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Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
El próximo 12 de octubre se cumplirán cien días desde que fue aprobada la Ley General de Recursos Hídricos, misma que aún es desconocida por la población, y no cumple con las demandas de la ciudadanía. En consecuencia, la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua demandó este viernes una reforma para que cumpla con las garantías que el pueblo requiere.
Organizaciones que conforman la Alianza Nacional expusieron su valoración a casi cien días de que entró en vigencia la Ley General, normativa que según los colectivos no contrarresta la crisis del agua y tampoco ha ejecutado avances establecidos en la ley.
Rodolfo Calles, miembro de la Alianza Nacional, comentó que la Ley carece de una campaña informativa para que la ciudadanía conozca de sus derechos, un hecho contrario que se ha visto en leyes aprobadas en los últimos días, por lo que consideró que está acción podría tener de trasfondo que “no quieren que la población se informe”. Calles instó al presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), Jorge Castaneda, a que traslade al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) una reforma para la ley a la Asamblea Legislativa, con el objetivo de que se excluya a las juntas comunitarias de agua en el pago de la tarifa del canon.
Según la organización, la conformación de los organismos zonales de cuenca para que operativicen la ley, demandado en el art. 28 de la misma, junto a la conformación del Comité de Gestión de Cursos de Agua internacional, para dar seguimiento a la amenaza de contaminación del río Guija y el Lempa y la actualización de la política hídrica del país, son parte de los elementos que la ley debería ejecutar; sin embargo, no se ha ejecutado.
Asimismo, la ley debería contar con una planificación hídrica, documento que se desconoce hasta la fecha y no es de dominio público, también con el montaje del Sistema de Información Hídrica, -herramienta necesaria para la toma de decisiones y gestión de actividades vinculadas al agua-, y diferentes aspectos que contiene la ley, tampoco tuvieron continuidad desde su aprobación.
“Hoy por hoy, solo tenemos una ley aprobada y un presidente de la ASA, hasta ahí, no se han hecho otras cosas para operativizar la ley. La crisis del agua se mantiene, el derecho humano al agua se continúa violentando”, dijo Luis González, miembro de la organización.
Para Gonzáles, la ley “promueve la injusticia”, ya que no responde a la magnitud de la crisis del agua, y tiene un enfoque donde las necesidades del pueblo salvadoreño no son la principal prioridad, porque no se incluyeron las valoraciones de las organizaciones civiles en la ley. La organización exigió a la ASA, a través del MARN, una reforma a la Ley General de Recursos Hídricos que retome las declaraciones del presidente Jorge Castaneda, en el sentido de que las juntas de agua no paguen el uso del canon, que el Estado cumpla con el derecho al saneamiento, la implementación de la política y Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, que se establezca el balance hídrico por regiones y cuencas y la participación ciudadana en la gestión de cuencas bajo un enfoque de género.
