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Saúl Méndez
Colaborador
La abogada y vocera de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Ivania Cruz, denunció que la jueza a cargo del proceso contra los líderes de la «Alianza Nacional El Salvador en Paz» ha retrasado la atención médica de José «Pepe» Melara, un veterano que enfrentan un proceso judicial que se ha prolongado por más de dos años por un supuesto caso de terrorismo, pese a que la acusación se ha debilitado.
UNIDEHC también señaló que el caso se encuentra prácticamente estancado debido a una serie de prórrogas que han afectado la salud de los imputados, especialmente la de Melara, cuya defensa fue asumida anteriormente por la organización antes de que los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz se vieran obligados a exiliarse.
Según las declaraciones de Cruz, en el programa del comunicador Franklin Martinez, conocido como “El Barcito”, la primera prórroga fue concedida porque la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que aún no había concluido la extracción de información de los dispositivos tecnológicos incautados durante las capturas y allanamientos.
Posteriormente, se autorizó una segunda prórroga bajo el argumento de que existían movimientos bancarios en las cuentas de los procesados y depósitos procedentes del exterior, por lo que era necesario solicitar información adicional a las entidades financieras y a las personas que realizaron dichos abonos.
«Yo me pregunto qué relación tiene eso con el caso. Cuando se observan los montos involucrados, son cantidades pequeñas. No estamos hablando de personas millonarias ni de operaciones que permitan inferir lavado de dinero o crimen organizado», afirmó.
«Incluso algunos de esos ingresos corresponden a remesas. Se trata de personas adultas mayores con familiares en Estados Unidos, por lo que recibir remesas es algo completamente normal. Este tipo de argumentos han sido utilizados por la Fiscalía para solicitar nuevas prórrogas», agregó Cruz.
La abogada también calificó de «absurdas» las razones utilizadas para extender el proceso y señaló que, en el caso de los dispositivos electrónicos, la Fiscalía dispuso de un año para realizar las diligencias correspondientes sin concretarlas.
«Aun así, se concedió otra prórroga por ese motivo», denunció.
Pese a ello, UNIDEHC y la actual defensa esperan que en la próxima audiencia la Fiscalía no solicite una nueva ampliación de los plazos.
«A nuestro juicio, se trata de justificaciones», sostuvo.
La organización también se refirió a la etapa procesal en la que se encuentra actualmente el caso.
«Lo que sigue es una audiencia preliminar, en la que se ofrece y acredita la prueba. En esa etapa también pueden discutirse medidas sustitutivas a la detención. Incluso, podría emitirse un sobreseimiento definitivo, porque consideramos absurdo mantener un proceso que carece de fundamento. Todas esas son posibilidades contempladas dentro del procedimiento», explicó Cruz.
«Lo que sí observo es que el caso se ha mantenido estancado», añadió.
Por otra parte, Cruz denunció una situación que calificó como negligente y que ocurrió en diciembre de 2024, cuando la jueza del caso celebró una audiencia especial para resolver diversas solicitudes presentadas por UNIDEHC.
«Durante esa diligencia, la jueza manifestó que no podía pronunciarse sobre el estado de salud de Pepe porque estaba a la espera de unas evaluaciones médicas programadas para enero de 2025», relató.
«En varias ocasiones, Pepe perdió esas citas porque el centro penal no lo trasladó. Esa situación también fue puesta en conocimiento del tribunal. Asimismo, se le advirtió a la jueza que existían personas en condición de vulnerabilidad debido a dos factores: su edad y sus enfermedades. Se le señaló que, de ocurrirles algo, existiría una responsabilidad directa del Estado y de las autoridades encargadas de su custodia», denunció.
Según Cruz, durante aquella audiencia la jueza aseguró que convocaría de oficio una audiencia especial para analizar la situación de las personas con condiciones críticas de salud y evaluar la posibilidad de otorgarles medidas sustitutivas. Sin embargo, afirmó que esa diligencia nunca se realizó.
«En el caso de Atilio Montalvo, otro de los imputados, su salida de detención fue resultado exclusivo del trabajo de la defensa y de las solicitudes que presentamos; no fue una decisión adoptada de oficio por el tribunal», aseguró.
«En cuanto a Pepe, pese a la gravedad de su estado de salud, la jueza tampoco ha promovido una audiencia especial para revisar su situación», recordó.
Además, Ivania Cruz denunció que durante esa audiencia la jueza advirtió al abogado Rudy Joya y a ella misma que podrían ser remitidos a la Sección de Investigación Profesional si divulgaban información relacionada con el caso, el cual en ese momento se encontraba bajo reserva y respecto del cual ejercían la defensa técnica.
«Actualmente, debido a mi situación de exilio, ya no soy abogada de Pepe ni de Luis Menjívar. Por ello, asumo personalmente la responsabilidad de estas declaraciones, que realizo por razones humanitarias», explicó.
«No estoy revelando aspectos de una investigación penal. Estoy hablando de la situación de salud de una persona que se encuentra en estado crítico y que, por razones humanitarias, al menos debería estar bajo arresto domiciliar. No sé qué espera la jueza para actuar. La pregunta que me hago es si se está esperando que haya un preso político fallecido dentro de este proceso», manifestó.
Para UNIDEHC, el caso debería cerrarse y todas las personas involucradas deberían recuperar su libertad, ya que consideran que el proceso carece de fundamento jurídico.
«Pero incluso si la jueza decidiera mantenerlo abierto y llevarlo hasta sus últimas etapas, el aspecto prioritario que debería valorar es el estado de salud de los procesados», afirmó.
«Por esa razón, deberían otorgarse medidas sustitutivas a la detención. Mantener privadas de libertad a personas con condiciones de salud delicadas durante períodos prolongados puede derivar en consecuencias graves que posteriormente podrían lamentarse», concluyó.
