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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
Colaboradora
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) denunciaron diversos despidos injustificados en alcaldías municipales. Además, exigieron el cumplimiento de sentencias que ordenan la reinstalación de trabajadores despedidos de manera injustificada del sector público.
La MPJL destacó el caso de Sonia Esperanza Hernández, una directiva sindical despedida de la Alcaldía Municipal de Ciudad Delgado. A pesar de contar con una sentencia favorable emitida por el Juzgado Laboral en 2022 que ordenaba su reinstalo, hasta la fecha no se ha hecho efectiva. La MPJL condenó este acto como una falta de ejecución de resoluciones judiciales y denunció el incumplimiento del Art. 47 de la Constitución, que declara que “los miembros de las directivas sindicales hasta después de transcurrido un año de haber cesado en sus funciones, no podrán ser despedidos, suspendidos disciplinariamente, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, sino por justa causa calificada previamente por la autoridad competente”.
“Solicitamos a la Fiscalía que deje esa opacidad, porque en el proceso nos prescribió nuestro proceso laboral; ya basta de tanta burocracia para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos”, lamentó Sonia Hernández.
En otro caso similar, 15 trabajadoras fueron despedidas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) el 19 de octubre de 2020, fueron convocados por el jefe de Recursos Humanos, a las oficinas del Puerto de Acajutla, sin procedimientos previos, derecho de audiencia o defensa.
Ante estas violaciones, la MPJL emitió una serie de demandas, solicitando a los juzgados de lo laboral cumplir su obligación constitucional, al ministro de Trabajo intervenir y resolver la falta de reinstalación pese a órdenes judiciales, y a las entidades involucradas abstenerse de realizar despidos injustificados. Asimismo, la MPJL exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una verdadera dirección funcional de investigación y ejercer la acción penal contra los responsables por el delito de desobediencia.
En el mismo contexto, Ovidio Hernández, miembro de la MPJL, aseguró que en otros municipios como Soyapango, aproximadamente 50 trabajadores fueron despedidos arbitrariamente del sector público en la Alcaldía Municipal de Soyapango. Aunque los casos ya se presentaron ante la FGR y cuentan con resoluciones favorables, hasta el momento no han recibido ningún tipo de acción para cumplir dichas resoluciones.
La MPJL señaló la vulneración de la estabilidad laboral y que esta es respaldada por la legislación nacional e internacional, que incluye los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical, libre sindicación y contratación colectiva. Además, afirmaron que la responsabilidad de las instituciones judiciales y de la FGR es garantizar el acceso a la justicia y la investigación de los ilícitos relacionados con el incumplimiento de las órdenes judiciales.
Pérez Hernández, miembro de FESPAD, declaró que “la Constitución está y debe estar protegiendo los derechos. Todas y todos sabemos que hemos iniciado el año con más de 22 mil despidos desde el 2019, personas que esperan ser reinstaladas, tener indemnizaciones y obtener salarios caídos; esas situaciones han sido vulneradas”.
Por otro lado, la MPJL considera que la FGR tiene el mandato del monopolio de la acción penal regulada en el Art. 193 núm. 4, el cual se traduce en asistir y representar a las víctimas en materia penal; tiene la responsabilidad de investigar los ilícitos que se pudieron cometer tras el incumplimiento de la orden judicial y no dejar prescribir la acción.
Finalmente, la MPJL hizo un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a OIT para que se mantengan vigilantes de la situación de los derechos laborales en El Salvador. Asimismo, demandan al Estado el respeto a los derechos humanos, así como el cese a las violaciones y abusos de poder contra la clase trabajadora.
