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Redacción Nacionales
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Desde su exilio en la Ciudad de México, Ingrid Escobar, directora ejecutiva del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), reveló que las muertes en las cárceles por el Régimen de Excepción suman ya 584, y que el 94% no tiene vinculación con pandillas. Escobar, además dijo que el sistema judicial de Bukele va a “la deriva”.
En una reciente entrevista en Encuento con Julio Villagrán la abogada y defensora de Derechos expuso las secuelas del régimen de excepción, el deterioro institucional del país y las acciones que la sociedad civil emprende ante organismos internacionales para buscar justicia.
Tras superar una compleja intervención quirúrgica por un mixofibrosarcoma detectado a mediados de año y continuar en tratamiento médico permanente, Escobar asegura que su salud ha evolucionado de forma favorable gracias al acceso al sistema de salud pública mexicano. Al mismo tiempo, ha logrado insertarse en el ámbito profesional realizando consultorías para diversas organizaciones e iniciando trámites para homologar su título de abogada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
«Quien conoce México se enamora de México. Estoy sumamente agradecida con este país y su pueblo por las oportunidades que nos han brindado», expresó Escobar.
Incidencia internacional y la Mesa del Exilio
La labor de la activista no se ha detenido. Desde la Mesa del Exilio Salvadoreño, Escobar ha impulsado foros y eventos mediáticos para contrarrestar la narrativa oficial del gobierno salvadoreño. El domingo participó en un foro en apoyo a la defensora Ruth López y otros foros de solidaridad centroamericana tras el asesinato de un exfiscal y activista en Guatemala.
«Es importante mostrarle a la comunidad internacional la otra cara de la moneda: los miles de inocentes atrapados en el margen de error, la escalada represiva contra defensores y sindicalistas, y la violencia sistemática», señaló.
Uno de los eventos más relevantes fue su participación en el 197.º ciclo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde El Salvador encabezó las sesiones. En dicha audiencia, organizaciones como Cristosal, Robert F. Kennedy Human Rights y el propio SJH expusieron la sobrepoblación penal, la detención arbitraria masiva y el uso opaco de la figura del «criteriado».
Crímenes de Estado e impunidad carcelaria
Durante su intervención ante la CIDH y en la entrevista con Villagrán, Escobar presentó casos emblemáticos respaldados por documentación técnica y testimonios de familiares:
- El caso de Santos Navarro: Comerciante de 53 años de Santa Tecla, detenido sin orden judicial. Según denunció Escobar, en el sistema penitenciario no se le brindó la atención médica requerida para sus padecimientos crónicos. Tras la amputación de un dedo sin consentimiento familiar y la administración de tratamientos invasivos que deterioraron su salud, falleció tras dos meses de agonía en el Hospital Jorge Mazzini.
- El caso de José Daniel Armonía Bonilla: Sindicalista que ingresó a prisión con hipertensión leve medicada y falleció en menos de cuatro meses con signos de violencia y un cuadro de 14 padecimientos agudos, incluida insuficiencia renal irreversible.
Escobar enfatizó que el SJH ha contabilizado a la fecha 584 víctimas mortales bajo la custodia del Estado durante el régimen de excepción. Según la defensora, el desarrollo fulminante de fallos renales en prisioneros responde a un patrón sistemático de golpizas en los centros de reclusión.
«Estas vidas fueron arrebatadas por el Estado y sus agentes. Queremos paz y seguridad, pero no a costa de sustituir a la pandilla común por una pandilla de cuello blanco o de funcionarios que actúa con impunidad», aseveró.
Contradicciones del Ejecutivo y propuesta de la sociedad civil
Al analizar las recientes declaraciones del presidente Nayib Bukele sobre la liberación gradual de un porcentaje de detenidos —particularmente quienes fueron catalogados como «colaboradores»—, Escobar cuestionó la falta de claridad conceptual y la falta de la separación de poderes.
«El presidente demuestra una profunda incapacidad e ignorancia institucional. Él no es juez para determinar mediante conferencias o carteles quién sale libre y quién no. Es el Órgano Judicial el que debe actuar con independencia», afirmó.
Asimismo, criticó el «doble rasero» de la justicia salvadoreña, comparando la situación de ciudadanos vulnerables detenidos por montos insignificantes o por actividades comerciales legítimas con la liberación de altos exfuncionarios procesados por corrupción de grandes proporciones, como el expresidente Elías Antonio Saca.
Frente a la crisis, el Socorro Jurídico Humanitario propone una ruta institucional basada en el debido proceso:
- Reforma y marco legal formal: Presentar una iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa que otorgue a los jueces garantías y criterios jurídicos claros para evaluar casos individualmente.
- Fortalecimiento judicial: Dotar de recursos a la judicatura para procesar las 93,000 detenciones registradas hasta la fecha.
- Mesa de diálogo: Convocar a organizaciones de derechos humanos para la revisión técnica «caso por caso» y lograr la libertad de personas inocentes sin antecedentes ni vínculos criminales.
Rumbo a la Corte Penal Internacional
La directora del SJH anunció que buscarán elevar las denuncias de los 584 muertes en los penales al plano penal internacional.
Durante las audiencias en la CIDH, Escobar solicitó formalmente la mediación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) a fin de concretar una reunión con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
«El Estatuto de Roma está vigente en El Salvador desde 2016. El Estado no puede matar, no puede desaparecer personas, no puede torturar ni realizar traslados forzados de población. Si las autoridades insisten en la impunidad y en negar sus errores, se van a encontrar con la justicia penal internacional», concluyó.
