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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“La crisis hídrica actual no es un problema de coyuntura, sino estructural, gestado a lo largo de cinco décadas, en las cuales la inversión financiera solo se ha enfocado en infraestructura y equipo, dejando por fuera la dimensión del medio ambiente, colocando a la población del Área Metropolitana de San Salvador como todo el territorio nacional en una situación de insustentabilidad del recurso hídrico”, declaró el director de la Fundación Prisma, Nelson Cuéllar, en entrevista exclusiva a Diario Co Latino.
-¿Qué ha pasado con la gestión del agua?
La gestión del agua en el Gran San Salvador o Área Metropolitana de San Salvador no es un problema nuevo, simple o sencillo; de hecho, desde que nació como entidad pública, la ANDA nació enfrentada al problema de escasez de agua, cuando se conformó en 1962, y justo en 1969 tenía unos estudios financiados por el PNUD -en aquella época- que alertaban sobre los problemas del agua en San Salvador, la explotación del acuífero de San Salvador y la necesidad de buscar fuentes de agua por la creciente demanda que se iba presentando, estamos hablando de hace cincuenta años. Efectivamente, durante la década de los años setenta se decidió explotar fuentes de agua de la cuenca del río Sucio, porque la cuenca del Acelhuate, que es precisamente donde está asentado el acuífero de San Salvador, era insuficiente, se estaba sobreexplotando e iba a ser deficiente ante la demanda de la población, actividades económicas, industria y otros.
-¿Cómo se resolvió?
En plena guerra, durante la década de los ochenta se abrió un nuevo proyecto conocido como Zona Norte, que tiene varias fuentes de agua, la cuales se bombean a San Salvador a una distancia aproximada de veinte kilómetros, agua que viene de San Juan Opico, Quezaltepeque y Nejapa para abastecer la demanda de San Salvador. Estudios advertían que esto iba a ser insuficiente también y eso llevó que, a finales de esa década, se comenzara a construir lo que conocemos como Planta Potabilizadora Las Pavas, que a principios del año 1993 inició su operación parcialmente, fue hasta el final de esa década que comenzó a funcionar a su plena capacidad; pero, aún así, San Salvador no resolvía su problema del agua en términos de cantidad para contar con agua todos los días y calidad; o sea, un buen servicio. Y esa situación, en la actualidad se ha mantenido y problematizado cada día más, lo que vivimos ahora son crisis de abastecimiento que tienen un origen histórico y que no es tan sencillo de superar para una producción de agua limitada.
-¿Cuántas fuentes abastecen el Área Metropolitana de San Salvador?
San Salvador actualmente se abastece de cuatro fuentes o cuatro sistemas de agua: los sistemas tradicionales que son los que aprovechan el acuífero de San Salvador; más de noventa pozos y fuentes de agua que abastecen zonas de la ciudad, que por ser los más viejos tiene problemas de obsolencia y tuberías viejas, que genera problemas. Para la zona más cercana del lago de Ilopango, Soyapango, se abastece del proyecto Guluchapa, cuenca del lago de Ilopango. El tercer sistema es el proyecto Zona Norte, que traen aguas de Quezaltepeque, Nejapa y Opico. Mientras, el cuarto sistema es la Planta Potabilizadora Las Pavas, en el río Lempa, a 42 kilómetros de distancia de San Salvador; o sea, depende más del agua que viene de fuera de la ciudad.
Foto Diario Co Latino/PRISMA.
-¿Por qué estas innumerables fuentes?
Porque el Gran San Salvador no ha encontrado una solución integral o algo que garantice que podrá obtener agua a largo plazo y que sea suficiente, tanto en cantidad como en calidad. Como el problema que estamos viviendo ahora, que es un problema de cinco décadas, y tiende a ser más complejo por el impacto del cambio climático, por la severa degradación ambiental y por la creciente demanda de agua. El Área Metropolitana de San Salvador es la zona del país en donde está concentrada la mayor parte de la población, una tercera parte de la población total; es una demanda de agua enorme, no solo en términos de consumo doméstico, aquí está concentrada la mayor parte de la industria, del comercio, bienes y servicios. Entonces es un territorio que se sigue expandiendo y está concentrado el auge urbano. Esta es una tendencia que tiene medio siglo, no es nueva, pero que no se ha resuelto y, si no se enfrenta de manera integral, puede empeorar muchísimo más.
-¿Qué pasó? ¿por qué no se atendió apropiadamente?
Es un buen punto. En la década de los noventa, el país lamentablemente, digamos, abolió su capacidad de planificación del desarrollo con el Ministerio de Planificación, los intentos que se hicieron en la década anterior de avanzar retomando un plan de desarrollo se acaba de abolir también. Y es que hay una dimensión institucional en el problema de la gestión del agua, que tiene que ver mucho con la falta de una apuesta a largo plazo que refleje consensos sociales, políticos y económicos, y que El Salvador no ha tenido. En el caso del agua, lo podemos ver claramente, se lleva casi tres décadas discutiendo una Ley de Agua y no se ponen de acuerdo porque hay visiones e intereses diversos, es obvio que en esa dimensión institucional es fundamental no solo en términos de capacidad de planificación, sino también en términos de capacidad de articulación institucional entre diversas entidades del aparato público de Gobierno para avanzar.
