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José M. Tojeira
El acceso a la información pública ha sido uno de los grandes avances de la sociedad salvadoreña. Costó trabajo conseguirla, pero una alianza de distintos sectores de la sociedad civil consiguieron al fin el establecimiento de una buena ley de acceso a la información y un buen sistema de selección de los comisionados responsables del funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública. La selección de jóvenes profesionales operativos ayudó también al desarrollo adecuado del instituto. La población y la sociedad civil aprendió rápidamente a hacer uso del Instituto y a la hora de hacer una evaluación en estos siete años de existencia no hay temor a la hora de decir que ha jugado un papel importante en el desarrollo de la conciencia ciudadana de los propios derechos, así como en la lucha contra la corrupción.
Quedan sin embargo sectores exentos o reacios a la información pública. Por un lado los militares, especialmente cuando se les pregunta sobre temas de crímenes del pasado, muestran una ignorancia reñida con la veracidad. Una institución como la castrense, donde casi todo se documenta, carece ahora de papeles que puedan reescribir la historia de decisiones que necesariamente tenían que haber quedado documentadas. Se puede decir que no quedan documentadas órdenes de masacres. Pero lo que no se puede negar, es que hubo órdenes, discusiones y decisiones, por ejemplo, de despoblar amplias zonas fronterizas de El Salvador. Los abusos que se dieron en los operativos de desalojo de las personas, muchas veces con unas técnicas evidentes de tierra arrasada se deducen del testimonio de los sobrevivientes. Se puede tratar de ocultar los abusos, y en general todos los ejércitos que cometieron crímenes de lesa humanidad han tratado de hacerlo. Pero es increíble que nos digan que no se conserva nada por escrito, informes u órdenes, de los operativos que tenían como objetivo el desalojo de la población. Estos informes, unidos a la voz de las víctimas, serían hoy evidencias claras contra los perpetradores de crímenes de guerra.
También en lo que respecta a la hacienda pública hay oscuridad. Y no tanto a la utilización de fondos del Gobierno, que cada vez se van clarificando más. Es en el tema impositivo y de recaudación de impuestos donde el secretismo sigue imperando. Los ciudadanos tenemos derecho a saber quién paga impuestos y quién no paga, cuánto pagan los poderosos y cuánto descuentan y de qué manera de los impuestos. El secretismo que rodea los datos de los grandes capitales de El Salvador se amparan con frecuencia en temas de seguridad o en el derecho a la protección de datos personales. Pero el pago de impuestos ni es una cuestión que aumente la peligrosidad de la vida de las personas ni es un dato personal. Es en realidad una responsabilidad pública, no privada, y en cuanto tal debe estar sujeta a supervisión de la ciudadanía. El simple hecho de que el impuesto de la renta personal aporte al fisco bastante más que el impuesto de empresa, muestra una contradicción evidente, que el ciudadano tiene derecho a esclarecer o que se la esclarezcan.
Aun con los grandes avances tenidos en el campo del acceso a la información, es imprescindible para nuestro desarrollo democrático continuar en búsqueda permanente de un acceso mayor a los datos que nos interesan a todos los ciudadanos, provengan estos de esferas oficiales y públicas, o también de sectores privados cuando se trata de sus responsabilidades públicas. Si los bancos están obligados a informar de una serie de datos que se podrían decir privados, con mucha más razón unos capitales que funcionan con tanta facilidad utilizando empresas y depósitos en paraísos fiscales deberían ser sometidos al escrutinio público.
El Ejército, la PNC y las instituciones que gozan de poder y especialmente que tienen la capacidad de utilizar la fuerza por delegación gubernamental, deben en ese campo ser profundamente trasparentes para poder decir que vivimos en un país democrático. Los avances han sido grandes, pero tenemos que seguir avanzando.
