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Por Damian Wroclakvsky
Brasilia/AFP
Grupos ambientalistas y la fiscalía de Brasil alertaron sobre el peligro que corren áreas y comunidades amazónicas por medidas adoptadas por el presidente Michel Temer a favor del agronegocio, uno de sus apoyos políticos en momentos en los que intenta sobrevivir a una denuncia por corrupción.
El mandatario conservador sancionó en los últimos días un programa para legalizar la propiedad de tierras invadidas en áreas protegidas y avaló el congelamiento de la cesión de títulos de propiedad para indígenas y descendientes de esclavos en el llamado pulmón del planeta.
Ambas iniciativas se suman a otra medida que se debate el Congreso para reducir el tamaño de santuarios naturales.
«Hay una ofensiva de la bancada ruralista que defiende el agronegocio en el Congreso, impulsa una gran cantidad de reducciones a la protección del medio ambiente y obstaculiza el reconocimiento de territorios para comunidades tradicionales. Tienen mucha influencia en el gobierno», dijo a la AFP Elis Araújo, investigadora de Imazon (Instituto del Hombre y el Medio Ambiente en la Amazonia), en una conversación telefónica desde Belén (nordeste).
La protección ambiental «es una moneda de cambio», agregó.
Los ambientalistas sostienen que legalizar la ocupación ilegal conlleva un grave riesgo de violencia.
Un trabajo de la ONG internacional Global Witness afirma que Brasil es el país donde más ecologistas fueron asesinados en 2016: 49 de un total de 200 asesinados en todo el mundo. La Comisión Pastoral de la Tierra, que defiende a trabajadores rurales, ya contabilizó 37 muertes en lo que va de 2017.
Talar la selva
El gobierno convirtió en ley una Medida Provisoria (MP) presentada como una normalización de la situación de agricultores pobres, principalmente en la Amazonía, pero los ambientalistas dicen que dicha norma esconde serios riesgos.
«Será conocida como la MP de la falsificación por permitir la legalización masiva de áreas públicas invadidas, abriendo camino a la deforestación y a los conflictos», señaló en una nota reciente el Instituto Socioambiental (IS).
Juliana de Paula, abogada de esa entidad, cree que las nuevas reglas desdibujan el esfuerzo que Brasil viene haciendo desde hace décadas.
«Es una desrregulación de todo el sistema de protección ambiental. Una norma que legaliza las invasiones genera que cada área legalizada deje de ser un área conservada y se convierta en pasible de deforestación», declaró.
«Por un lado, el país se compromete a controlar la tala de árboles y firma el acuerdo [sobre el clima] de Paris, y por otro toma una serie de medidas diametralmente opuestas», añadió.
Datos de Imazon en base al programa «Tierra Legal» indican que hay 6,9 millones de hectáreas federales amazónicas en proceso de regularización, equivalente a cinco veces la superficie de la ciudad de Sao Paulo.
Con la nueva ley, quienes invadieron tierras federales hasta 2011 podrán reclamarlas -antes el límite era 2004- y esperar que les otorguen la propiedad de hasta 2.500 hectáreas, desde las anteriores 1.500.
Y los beneficios de la legalización permite pagarlas a precios muy inferiores a su valor real. Según la consultora en temas ambientales Brenda Brito, la cotización oficial ronda entre el 2 y el 11% del valor de mercado, por lo que el Estado resignaría entre 19.000 y 21.000 millones de reales en ingresos públicos (entre 6.050 y 6.690 millones de dólares al cambio actual) si se concretan todas las operaciones.
La iniciativa se sumó al freno aplicado a la cesión de títulos de propiedad para indígenas, lo que valió una advertencia de la Fiscalía General a la decisión del gobierno, que podría llegar a la corte suprema.
La decisión «tiene solo un gran mérito: lleva las huellas dactilares del presidente de la República y, por lo tanto, lo hace responsable directo de la política indigenista de su administración. El Supremo Tribunal Federal tendrá en agosto una nueva oportunidad de debatir esos temas», señaló la Fiscalía en una nota el jueves pasado.
Para Araújo, Temer cedió a la presión de la bancada ruralista, la mayor del Congreso, porque necesita que vote contra la acusación de que cobró un soborno del frigorífico JBS, un caso que podría costarle el cargo y que está en manos de la Cámara de Diputados.
