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Redacción Nacionales
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El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador recibió el requerimiento fiscal contra el empresario de transporte colectivo, Catalino Ezequiel Miranda Arteaga, acusado de resistencia y desórdenes públicos en perjuicio de la administración y la paz pública.
La fiscalía solicitará al juez decretar la instrucción formal con detención provisional contra el empresario. La audiencia inicial está programada para el viernes 18 de marzo, a las 12:15 m., tomando en cuenta ambos delitos y sumados superan los tres años de prisión. La parte acusadora expresa tener pruebas de videos del sistema de emergencia 911, donde comprobarán que Catalino Miranda se encontraba en el lugar de los hechos y llevó a cabo desórdenes mediante la utilización de las unidades del transporte.
Mientras tanto, el empresario de transporte indicó que en las cámaras del punto de las rutas 42 y 152 está registrado lo sucedido el pasado sábado, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) lo capturó y fue llevado a la División de Tránsito Terrestre bajo el argumento que querían conversar con él.
“Llegaron al plantel diciendo que se llevarían algunos microbuses porque estaban en el eje preferencial, cosa que no es cierto, cuando me llevaron yo iba tranquilo, incluso el policía me dijo que no debía ningún delito, me trataron bien, luego me dijeron que quedaba detenido. Si fuera por resistencia, cosa que nunca existió, esperaría que el caso fuera nulo”, afirmó Miranda. Asimismo, reiteró que en la reunión sostenida en Casa Presidencial entre funcionarios del gobierno y empresarios del transporte se acordó cumplir con el pliego tarifario, consideró que en otras rutas se han dado incrementos del pasaje los cuales fueron publicados por las mismas autoridades, sin embargo, hasta el momento no existe ningún arresto.
“Yo no soy operativo en la calle, si algún cobrador o motorista cometió algo ilegal es cosa de ellos, y cada quien pague por su causa, pero yo no puedo pagar causas que no debo. En otros países le llaman expropiación al hecho de apropiarse de un bien semi privado, porque las placas son del Estado y las unidades son de una empresa, cada ruta tiene un contrato de concesión de 10 años prorrogables”, enfatizó. La fiscalía también acusó a dos personas más por el delito de venta a precio superior, relacionado al incremento del pasaje en el transporte público, y a otra persona por tenencia ilícita de placas de circulación.
Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, manifestó que el empresario no puede decidir incrementar el costo del pasaje y el Estado puede administrar las empresas cuando estas se resistan a prestar los servicios públicos, “los contratos de concesión son de servicio público, administrados por la LACAP, incluyendo el servicio de transporte público”, recalcó.
