Si la población fuese tratada con respeto y dignidad en cada una de las esferas de la vida no existiría la PDDH, pero como eso no ocurre, está la Procuraduría”.
Según dijo Apolonio Tobar, la PDDH está para resolver las denuncias que presenta la población. “Lo que buscamos es convertirnos en el vaso comunicante entre la población que se ve necesitada de la satisfacción de un derecho con la instancia gubernamental que está obligada por Constitución a satisfacer ese derecho”.
Tobar ejemplificó con una comunidad que afirma tener 10 días sin agua potable, “¿Qué hace la Procuraduría?, hace un comunicado y exhorta al presidente de ANDA para que satisfaga la necesidad, puede ser que ese comunicado lo que se entienda de la autónoma es que la PDDH molesta. En cambio, si logramos una comunicación en la que le digo, ‘mire presidente tengo esta comunidad que no tiene agua, ¿cómo le podemos ayudar?’. (Entonces) articulamos esfuerzos, recursos e ideas para que la comunidad tenga agua, ¿A quien le beneficia esa articulación?, ¿a Apolonio o a la PDDH? No, a la comunidad”. Es decir, Apolonio Tobar aseguró que no es de los funcionarios “confrontativos” con el sistema, sino más bien buscar un diálogo con los diferentes actores del Estado para beneficio de la población.
En otro punto, han identificado que la PDDH “tiene una burocracia interna” que imposibilita dar una respuesta oportuna. “La crearon así en 1992. Yo he diseñado con mi equipo una reforma al ordenamiento interno de la PDDH reestructurándola para que la respuesta a la población sea más oportuna. El personal debe tener claro que su objetivo es la población, pero a veces encontramos empleados que (dicen) `faltan 10 para las 4, tengo que retirarme, venga mañana etc.’, y no, tenemos que estar más consciente con el servicio a la población”.
El funcionario aseguró que algunas personas desconocen el funcionamiento interno de la PDDH “y por eso se atreven a hacer aseveraciones diciendo que no se da respuesta. Apolonio no puede resolver más de 3 mil denuncias que se han recibido en 4 meses (de Régimen de Excepción), es el personal quien debe resolverlas. Tenemos que fomentar en el personal esa vocación de servicio”.
A Tobar se le ha cuestionado públicamente sobre la falta de intervención adecuada durante este Régimen de Excepción, ya que incluso se han reportado muertos dentro de los centros penales. Ante estas críticas, el funcionario enfatizó que “algunas personas y medios de comunicación quisieran que el procurador hiciera aseveraciones de cosas que no ha visto, que solo las ha leído en alguna noticia. Por supuesto, nosotros hemos abierto expedientes de investigación por todos los hechos noticiosos sobre fallecimientos de personas privadas de libertad en este contexto en el que nos encontramos. Lo estamos investigando y pronto vamos a dar la respuesta”, comentó el funcionario sin mencionar fechas o períodos.
Según organizaciones de la Sociedad civil han registrado cerca de 65 muertes en los penales.
Según detalló Tobar, solo en el primer mes de Régimen de Excepción en San Salvador se encuentran un aproximado de 170 denuncias donde solo en 5 se ha detectado que existe responsabilidad. “Esto confirma que la investigación es necesaria, que no podemos ser aventureros en hacer una afirmación si no contamos con la información”.
