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Investigar, prevenir y proteger

José M. Tojeira

En El Salvador estamos asistiendo al alza sistemática de algunas enfermedades. Una de ellas, la insuficiencia renal crónica, ha tenido un aumento entre nosotros que la ubica como una verdadera epidemia. No es una enfermedad que dependa de una infección o causa inmediata en el tiempo. Al contrario, es fruto de un proceso largo y, por tanto, prevenible. Por ello mismo la insuficiencia renal crónica no está a nivel mundial entre las 10 enfermedades más letales. Entre nosotros, por el contrario, ha sido algunos años la tercera causa de muerte en los hombres y la quinta entre mujeres. Normalmente las causas más frecuentes de esta enfermedad letal son la hipertensión y la diabetes.

Pero si estas dos enfermedades se controlan a tiempo no se llega, generalmente, a tener el colapso renal de la insuficiencia. Por eso llama la atención la frecuencia epidémica con la que esta enfermedad aparece en El Salvador y en general en varios países de Centroamérica, con mucha más frecuencia que en el resto de los países del mundo. Explicaciones no faltan. Pero las más frecuentes son el impacto de los agrotóxicos en las personas que se contactan laboralmente con ellos y el trabajo rural bajo altas temperaturas y poca ingestión de agua. En Sri Lanka, por ejemplo, con situaciones climáticas y laborales en el campo semejantes a las de la costa pacífica de Centroamérica, se tiene una situación parecida. Con la diferencia que allí se han tomado medidas de prevención que han logrado reducir la frecuencia de la enfermedad en casi un 50%. El control de los agrotóxicos ha sido una de las medidas que ha propiciado dicha reducción y es muy probablemente que sea en Centroamérica una de las medidas indispensables para enfrentar esta epidemia.

Sin embargo, entre nosotros todavía no hay investigaciones suficientemente amplias y rigurosas como para conocer las causas y establecer normas de prevención y protección.

En la Asamblea Legislativa duerme (tantas cosas y personas duermen en ella) todavía una ley de control de agrotóxicos. Quienes comercian con agrotóxicos, importadores y distribuidores son personas pudientes. Los campesinos, entre los cuales está el índice más elevado de insuficiencia renal crónica, son pobres. Y ya sabemos que con demasiada frecuencia los intereses económicos de quienes tienen mucho privan sobre los derechos de la población pobre a la salud. Pero la presencia de epidemias prevenibles, controlables y evitables no solo destruye vidas humanas y familias, sino que rompe también los vínculos humanos de una comunidad nacional, al tiempo que empobrece los valores y la convivencia basada en la ética. La ley del sálvese quien pueda, que siempre termina protegiendo al más fuerte, no es nunca base de convivencia armónica.

La insuficiencia renal crónica tiene sus raíces en un pasado relativamente largo. Algunos de las sustancias tóxicas de los pesticidas y herbicidas usados en El Salvador tienen una permanencia ambiental demasiado larga. El herbicida 2.4d, con diferentes nombres comerciales, continúa usándose en El Salvador a pesar de una amplia literatura que le atribuye efectos cancerígenos. De hecho, era uno de los elementos que componían la famosa “sustancia naranja”, defoliante con la que los norteamericanos destruían las selvas tropicales en la guerra del Viet Nam. Posteriormente muchos soldados norteamericanos iniciaron demandas contra el Estado porque el contacto con la vegetación destruida por dicha sustancia tuvo consecuencias graves para su salud. Entre nosotros ni se investiga adecuadamente la situación, ni se previene el contacto con agrotóxicos o con lugares o alimentos que puedan quedar afectados por los mismos. Y mucho menos se protege adecuadamente a la cantidad creciente de quienes sufren la insuficiencia renal crónica.

La problemática de El Salvador nos exige dar un salto adelante y darlo juntos. No podemos paralizarnos ante temas que son de todos. La insuficiencia renal crónica, así como muchas otras epidemias médicas o sociales, incluida la violencia homicida, deben ser objeto de investigación, prevención, protección y apoyo a las víctimas. Lograr acuerdos, disponer de leyes adecuadas, estar atentos a la propia problemática, es indispensable para alcanzar un desarrollo justo y equitativo.

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