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Ima Guirola, como una de las demandantes de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, pidió este martes a la Sala de lo Constitucional que de por no cumplida la sentencia de inconstitucionalidad, ante las fallas del Estado por responder a las víctimas del conflicto armado.
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
“Estamos pidiendo que abra una audiencia especial de seguimiento, audiencia pública oral, con participación directa de quienes son el centro de esta inconstitucionalidad, las víctimas. Para que puedan ser escuchadas y pronunciarse a todo este proceso de inconstitucionalidad del incumplimiento, no solo de la Asamblea, sino del Ejecutivo”, explicó Ima Guirola, de CEMUJER, quién llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar un escrito a la Sala de lo Constitucional con la finalidad de realizar una audiencia, en la que de por no cumplida la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía del 2016.
Guirola explicó que la Sala de lo Constitucional debe pronunciarse y dar por no cumplida la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993. Y que la de por no cumplida precisamente porque la nueva ley que la Asamblea Legislativa ha decretado, y que ha sido vetada por inconstitucional por el presidente de la República por ser una nueva ley de amnistía que no cumple con los parámetros constitucionales, y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
“No solo de la Asamblea Legislativa, la misma presidencia de la República, el Consejo de Ministros, el Ministerio de Defensa. No se tiene un presupuesto y una partida presupuestaria especial para el cumplimiento efectivo de la sentencia. La Fiscalía General de la República aquí hay una serie de instituciones que están involucradas en un mandato expreso de la Sala de lo Constitucional al respecto”, sostuvo.
También, afirmó que solicitó, junto a la Mesa Contra la Impunidad que la Sala de lo Constitucional, se pronuncie de oficio, dado que la ampara la misma constitución y su mandato de juzgar y hacer que se cumpla debidamente.
Julio Magaña, de la Mesa contra la Impunidad y de Cristosal afirmó que la Asamblea Legislativa ha incumplido con el plazo establecido porque no solo es incumplir de forma, sino que la ley tiene que tener parámetros de verdad, justicia y reparación, elementos que no se han manifestado en la normativa presentada.
Además, reiteró que la Asamblea no es la única entidad obligada a esta denuncia, ya que la presidencia de la República no ha realizado instrumentos ni un reglamento interno para poder liberar documentos, tampoco tiene un instrumento especial de atención a víctimas.
