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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Pese al rechazo de las organizaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto armado, que denuncian no ser escuchadas por los parlamentarios como lo ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los diputados de la subcomisión Política para estudiar el proyecto de Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional iniciarán este lunes la construcción de dicho proyecto de normativa.
Los diputados argumentaron que existen suficientes consultas para iniciar la redacción del documento, además de que la prórroga otorgada por la Sala de lo Constitucional para el 13 de noviembre esta próxima a caducar.
“Vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda de acuerdo al fallo, tenemos elementos y conocemos el problema del país, con lo que hemos escuchado y lo que hemos vivido es suficiente para tomar decisiones”, afirmó Roberto Ángulo, diputado del PCN.
El parlamentario consideró que es urgente que la subcomisión construya uno o dos proyectos para entregarlos a la comisión Política, que deberá iniciar el proceso para estructurar una ley de la República
Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático, se mostró en desacuerdo con la decisión de los demás legisladores y denunció que los foros regionales que impulsó la mesa legislativa, a finales de agosto y que culminaron en septiembre, eran ‘shows’ donde lo que menos se hizo fue escuchar a las víctimas.
“Están alegando que ya oyeron, que no hay más que decir y que hay un plazo de la Sala de lo Constitucional que hay que cubrir, me parece que es una bofetada a las víctimas del conflicto armado y un mal antecedente para una ley que debería contribuir a cerrar las heridas que todavía siguen abiertas después de 30 años”, sostuvo el legislador.
En el 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia mediante la cual se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General de 1993 y consignó la necesidad de construir una propuesta de Ley de Reconciliación Nacional, tomando en cuenta a las víctimas; para ello, se estableció que la Asamblea Legislativa debía hacerlo antes del 13 de julio de este año.