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Sin embargo, se debe tomar en cuenta que, aunque hubo intentos de invertir en el área de agua y saneamiento, los enfoques de gestión que se promovieron han sido fuente de conflicto cuando aparecen elementos más del signo privatizador, como se dio al principio de la década del 2000, se contaba con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros cooperantes, que conocían de la reforma al Sector Hídrico (2000-2001), la necesidad de un ente rector, regulador, modernización y fortalecimiento de la institucionalidad de la ANDA y de otros prestadores de servicio de agua potable y saneamiento, como Juntas Rurales de Agua y gobiernos locales.
-¿Qué ocurrió con ese proyecto de reforma?
En ese contexto, lo que se buscó por el Gobierno que estaba en ese momento fue la promoción de una ley general de aguas que buscaba privatizar el derecho del uso del agua, no la infraestructura, no las tuberías, pero sí el agua como recurso, un servicio que es vital para la gente. El movimiento social, comunidades y la sociedad civil organizada desarrollaron esfuerzos de incidencia que terminó con el intento del Gobierno de no presentar esa propuesta a la Asamblea Legislativa. Esto continuó y se presentó un anteproyecto de ley construido desde la sociedad civil organizada, que después se complementó con una propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2012), pero esto se entrampó con la presentación de otras propuestas de parte del sector privado. Obviamente, hay una dimensión institucional que el país no ha logrado superar, ni resolver, porque el agua requiere de consensos mucho más profundos de lo que se plantea en el debate de los principales actores políticos y los espacios de participación de los diversos sectores que no necesariamente se están dando, cuando estamos frente a una problemática que puede derivar en conflictos sociales y ambientales mucho más severos en poco tiempo. Se requiere la capacidad de construir consensos sanos, espacios de participación y escuchar a los diversos sectores, de modo que cualquier propuesta de Ley General de Agua que se promueva cuente con los respaldos apropiados y actualmente este no es el caso.
-¿Qué sucede al no contar una normativa para el agua?
Se da un vacío institucional de los sectores que no están siendo regulados y hacen uso del agua, incluso ANDA, no hay una entidad que la regule o supervise en su trabajo de calidad y cantidad de agua que sirve a la población, son cosas a resolver. Y lo mismo sucede con el agua de riego, la industria y el turismo, hay sectores que hacen un uso abusivo del agua, desde las comunidades rurales hay denuncias que el sector de cultivos agroindustriales utiliza más cantidad del agua que les concede un permiso de las autoridades, dejando a las comunidades sin agua o se dan procesos productivos que contaminan las aguas y no hay mecanismos institucionales o legales que regulen, supervisen o sancionen este tipo situaciones. Y, junto a esto, hay una serie de instituciones que tienen mandatos sobre diversos aspectos del agua, algunos contradictorios, otros se traslapan con vacíos donde nadie hace nada.
-¿Cómo fortalecer una ANDA, que no cuenta con mayor autoridad?
Hay varias aristas por donde se puede avanzar, la solución no es rápida; además, hay un problema institucional que demanda no solo una Ley General del Agua, sino un consenso entre los diversos sectores y actores que permita avanzar en la promoción de inversiones, infraestructura, equipos… Y quiero mencionar otro problema de ANDA, que en su información oficial da cuenta que en casi veinticinco años tiene un problema que llama “Pérdidas y Fugas”, ya sea por cañerías obsoletas, por ser región bastante sísmica y por conexiones ilegales de agua. Este indicador de pérdidas y fugas está creciendo en el área de San Salvador, más de la mitad se pierde por fugas, por conexiones ilegales, por robo de agua; entonces no es de extrañar que cada vez tengamos menos agua y sin aumentar la producción de agua de las fuentes, esto lo complica. En sus estadísticas, ANDA reporta que para 2015 las pérdidas y fugas eran del 49 %; para el 2017 era de 54 %, casi un 55 %, esto se debe atender pronto para saber qué está pasando. Como lo ocurrido con la proliferación de algas en la Planta Las Pavas, requiere inversión para que trabaje mejor en la potabilización, se deben sustituir equipos que se dañan por la degradación del área de influencia, lodos, piedras y material que no debería llegar a la planta pero llega, y esto tiene que ver con el manejo ambiental que haga en toda esa zona, son variables y problemáticas ambientales que aún no se atienden.
-¿Cuál es el desafío para la gestión del agua en el país?
El desafío institucional no solo lo resolverá la Ley General de Aguas, tiene que existir una articulación interinstitucional como el MARN; el MAG, por la agricultura y ganadería; la restauración ambiental a nivel territorial y eso no se articula con ANDA, es una parte muy importante porque el hecho de que se ha ido a traer agua a otros territorios, sin tomar en cuenta la dimensión ambiental de esos territorios, no puede seguir así, se debe buscar una perspectiva ambiental, territorial y la dimensión desde la gente, porque no se puede gestionar sin la población. Un prototipo está en la población de las zonas rurales que hacen esfuerzos por adaptarse al cambio climático y conservar sus fuentes locales de agua, pero qué están haciendo las comunidades en la zona de influencia de la planta de Las Pavas, en el territorio de la zona Norte o del Gran Salvador, que influyen sobre el acuífero; esto es parte de la gestión del agua. Y esta dimensión ambiental que ha estado ausente en todas estas décadas necesita de una visión integral para resolver la problemática del agua y no únicamente a partir de la inversión en infraestructura y equipos, se requiere también del complemento de la dimensión ambiental, que al final garantizará la sustentabilidad del recurso hídrico.
