Exigimos protección para quienes defienden los derechos humanos y ambientales en El Salvador

Ana Cisneros

DEFENDER LOS BOSQUES Y EL TERRITORIO NO DEBE SER UN RIESGO
Exigimo protección para quienes defienden los derechos humanos y ambientales en El Salvador

Quienes defendemos el territorio no defendemos únicamente árboles en un sentido aislado. Defendemos el agua, la biodiversidad, los ecosistemas, la salud pública y el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que transforman su territorio. Defendemos, en definitiva, las condiciones que hacen posible la vida.

Por eso nos preocupa profundamente la denuncia pública de hechos que podrían constituir actos de hostigamiento contra el abogado Luis Rivera, divulgada el 5 de noviembre de 2026 por el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT). Entre los hechos denunciados se encuentran presencia policial en las cercanías de su vivienda e intentos de acceso no autorizado a sus cuentas personales.

Nuestra preocupación tiene un contexto que no puede ignorarse.

Una defensa ciudadana en medio de la transformación del bosque
Durante nuestra defensa de Finca El Espino, buscamos acompañamiento jurídico para acudir a las instituciones y ejercer los derechos que la Constitución reconoce a la ciudadanía. Luis Rivera fue el unico abogado que aceptó acompañarnos presencialmente en la presentación de la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo No. 361, una acción que habíamos decidido impulsar directamente como ciudadanía organizada.

El 11 de junio de 2026 presentamos esa demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuestionando la compatibilidad del Decreto 361, aprobado en 2025, con las obligaciones constitucionales de protección ambiental. Dicho decreto autorizó la transferencia de 55,711.13 metros cuadrados de la Finca El Espino al Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

La acción constitucional fue presentada mientras el territorio ya enfrentaba una intervención física y pérdida de cobertura vegetal. La ciudadanía había solicitado información, acudido a distintas instituciones y buscado respuestas sobre las decisiones que afectaban este ecosistema estratégico. La demanda fue una expresión legítima del derecho a acudir a la justicia y exigir el cumplimiento de la Constitución.

Reconocemos y agradecemos a Luis Rivera por haber aceptado acompañarnos en ese momento. Su presencia contribuyó a que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho a presentar una acción constitucional en defensa del patrimonio natural colectivo.

Hoy, las denuncias públicas sobre hechos que podrían afectar su seguridad y privacidad nos obligan a expresar nuestra solidaridad y a exigir garantías. No afirmamos responsabilidades que todavía deben investigarse, pero tampoco consideramos aceptable que estas denuncias queden sin respuesta.

La defensa del territorio  no puede convertirse en un riesgo para quienes lo defienden.

Un contexto ambiental que exige más protección, no menos
La preocupación por El Espino se inscribe en una situación nacional de creciente vulnerabilidad socioambiental. El 5 de noviembre de 2026, La Prensa Gráfica publicó declaraciones del Colectivo de Incidencia Ambiental Andrés McKinley, cuyos integrantes estimaron que más del 95 % de la población salvadoreña está expuesta a algún tipo de riesgo climático, entre ellos sequías e inundaciones.

La crisis hídrica, la degradación de los ecosistemas, la pérdida de cobertura arbórea y la transformación del uso del suelo afectan especialmente a las comunidades con menos recursos y menores posibilidades de adaptación. La falta de acceso regular al agua, la exposición a inundaciones y la pérdida de medios de vida no son problemas aislados: son expresiones de una vulnerabilidad territorial que requiere políticas públicas de prevención, protección y participación.

En este escenario, preocupa también la reforma a la Ley Forestal aprobada por la Asamblea Legislativa el 21 de octubre de 2026, mediante el Decreto Legislativo No. 695. La reforma introduce mecanismos para autorizar cambios de uso de suelo en terrenos arbolados de las clases VI, VII y VIII, y ha generado cuestionamientos por las excepciones relativas a áreas naturales protegidas, humedales y bosques salados, sujetas a dictámenes técnicos.

