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Yaneth Estrada
@caricheop
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó -ante el argumento de la supuesta inexistencia de documentos- solicitar como pruebas adicionales las actas certificadas de todos los documentos exportados por el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), desde 1970 hasta 1995, y realizar una visita de verificación al archivo general del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada el próximo 6 de marzo, para llegar a una sentencia definitiva. Esto para resolver la apelación, en la audiencia oral, de la Universidad de El Salvador (UES) contra el MDN para conocer información, hojas de ruta, alcances y nombres de estudiantes desaparecidos durante la pasada guerra civil (1980-1992), en diferentes intervenciones militares realzadas al Alma Mater en 1970, 1980 y 1990.
Sin embargo, fue en marzo de 2016 cuando el IAIP admitió un recurso presentado por el exrector interino de la UES, José Luis Argueta Antillón, en contra del Ministerio de Defensa por no otorgar información solicitada, que luego pasó a la fase de apelación el 13 de noviembre de 2018. Asimismo, el requerimiento incluye las ocupaciones militares del campus central universitario el 19 de julio de 1972, el 26 de junio de 1980 y el 10 de noviembre de 1980; la masacre del 30 de julio de 1975, la manifestación del 25 de julio de 1979, la marcha por presupuesto el 13 de julio de 1988, la captura del Consejo Superior Universitario el 10 de octubre de 1981 y el asesinato del rector Félix Ulloa, el 29 de octubre de 1980.
Dichos sucesos fueron ampliamente registrados por la prensa nacional e internacional, con al menos sesenta casos documentados y presentados hace tres años a la Fiscalía General de la República (FGR), sin abrir las investigaciones respectivas.
Inconsistencias de la defensa
El representante del ente obligado, Carlos Edgardo Salgado, en representación del ministro de Defensa Francis Merino Monrroy argumentó por tercera ocasión que “los informes requeridos son inexistentes”.
Esto tomando en cuenta que de las tres pruebas documentales presentadas por la UES, solo fue tomada en cuenta una y que se desestimó la prueba testimonial.
Ya en el pleno, con audiencia en vivo y debido a la insistencia de los comisionados para aclarar las dudas de la inexistencia de los informes, Salgado, visiblemente exaltado afirmó que “una cosa es tergiversar las preguntas, sobre un hecho, y la existencia de la información solicitada por los particulares, en este caso la UES”.
“Me pregunta a mí, bajo los procedimiento del Código Civil y Mercantil, en cuento a que lo único que yo puedo declarar son los hechos que yo he percibido con mis sentidos y de lo cual declaro nuevamente que no lo se, porque no lo viví y no lo presencie”, señaló.
Por lo que la comisionada presidenta del IAIP, Silvia Cristina Pérez enfatizó en que si el ente obligado llegaba a esta audiencia oral, en representación personal o en defensa de los intereses del MDN, de ahí surgía la primera inconsistencia.
Además, luego de estas estimaciones, Patricia López, fiscal auxiliar y apoderada de la UES recalcó que “es difícil de creer que carecen de registro de todas las operaciones que se les señalan, de lo que sucedió a la institución de la Universidad de El Salvador en todo el período señalado en la apelación; por lo tanto, necesitamos y pedimos que haga una nueva inspección a los Archivos del Ministerio de la Defensa Nacional, a la vez de solicitar al Archivo General de la Nación las actas de dimisión y expurgo para corroborar si no existen o se eliminaron documentos en su momento, también dejar abierto este proceso”.
Roger Arias, rector de la UES, manifestó que estas excusas ya se hicieron recurrentes desde el 2016, cuando se hizo la solicitud. “Al escuchar al representante del Ministerio de la Defensa Nacional pareciera ser una incursión del Ejército a la UES, que fue para resguardarla; tanto así, que la resguardaron muy bien, pero desaparecieron cuerpos, las autoridades universitarias; es decir, no solo resguardaron, sino guardaron de manera tal que nos parece risible que nos vengan a plantear que el objetivo de intervenir a la
Universidad de El Salvador fue resguardar su patrimonio, cuando fueron ellos mismos los que hurtaron y desaparecieron este patrimonio, los que asesinaron, los que torturaron y desaparecieron a las víctimas”, dijo.
