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Redacción Nacionales
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El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, explicó el presupuesto de la institución que preside a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. El presupuesto del Ministerio público fiscal para el próximo año asciende a $91,664,660, un aumento de $3 millones con respecto al de 2025.
La cifra del presupuesto de la FGR representa un aumento de $3.09 millones respecto al presupuesto vigente de 2025, que fue de $88,568,541. El funcionario explicó que el objetivo de los recursos es fortalecer las capacidades internas y externas de la institución para cumplir su misión de manera “eficiente, efectiva y transparente”, para “asegurar” el acceso a la justicia y combatir el delito.
Del total del presupuesto requerido, $89,580,340 serán destinados a cubrir “gastos críticos e ineludibles” para el funcionamiento institucional y para asegurar la continuidad del Centro Nacional Anticorrupción.
Mientras que $2,084,320 se invertirán en el equipamiento del Complejo de la FGR, como parte del proyecto “Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República de El Salvador”.
Delgado afirmó que, durante el actual Gobierno, la Fiscalía General de la República ha registrado avances “significativos”, especialmente en la prontitud en la resolución de casos. En el año 2021, la institución enfrentaba una mora de 13 expedientes por cada 100 denuncias recibidas.
“Actualmente, tenemos un nivel de resolución de casos de homicidios del 100 %, del cual todos los homicidios que han sucedido tienen una persona capturada”, destacó el funcionario.
El fiscal sostuvo que esto se debe en gran medida a los presupuestos que el Ejecutivo ha establecido para la institución y que han sido aprobados por la Asamblea Legislativa.
“Los recursos destinados han convertido a nuestra institución en un referente a nivel regional y latinoamericano. La calidad de nuestras instalaciones, los recursos destinados y la atención a nuestros usuarios nos han posicionado en el primer lugar del ranking en Centroamérica y el Caribe. Además, estamos en condiciones de alcanzar niveles similares a los de otras fiscalías destacadas en toda Latinoamérica”, expresó Delgado.
También aclaró que del presupuesto asignado para 2025, actualmente se registra una ejecución del 86 %, con una disponibilidad del 14 %, la cual será destinada a la adquisición de un nuevo hardware para la institución, la mejora de los servicios existentes y la culminación de la construcción de los complejos de oficinas centrales.
Además, se apuesta a la autosuficiencia energética del complejo mediante la implementación de energía solar y el suministro de agua potable para todas sus instalaciones, con el objetivo de obtener certificaciones internacionales relacionadas con este tipo de construcción sostenible.
El funcionario señaló que los recursos para el próximo año, serán distribuidos en siete ejes clave, orientados a fortalecer el desempeño institucional: El primero de ellos es Capital humano, el cual consiste en mejorar las condiciones laborales del personal fiscal y administrativo, para garantizar un desempeño eficiente y eficaz. El segundo, la persecución del delito para fortalecer la investigación y la promoción de la acción penal en delitos que afectan a la sociedad.
El siguiente es la defensa del Estado que busca garantizar la defensa judicial de los intereses del Estado salvadoreño. El cuarto es el combate al crimen organizado que consiste en aumentar la operatividad del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones para enfrentar estructuras del crimen organizado. El quinto es la Lucha contra la corrupción que busca reforzar el combate a prácticas anti éticas e ilegales dentro de las instituciones del Estado. El sexto es el acceso a la justicia que busca garantizar atención digna y especializada para mujeres, niñez y adolescencia.
El séptimo tiene que ver con mejorar la infraestructura institucional para ofrecer atención de calidad a usuarios y víctimas, así como para alcanzar la excelencia operativa.
Gestión jurídica fiscal
Es de recordar que Delgado llegó a la FGR el primero de mayo de 2021, cuando Nuevas Ideas destituyó a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la república.
El fiscal general informó que, entre mayo de 2021 y septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha atendido un total de 466,159 casos en diversas áreas del ámbito jurídico, brindando atención a 469,792 víctimas.
Durante este período, la institución ha girado 45,750 órdenes de detención administrativa, en el marco de las investigaciones y acciones penales impulsadas.
En cuanto al desempeño judicial, detalló que se han procesado 284,011 casos, de los cuales resultaron 44,009 en condenas y 10,389 absoluciones.
Casos resueltos
El funcionario sostuvo que en 2021 la tasa de casos resueltos por cada 100 denuncias recibidas fue de 87; sin embargo, gracias a la implementación de “estrategias clave”, como el uso de tecnología de vanguardia y el fortalecimiento del capital humano, la institución ha logrado superar esa cifra de manera “significativa”
Para el año 2025, la FGR ha logrado tener una tasa de 116 casos resueltos por cada 100 denuncias ingresadas, reflejando un avance importante en la capacidad investigativa y judicial, así como una mayor satisfacción para las víctimas, informó Delgado. Sobre que la cifra de casos resueltos superan las denuncias ingresadas, puede deberse a que también se han resuelto la de años anteriores.
Régimen de excepción
El funcionario destacó que en materia de seguridad, la Fiscalía reporta la captura de 89,875 presuntos miembros de pandillas durante el Régimen de Excepción a escala nacional. Asimismo, informó que el equipo encargado de los casos del régimen está conformado por 291 profesionales, entre jefes de oficina, coordinadores, fiscales auxiliares y colaboradores jurídicos, distribuidos en todo el país.
Recuperación judicial y administrativa
La institución, mediante la Fiscalía Adjunta de la Defensa de los Intereses del Estado, ha recuperado aproximadamente $98.7 millones a través de acciones judiciales encaminadas a cobrar deudas pendientes a favor del Estado desde el inicio de la actual gestión.
