Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Solamente la Fiscalía General de la República (FGR) y el expresidente Antonio Saca saben a ciencia cierta lo que negociaron para abrir un proceso abreviado que permita al expresidente y sus exfuncionarios ser favorecidos con la pena mínima por los delitos que confiesen haber cometido durante el tiempo que fungieron como funcionarios de Gobierno.
Lo que se sepa por las confesiones está lejos de ser el centro del acuerdo; los términos pactados para el no enjuiciamientos de los cómplices beneficiados con la corrupción y del partido Arena, es lo que quizá nunca sepamos los salvadoreños sobre lo pactado entre el Grupo Saca y la FGR.
Indigna saber que una persona presentada ante la sociedad como empresario “exitoso” de las comunicaciones, como expresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), expresidente del partido Arena ilustra el modus operandi con el cual la derecha de este país hizo uso de los fondos públicos para beneficio de empresas, partidos y personas de la derecha.
Se confirma lo que siempre el FMLN denunció: el uso patrimonial del Estado para beneficio de la burguesía salvadoreña bajo los gobiernos de Arena; mientras el pueblo ha sido sacrificado, despojado de su patrimonio público mediante las privatizaciones y del dinero líquido de la hacienda pública.
Ahora queda claro cómo es que algunos empresarios que hablan del libre mercado y la competencia se vuelven “exitosos” a costa de los fondos públicos; queda claro por qué algunos empresarios quieren volver a ganar la Presidencia de la República para retomar el reparto de fondos que pertenecen al pueblo y entregarlos a sus amigos y a sus empresas a la vez que opinan que el salario mínimo actual es suficiente.
Las empresas de comunicación tenían en el Gobierno no a un cliente de primera, sino al verdadero dueño de las mismas y en consecuencia fueron convertidas en maquinarias de propaganda y contrapropaganda para crear en una buena parte del pueblo una dominación mental.
Arena a pesar de la protección de un pacto de impunidad entre Saca y la FGR, queda en parte desnuda como una fuerza política que se ha mantenido con fondos robados al pueblo, la confesión del expresidente Francisco Flores, del expresidente del COENA cuando declaró ante la comisión especial que investigó el robo de fondos provenientes de Taiwán eran suficientes para que la FGR abriera un proceso en el que al menos se le obligue a devolver lo robado.
Las confesiones de que sí recibieron los fondos de Taiwán han sido en canales de televisión, pero se saben impunes porque no ignoran que ese manejo es ilegal, es delito. Ahora con las nuevas confesiones de Saca sin duda la FGR celebrará su propio proceder y volteará a ver hacia las estrellas, cerrará los oídos al clamor ciudadano porque la protección de empresarios y dirigentes de Arena y de la institución partidaria han de ser parte del pacto que dejará impune una cadena de delitos cometidos.
La campaña del 2004 en la que Antonio Saca bajo la bandera de Arena resultó electo fue una campaña con impunidad, Arena pagó testaferros para asumir los más viles ataques al Compañero Schafik Hándal y la condena judicial a uno de los personajes que se hicieron cargo de poner su nombre para pagar aquella sucia publicidad, así lo demostró.
Ese mismo esquema utilizaron en el tiempo que siguió pero el pueblo había aprendido a distinguir por eso les dio la espalda. Ahora se aprende más, con el rebalse de la corrupción de la derecha, para los pocos que todavía creen que un empresario, por el hecho de serlo puede ser buen presidente.
De ese pacto de impunidad y de ese juicio abreviado que permitirá gozar de la más baja sanción penal debemos aprender lo esencial y es que la derecha no merece el apoyo popular; que las herramientas nuevas de las que hoy dispone el pueblo para acceder a la información pública y que fueron creadas cuando la derecha estaba fuera de la Presidencia, debemos usarlas para una mayor fiscalización del pueblo sobre sus funcionarios.
De ese pacto que de momento deja libres de señalamiento judicial a quienes se beneficiaron robando los fondos públicos debemos advertir cuánto falta para tener un sistema judicial justo y de la importancia de tener en la Asamblea representantes que exijan a la judicatura y a la persona que encabece la Fiscalía General de la República una actuación más firme contra la corrupción; que actúe como autoridad más que como instrumento de poderes fácticos que mandatan protección.
