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La Ley del Agua y la participación ciudadana

José Acosta

El acceso al agua potable es, o debería ser, un derecho humano básico. Sin agua, la vida deja de existir. Esa dependencia requiere que la población participe en las decisiones de cómo se gestiona el agua.

Esto es especialmente cierto en nuestro mundo capitalista en el que los intereses privados están maniobrando para convertir el agua en una mercancía que se puede comprar y vender en el libre mercado. A medida que los países utilizan y contaminan sus recursos hídricos y destruyen los sistemas ecológicos que reponen las capas freáticas, el suministro de agua potable disminuye, al mismo tiempo que aumenta la demanda.

Esto hace que el agua sea un negocio muy rentable.

La gestión del agua y las políticas en todo el mundo ya han creado situaciones en las que millones de personas no tienen el agua que necesitan para llevar una vida sana y productiva, porque no poseen el dinero para pagarla. Los gobiernos tienen un papel importante que desempeñar para reconocer que el acceso al agua es un derecho humano básico y luego garantizar que las personas puedan disfrutar de ese derecho. Pero con demasiada frecuencia los intereses privados influyen en los gobiernos y hacen que el agua sea tratada como una mercancía.

Aquí es donde la participación ciudadana es clave. La gente debe tomar acción y tener una voz asegurándose que su gobierno está promulgando políticas que protegen el acceso al agua potable, garantizando que aquellos que son incapaces de pagar todavía tienen el agua que necesitan para vivir con dignidad. La gente también debe tener un rol activo en asegurar que el agua se gestione de una manera sustentable y que el Estado tome las acciones necesarias para mantener las aguas superficiales y subterráneas limpias y abundantes.

Por más de tres décadas, bajo la doctrina neoliberal, El Salvador ha privilegiado políticas que permiten a los intereses privados, con fines de lucro, abusar del agua del país; no obstante, el pueblo organizado de múltiples maneras ha llevado a cabo un proceso de incidencia política en defensa del derecho al agua. Luchando por más de 15 años por la aprobación de una Ley General de Aguas y por una reforma a la Constitución en la que se reconozca que el agua es un derecho humano.

Muchos otros han participado formando juntas de agua comunitarias que administran y distribuyen los recursos hídricos. Otros han ido incluso más lejos al proteger los bosques locales y prevenir la contaminación de las fuentes superficiales. Estos distintos niveles de participación han sido y continuarán siendo fundamentales para la defensa del agua.

Por tanto, no hay nada más alejado de la realidad que pensar que la propuesta de ley enviada recientemente a la Asamblea Legislativa es una iniciativa propia del actual Gobierno; por el contrario, en su mayor parte el contenido es una copia de la última versión que se discutió en la legislatura anterior, la cual a su vez retomaba propuestas de diferentes actores de la sociedad civil.

En todo caso, lo imparte en esta nueva coyuntura, es que la Asamblea Legislativa, al menos en este tema, actué con independencia del presidente de la república y permita el debate franco y abierto para finalmente promulgar una ley que garantice el derecho humano al agua y que la población participe en las decisiones de cómo se gestionan y asignan los recursos hídricos del país.

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