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Redacción Nacionales
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La Fundación CRISTOSAL manifestó que con las reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado aprobadas por Nuevas Ideas, “una persona inocente que fue capturada al inicio del régimen podría pasar más de 5 años en prisión sin estar condenada”, lo cual calificó de “irracional”.
Es de recordar que el oficialismo aprobó la semana anterior reformas a la ley para ampliar a 3 años más el periodo para que la Fiscalía General de la República (FGR) presente las acusaciones fiscales contra detenidos durante el régimen de excepción. Esos cambios se debieron a que el decreto 803, que prolongó desde el 26 de julio de 2023 el periodo de detención vencerá el 25 de agosto de este año. De no extender este plazo, los jueces tendrían la facultad de dejar en libertad a los ya detenidos y que han sido identificados como presuntos miembros de pandillas.
En ese sentido, la Fundación CRISTOSAL, desde el exilio, manifestó a través de un comunicado que, con las reformas a la Ley Especial contra el Crimen Organizado, las personas detenidas bajo el régimen de suspensión de derechos podrán permanecer más de cinco años en prisión sin condena. “El Estado, así, convierte la detención provisional en una pena anticipada”, afirma la fundación.
A juicio de la entidad defensora de los derechos humanos, dichas reformas permiten que la fase de instrucción penal se prolongue por más de cinco años, tiempo durante el cual miles de personas detenidas bajo el régimen de excepción “no tendrán acceso a una audiencia en la que un juez imparcial evalúe las supuestas pruebas en su contra”.
Para luego, enfrentar una «audiencia abierta» que puede extenderse hasta por dos años adicionales. Con ello, la detención provisional se convierte “en una verdadera condena anticipada”, insistió CRISTOSAL.
“La reforma también disminuye aún más las garantías judiciales para adolescentes detenidos, al establecer que sean juzgados por los mismos jueces que procesan a adultos en la jurisdicción contra el crimen organizado”, señaló CRISTOSAL en referencia a que el juez de menores se vuelve un garante en los derechos procesales, pero son los jueces de los Tribunales del Crimen Organizado los que se encargan de ejecutar el juicio.
A juicio de la fundación, “mantener a una persona más de cinco años en detención provisional es un plazo irracional e injustificable, agravado por la obstrucción del derecho a la defensa y la ausencia de supervisión real de un juez imparcial, lo que constituye una violación abierta de la Constitución (en sus artículos 1, 2, 11, 12 y 13) y de instrumentos internacionales como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
El régimen de excepción ha capturado a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas, muchos incluso, han muerto dentro de los centros penales. Las familias piden la liberación, pero el Estado los ignora.
CRISTOSAL, así como otras organizaciones, han documentado que la gran mayoría de detenciones realizadas durante el régimen de excepción han sido arbitrarias, “carentes de pruebas individuales”, y que miles de personas han sido sometidas a condiciones inhumanas y de tortura que han provocado al menos 403 muertes bajo custodia estatal.
“Prolongar indefinidamente la instrucción penal no solo impide exponer en juicio la falta de pruebas, sino que abre la puerta a condenas injustas masivas. Con las reformas, se instrumentaliza la justicia y se transforma en una política de terror de Estado. Porque cuando un Gobierno priva de derechos a un grupo, termina negándoselos a toda la sociedad”, concluyó CRISTOSAL.
