Redacción Nacionales
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La Comisión de Hacienda aprobó reformar la Ley de Presupuesto vigente para incorporar $1.4 millones al presupuesto de Educación y de Agricultura para financiar programas de mejora educativa y Progresar Rural.
El primer dictamen aprobado es modificar el Presupuesto 2026 para incorporar $912,210 al Ministerio de Educación (MINED).
A la comisión asistió el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, quien explicó cómo se distribuirían los recursos y su procedencia. El funcionario indicó que $651,500 se emplearían para el arrendamiento de inmuebles y adecuaciones menores de estos, destinadas a la reubicación de estudiantes que la Dirección de Obras Municipales (DOM) realiza trabajos en 6 centros escolares.
$73,200 serían para la contratación de profesionales encargados de supervisar y monitorear los procesos formativos, así como de dar seguimiento a personas capacitadas para la identificación de estudiantes dentro del espectro autista.
$180,004 se destinarán para la contratación de personal clave que conformará la Unidad Gestora del Programa, incluida la atención de contingencias, mientras que los $7,506 restantes para la contratación de especialistas de seguimiento y apoyo técnico-pedagógico.
Respecto al origen de los fondos a asignar, Herrera indicó que, $904,704 proceden de un préstamo por $150 millones suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que fue ratificado por la Asamblea Legislativa en octubre de 2025.
Mientras que $7,506 corresponden a recursos de donación, provenientes de convenios financiados por la Alianza Mundial para la Educación y por fondos no reembolsables administrados por el BID, por $12 millones y $2 millones, respectivamente.
En conjunto, el préstamo y las dos donaciones suman $164 millones para el desarrollo del “Programa Trayectorias Educativas Completas y su Resiliencia al Cambio Climático”.
El programa, según dijo el representante de Hacienda, busca ampliar la cobertura educativa, especialmente en educación parvularia y bachillerato; fortalecer la calidad de la enseñanza mediante mejores prácticas de gestión y pedagogía, e incrementar el acceso a servicios educativos inclusivos para estudiantes con discapacidad.
Asimismo, pretende facilitar la reincorporación al sistema educativo de personas migrantes retornadas y fortalecer la gestión educativa mediante la incorporación de medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático.
Fondos para el MAG
En la misma comisión los legisladores también dictaminaron a favor de reformar la Ley de Presupuesto 2026 e incorporar $554,615 al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para iniciar la ejecución del Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural).
Los fondos provienen de un convenio de financiamiento con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), integrado por tres préstamos que suman $31.3 millones y que fue ratificado por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2025.
Los recursos, según se dijo en la instancia legislativa serían utilizados para las primeras actividades del programa, entre ellas: la contratación de personal, la realización de consultorías, la adquisición de equipo informático, vehículos y mobiliario, indispensables para su puesta en marcha.
El objetivo del programa es incrementar los ingresos, la resiliencia y la seguridad alimentaria y nutricional de las familias que residen en áreas rurales, en zonas priorizadas a escala nacional, bajo criterios socioeconómicos, demográficos y ambientales, entre otros aspectos.
Con la ejecución del programa se espera mejorar el acceso de las familias rurales a infraestructura hídrica, tecnología y servicios ecosistémicos para su transición a sistemas productivos sostenibles. Se espera facilitar a las familias rurales mayor capacidad para mejorar sus ingresos e incrementar el acceso a servicios financieros.
Extienden por 5 años el FICAFE
En otro tema, la misma instancia legislativa emitió dictamen para extender la vigencia del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (FICAFE).
Según se dijo en la mesa de trabajo, el plazo a ampliar será por cinco años adicionales al límite original establecido en los artículos 883 y 1236 del Código de Comercio. La vigencia del fideicomiso para el sector café será hasta 2031. El FICAFE es y seguirá siendo operado y administrado por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL).
Sobre este tema, los diputados, los parlamentarios recibieron al gerente de Gobierno Corporativo de BANDESAL, Luis Montoya; y al gerente de Fondos y Fideicomisos de dicha institución, Andrés Rosa.
“Los fideicomisos tienen un plazo máximo de 25 años, por eso estamos solicitando la ampliación del tiempo de duración”, argumentó Montoya. “El sector cafetalero ha sufrido ciertos problemas, durante varios años, por lo que con el fideicomiso se le respalda a dicha área”, agregó.
En julio de 2001 se creó un fideicomiso estatal llamado “FICAFE” para administrar y canalizar fondos que rescaten, renueven y den liquidez al sector cafetalero afectado por plagas, el cambio climático y las crisis de precios.
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