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Redacción Nacionales
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La Junta de Vigilancia Electoral (JVE), que la integran representantes de los partidos políticos, han solicitado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que analice la contratación de Romeo Auerbach en la Dirección de Organización Electoral, ex diputado aliado del oficialismo y opinador a favor del Gobierno y al partido Nuevas Ideas.
En un escrito que la JVE presentó a los magistrados del Organismo Colegiado, señalan que las consideraciones se hacen en la misiva son de carácter institucional. Plantean que Auerbach se desempeñó como funcionario del propio Tribunal y que, posteriormente, ejerció funciones de carácter político como diputado y ha mantenido una participación pública como comentarista político.
Es de recordar que Auerbach se desempeñó como subdirector de Logística Electoral hasta el 30 de abril de 2021, un día antes de tomar posesión como diputado de la Asamblea Legislativa por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), partido aliado a Nuevas Ideas y del Gobierno. Finalizó como legislador en abril de 2024; y luego, se quedó como “analista político”.
Auerbach, siendo diputado y ex empleado del TSE, se acogió al Decreto Legislativo 258 que contenía la “Ley Transitoria de Compensación Económica por Servicios Prestados por Empleados y Empleadas del Tribunal Supremo Electoral”, la cual fue aprobada en diciembre de 2021. Auerbach se acogió al decreto en febrero de 2022, por lo que, por su “retiro voluntario”, fue acreedor de una indemnización.
El artículo 10 de la ley establece que los empleados y funcionarios que se acojan a la medida tendrán prohibido reincorporarse a la administración pública durante un periodo de cinco años. Sin embargo, en mayo de este 2026 se conoció, por el mismo TSE, que Auerbach ya estaba nuevamente en el TSE, ahora, en la Dirección de Organización Electoral (DOE) del TSE, con un salario de $3 mil mensuales según fuentes del TSE.
Auerbach estaba, en ley, inhabilitado para volver a la función pública. Debía hacerlo hasta febrero de 2027. Sobre el tema, la JVE, sostuvo que esta situación, debe “revisarse formalmente”.
“El señor Romeo Auerbach se habría acogido al régimen establecido en el referido Decreto Legislativo en febrero de 2022 y, posteriormente, habría sido contratado en mayo de 2026 para desempeñar funciones como coordinador en la Dirección de Organización Electoral del Tribunal Supremo Electoral. De comprobarse documentalmente tales circunstancias, corresponde al Organismo Colegiado determinar si dicha contratación resulta jurídicamente compatible con la prohibición temporal establecida en el artículo 10 del Decreto Legislativo N°258”, señaló la JVE.
Aclararon que no se pretende anticipar una conclusión respecto de la legalidad o ilegalidad de la contratación, pues dicha determinación “debe efectuarse a partir del examen del expediente administrativo correspondiente, la fecha efectiva de inicio de la cesantía, documentación relacionada con la compensación económica recibida y el instrumento mediante el cual se formalizó la actual vinculación laboral o contractual”.
La JVE considera necesario que el Organismo Colegiado proporcione las explicaciones institucionales correspondientes, particularmente “por tratarse de una persona que anteriormente estuvo vinculada laboralmente con el TSE y que actualmente vuelve a formar parte de su estructura”.
También, la JVE consideró necesario que se preserve una clara separación entre las opiniones o posiciones personales que cualquier funcionario pueda expresar fuera del ejercicio de sus funciones y las responsabilidades que adquiere al formar parte de una institución cuya naturaleza exige imparcialidad, objetividad y respeto hacia todos los actores del sistema electoral.
Lo anterior, ya que Auerbach participa en espacios de entrevistas como “analista político”, pero sus opiniones son favorables a Nuevas Ideas y al Gobierno, mientras que a otros partidos políticos los desacredita y acusa públicamente de estar en contra del Gobierno.
Las actuaciones de Auerbach podrían ir en contra de lo que establece el artículo 218 de la Constitución de la República, el que se establece que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada, así como la prohibición de prevalerse de sus cargos para realizar política partidista. De igual manera, violaría el artículo 184 del Código Electoral que señala que ningún funcionario, empleado público podrá prevalecerse de su cargo para hacer política partidista.
“La situación adquiere una dimensión institucional mayor cuando las actuaciones o manifestaciones públicas de un funcionario del TSE son percibidas como dirigidas a cuestionar o descalificar a determinados institutos políticos, haciendo declaraciones falsas y calumniosas que pueden ser sujetas de delito, a quienes ejercen su representación ante la Junta de Vigilancia Electoral”, señaló en el documento la JVE.
En el documento, se recuerda que la JVE, es un organismo permanente de fiscalización de las actividades y del funcionamiento de las dependencias y organismos del TSE, y que su integración corresponde a representantes designados por los partidos políticos legalmente inscritos.
Por lo que, cualquier actuación de un funcionario del TSE que pueda generar la percepción de una posición política respecto de determinados institutos políticos “puede trascender el ámbito estrictamente personal y terminar afectando la confianza necesaria para el adecuado funcionamiento de las relaciones interinstitucionales”.
Por ello, la JVE ha pedido al TSE que tome medidas para garantizar la imparcialidad y neutralidad de los funcionarios que integran en su conjunto, el organismo, previo a las elecciones de 2027, especialmente el caso de Auerbach tanto sus posturas públicas como su recontratación.
Pidieron, también, que se fortalezcan los canales de comunicación y coordinación entre el Organismo Colegiado y la JVE para evitar alguna actuación que deteriore la confianza. Pidieron que “que se aplique a Romeo Auerbach, la cláusula de confidencialidad de los empleados del TSE, ya que por encontrarse en el ente electoral puede tener acceso a información interna de los partidos políticos”.
El documento fue respaldado por 7 de los 11 representantes de partidos políticos que integran la JVE, estos fueron: ARENA, VAMOS, FMLN, PAÍS, FPS, DS y PNC; en la misiva, no votaron, Nuevas Ideas, PDC Fuerza Solidaria ni GANA.
