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Redacción Nacionales
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El abogado y defensor de derechos humanos, Henry Fino, expresó fuertes cuestionamientos sobre los juicios masivos contra centenares de personas acusadas de pertenecer a pandillas, señalando posibles violaciones al debido proceso y riesgos para la independencia judicial. “El juicio penal busca justicia, no venganza”, dijo.
Las declaraciones de Fino fueron brindadas durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, donde analizó la legalidad y los alcances de los procesos colectivos que se desarrollan en el contexto del régimen de excepción.
El debate surgió a partir de un post del presidente Nayib Bukele, tras la difusión de una imagen publicada por el periódico británico The Guardian y un post de el exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth, en la que se observa a cientos de imputados participando simultáneamente en una audiencia judicial. Según Fino, este tipo de procedimientos plantea serias dudas sobre la posibilidad de garantizar derechos fundamentales a las personas procesadas.
El abogado señala que en procesos con más de 400 imputados resulta prácticamente imposible individualizar la responsabilidad penal de cada acusado. A su juicio, la dimensión de estas audiencias dificulta la interacción directa entre defensores, fiscales y procesados, elemento clave en cualquier sistema judicial basado en garantías constitucionales.
Durante la entrevista, Fino sostuvo que el principio fundamental del derecho penal establece que toda persona debe ser juzgada según su participación concreta en los hechos. En ese sentido, explicó que la ley contempla distintos niveles de responsabilidad —autoría material, complicidad o participación indirecta— y que la pena debe determinarse con base en ese análisis individual. Sin embargo, advirtió que en los juicios masivos actuales esa individualización resulta prácticamente inexistente.
En un mensaje publicado en redes sociales, Bukele calificó a los 486 imputados como “terroristas” y aseguró que se trata de líderes de pandillas responsables de ordenar miles de crímenes. Para Fino, este tipo de pronunciamientos puede influir indirectamente en el actuar judicial.
“Si un juez escucha que desde el Ejecutivo se afirma que estas personas ya son terroristas responsables de miles de delitos, eso genera una presión evidente sobre la independencia judicial”, expresó.
El mandatario también defendió los procesos señalando que se basan en el principio de responsabilidad de mando, comparando el caso con precedentes internacionales como los Juicios de Nuremberg. No obstante, Fino cuestionó la validez de esa comparación, al considerar que las estructuras pandilleriles no poseen una organización jerárquica formal equivalente a instituciones estatales como fuerzas armadas o cuerpos policiales, donde históricamente se ha aplicado ese criterio jurídico.
En esa misma línea, el exdirector de Human Rights Watch, Kenneth Roth, calificó el proceso como un “juicio colectivo injusto”, señalando que forma parte de una estrategia de seguridad aplicada bajo poderes de emergencia.
Durante la entrevista televisiva, Fino explicó que este tipo de procesos habría sido preparado con anticipación mediante reformas legales que permitieron agrupar a los imputados según supuestas estructuras territoriales o “clicas”. Según el abogado, la Fiscalía habría tenido incluso un periodo prolongado para organizar expedientes colectivos antes de iniciar los procesos judiciales actuales.
Otro de los puntos señalados por el defensor de derechos humanos es la dificultad de garantizar el derecho a defensa técnica en audiencias de gran escala. “En una sala con cientos de imputados, el defensor ni siquiera sabe con claridad dónde está su defendido o cómo interactuar con él durante la audiencia”, afirmó.
Esta situación, según explicó, limita la posibilidad de construir estrategias jurídicas adecuadas y responder oportunamente a los señalamientos fiscales. Asimismo, cuestionó que algunas capturas se hayan producido con base en criterios territoriales o de residencia.
En ese sentido, sostuvo que vivir en una zona considerada de alta presencia de pandillas no constituye delito ni prueba suficiente de responsabilidad penal. “El hecho de residir en un lugar determinado no puede convertirse en fundamento para una acusación criminal”, enfatizó.
El abogado también señaló que el régimen de excepción permite ampliar el plazo de detención administrativa, pero no elimina las garantías fundamentales del debido proceso. A su juicio, la Constitución continúa obligando al Estado a respetar derechos básicos como la presunción de inocencia, el acceso a defensa técnica y la individualización de responsabilidades.
En ese contexto, recordó que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reiterado la necesidad de que las políticas de seguridad se implementen sin comprometer estándares mínimos de protección de derechos humanos.
Fino advirtió, además, que la existencia de pronunciamientos públicos previos sobre la culpabilidad de los imputados podría interpretarse como una forma de presión institucional sobre el sistema judicial. Según explicó, la independencia de jueces y tribunales es un elemento esencial en cualquier Estado democrático.
Finalmente, el defensor sostuvo que el desarrollo de estos juicios masivos representa uno de los momentos más delicados para la justicia salvadoreña en los últimos años. A su criterio, el país enfrenta el desafío de equilibrar la lucha contra la criminalidad con el respeto a las garantías constitucionales.
