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Hugo Fajardo Cuellar*.
PREÁMBULO.
La Ley de Amnistía es un decreto de ley que, a propuesta del gobierno del ex presidente Alfredo Cristiani, fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 23 de marzo de 1993, posterior a la firma de los Acuerdos de Paz del 16 enero de 1992. Esta ley tuvo como objetivo primordial el establecer un perdón y olvido ante los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los miembros de las fuerzas armadas y la guerrilla del FMLN, en el marco de la guerra civil que vivió El Salvador durante la década de los años 80.
Después de 23 años de la promulgación de dicha ley y ante el recurso de inconstitucionalidad contra la misma presentado por tres distinguidos abogados de la República, el 20 de marzo del 2003, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resuelve en sentencia pronunciada el día 13 de julio de 2016 la inconstitucionalidad de dicha ley y por ende su inminente derogatoria, es decir el cese inmediato de los efectos generados por la misma.
Ante la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que genera la derogatoria de esa ley, el impacto social y político en el conjunto de la sociedad salvadoreña no se ha hecho esperar, impacto que es muy difícil y complejo de analizar en tanto que afecta los intereses de los diferentes sectores que implementaron la guerra, como también de las víctimas de la sociedad civil que sufrieron las consecuencias de la misma. En tal sentido y cuando estamos a un año de dicha derogatoria, se presentan de manera breve algunas reflexiones sobre los principales impactos sociales y políticos que la derogatoria de la Ley de Amnistía podría generar para la sociedad salvadoreña.
EL IMPACTO SOCIAL Y POLÍTICO.
Al derogarse la Ley de Amnistía, el efecto inmediato que la sentencia de la Sala de lo Constitucional genera para toda la sociedad salvadoreña es la suspensión del motivo fundamental que hasta un día antes de su derogatoria tenía dicha ley, es decir, se deja sin efecto la estrategia de perdón y olvido que le dio origen a la amnistía como instrumento de supuesta reconciliación de nuestra sociedad, después de salir de la guerra civil que vivió El Salvador durante los años 80 del siglo XX. El perdón y olvido sobre los diferentes crímenes cometidos durante la guerra tanto por la Fuerza Armada de El Salvador, como por el FMLN, fue en aquel momento el motivo fundamental de la Ley de Amnistía, es como decir en buen salvadoreño un borrón y cuenta nueva, sin importar el dolor y luto de muchas familias salvadoreñas que fueron víctimas de esos crímenes y que perdieron a sus seres queridos como consecuencia del conflicto armado.
Es obvio que este impacto causa reacciones encontradas en los diferentes sectores políticos sociales y económicos de nuestro país, unos (los militares, los ex gobernantes de aquella época y el gobierno actual) mostrando su inconformidad y atacando dicha derogatoria dada su condición de afectados por ser el sector que durante la guerra, algunos de sus miembros, cometieron los delitos de lesa humanidad contra las víctimas de la población civil y otros (los familiares de las víctimas e instituciones defensoras de los derechos humanos), celebrando y apoyando dicha derogatoria, como un instrumento jurídico que hace posible la realización de la justicia y resarción de daños a favor de los familiares de las víctimas de dichos delitos.
Este impacto trasciende las esferas institucionales de la opinión pública y penetra en las esferas de las estructuras del poder político, principalmente en los partidos políticos, la Fuerza Armada y el mismo gobierno de la República, ya que con la Ley de Amnistía no solo se violentaba la Constitución de la República de El salvador, sino también el artículo 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; de tal manera que surge un conflicto de intereses entre los sectores vinculados al ejercicio del poder del Estado y la sociedad civil en general, particularmente los sectores organizados en la lucha por la reconciliación social basada en la justicia y el perdón restaurativo a los familiares de las víctimas de violación a sus derechos humanos durante la guerra.
En las esferas del poder político el impacto es muy fuerte, en términos de la responsabilidad jurídico-política que la autoría de los crímenes de guerra y de lesa humanidad podría acarrear para sus autores tanto materiales como intelectuales, ya que ahí se ven supuestamente involucrados algunos personajes de la Fuerza Armada, del mismo gobierno de turno (FMLN) como del principal partido de oposición (ARENA); de tal manera que cualquiera de esos personajes podría convertirse en un sujeto de investigación como supuesto imputado en la comisión de dichos delitos, lo cual pondría a dura prueba la existencia o no de un Estado Constitucional de Derecho en el país, como pieza clave en el proceso de reconciliación y democratización real de nuestra sociedad.
Aunque después de un año en que se declaró la derogatoria, pareciera que todo marcha normal en la vida cotidiana de los salvadoreños, pero el impacto social y político que la misma está teniendo en materia de restaurar la justicia está latente, muestra de ello es que algunos casos ya se abrieron de manera oficial ante la Fiscalía General de la República (FGR), para retomar el proceso de investigación, cabe mencionar entre otros: El caso de la Masacre del Mozote, El Caso del asesinato de los padres Jesuitas de la UCA y el caso Monseñor Romero. La apertura de estos casos y otros futuros, causa inevitablemente un impacto no solo en las estructuras judiciales y políticas de nuestro país sino también en el conjunto de la sociedad salvadoreña que por largos año, más que pedir venganza, ha venido esperando que se haga justicia sobre estos delitos, como un elemento indispensable para avanzar en la reconciliación y la verdadera pacificación de la sociedad salvadoreña.
*Lic. en Sociología, Abogado y Notario, Máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz, Docente a tiempo completo de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente.