Aunque el Decreto 695 aparece todavía pendiente de publicación material y entrada en vigencia en el registro legislativo consultado, su aprobación plantea interrogantes sobre las garantías de protección de los ecosistemas, la independencia de los criterios técnicos y el alcance de las autorizaciones administrativas.

No podemos perder de vista que el cambio de uso del suelo y la pérdida de cobertura vegetal tienen consecuencias sobre la infiltración del agua, la biodiversidad, la regulación climática y la seguridad de las comunidades.

En lugar de debilitar las garantías ambientales mediante excepciones insuficientemente transparentes, el Estado debe fortalecer la protección de los territorios y asegurar que las decisiones sobre ellos estén sujetas al escrutinio público.

Nuestra exigencia: proteger a quienes defienden el territorio
Defender el medio ambiente es ejercer derechos humanos. Las personas, comunidades, organizaciones y profesionales que acompañan estas causas deben poder hacerlo sin amenazas, intimidaciones ni represalias.

Por ello, solicitamos a las instituciones del Estado salvadoreño:

1. A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH):

Que conozca los hechos denunciados contra el abogado Luis Rivera, valore las condiciones de riesgo, dé seguimiento institucional a la situación y promueva las medidas de protección que correspondan para garantizar su integridad y la de su familia.

2. A la Fiscalía General de la República (FGR):

Que investigue de manera independiente, diligente e imparcial los hechos denunciados, incluyendo la presencia policial reportada y los posibles intentos de acceso no autorizado a sus cuentas personales; que determine si existen conductas ilícitas y establezca las responsabilidades que correspondan, con respeto al debido proceso.

3. A las autoridades de seguridad pública:

Que garanticen el respeto a la integridad personal, privacidad, libertad de expresión, asociación y ejercicio profesional de Luis Rivera y de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales. Toda actuación policial debe tener fundamento legal, justificación legítima y respeto a las garantías constitucionales.

4. A la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia:

Que informe públicamente sobre el estado procesal de la demanda de inconstitucionalidad presentada el 11 de junio de 2026 contra el Decreto Legislativo No. 361 y que la tramite y resuelva con independencia, rigor jurídico y apego a la Constitución. La ciudadanía tiene derecho a una respuesta jurisdiccional sobre una decisión pública que afecta un territorio de importancia ambiental.

5. A las instituciones nacionales y a los organismos internacionales de derechos humanos y protección ambiental:

Que presten atención a las denuncias sobre posibles actos de hostigamiento contra personas defensoras y al contexto de protección de quienes defienden el territorio en El Salvador. Solicitamos que se promuevan mecanismos efectivos de prevención, protección, seguimiento y rendición de cuentas, y que las autoridades garanticen condiciones para el ejercicio libre y seguro de la defensa ambiental.

No vamos a renunciar al derecho de defender nuestro territorio
Nuestra causa no es partidaria ni responde a intereses particulares. Es una causa ciudadana por el agua, los bosques, la biodiversidad, la transparencia y el derecho de las comunidades a decidir sobre el futuro de sus territorios.

El bosque de El Espino sufrió una intervención y pérdida de cobertura vegetal. Pero su defensa no terminó con la tala. Continúa en la documentación de los hechos, en las solicitudes de información, en la exigencia de responsabilidades, en la justicia constitucional y en la vigilancia ciudadana de las decisiones públicas. El bosque sigue siendo talado impunemente.

Agradecemos a Luis Rivera por haber aceptado acompañarnos presencialmente cuando decidimos llevar nuestra defensa ciudadana ante la Sala de lo Constitucional. Exigimos que pueda ejercer su profesión y defender los derechos humanos y ambientales sin intimidaciones.

Ninguna persona debería tener que elegir entre defender sus derechos y proteger su propia seguridad. Ninguna comunidad debería guardar silencio por temor. Ningún abogado debería ser disuadido de acompañar una causa legítima.

El bosque fue talado, pero nuestro derecho a defenderlo permanece.

La defensa del bosque y del territorio salvadoreño no puede convertirse en un riesgo para quienes los defienden.