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Redacción Diario Co Latino/ #BarcitoFM
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El problema de Nayib Bukele podría dejar de ser exclusivamente salvadoreño. Con una nueva correlación de fuerzas en el Congreso estadounidense, comienzan a perfilarse preguntas sobre negocios, acuerdos migratorios, posibles negociaciones con pandillas, operaciones financieras y violaciones de derechos humanos. El periodista Héctor Silva, en el programa #BarcitoFM, advierte que Bukele cometió un error estratégico: confiar en que su protección política en Washington sería permanente. Y hay una diferencia fundamental: una cosa es controlar la propaganda y otra muy distinta es responder bajo juramento ante el Congreso de Estados Unidos.
BUKELE COMETIÓ UN ERROR: CREER QUE SU PROTECCIÓN ERA PERMANENTE
El periodista Héctor Silva plantea una lectura que va más allá del cambio de correlación política en Washington: Nayib Bukele habría construido su estrategia estadounidense sobre la confianza de que determinados sectores republicanos y del movimiento MAGA garantizarían su protección indefinidamente.
Pero Silva establece una distinción importante: MAGA no representa a todo el Partido Republicano ni al conjunto del trumpismo. Y las conexiones que Bukele ha cultivado en Washington están concentradas, principalmente, en un sector político que no necesariamente tendrá la capacidad de protegerlo frente a las nuevas investigaciones y mecanismos de fiscalización del Congreso.
El problema es que Bukele tiene una enorme capacidad para controlar la narrativa política dentro de El Salvador, pero esa fórmula no funciona de la misma manera en Washington. Allí hay comparecencias, documentos, correos electrónicos, funcionarios bajo juramento y responsabilidades institucionales.
La advertencia de Silva es contundente: no es lo mismo enfrentar una campaña de desinformación que responder preguntas ante una comisión del Congreso estadounidense.
BITCOIN, CECOT Y PANDILLAS: LOS NEGOCIOS Y ACUERDOS QUE PUEDEN ABRIR LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES
Silva identifica tres grandes terrenos de vulnerabilidad para Bukele. El primero es Bitcoin. No necesariamente porque el Congreso tenga como prioridad investigar al presidente salvadoreño, sino porque existen intereses políticos y económicos relacionados con las operaciones de criptomonedas de la familia Trump. El Salvador y Bukele podrían aparecer en ese escrutinio por su papel como referente internacional de la apuesta por Bitcoin. Las preguntas serían sobre posibles acuerdos, movimientos financieros y relaciones entre actores políticos y empresariales.
El segundo frente es el CECOT y la política migratoria estadounidense. La deportación de venezolanos a El Salvador, las condiciones de detención y las circunstancias en que se realizaron los acuerdos podrían convertirse en materia de investigación. Silva destaca que, si existieron negociaciones entre funcionarios estadounidenses y salvadoreños, las comunicaciones, los correos electrónicos y los testimonios de quienes participaron podrían permitir reconstruir cómo se tomaron esas decisiones.
El tercer elemento es todavía más delicado: las posibles negociaciones con las pandillas. Silva recuerda los señalamientos sobre acuerdos con estructuras criminales, el traslado clandestino de un cabecilla de la MS-13 y las conexiones con procesos judiciales abiertos en Nueva York. No se trata de afirmar que el Congreso vaya a intervenir en esos juicios, sino de advertir que los antecedentes y las actuaciones de funcionarios salvadoreños pueden convertirse en materia de escrutinio político.
La pregunta que queda planteada es explosiva: ¿cómo puede Washington justificar sus acuerdos con un gobierno al que también se le han atribuido negociaciones con organizaciones criminales?
HAITÍ, COSAVI Y RUTH LÓPEZ: TRES FRENTES QUE AMPLÍAN LA VULNERABILIDAD
La entrevista también descubre conexiones que podrían ampliar el interés estadounidense sobre El Salvador.
En Haití aparece Erik Prince, empresario vinculado al mundo de los contratistas militares privados y al entorno MAGA. Silva llama la atención sobre las relaciones políticas y de lobby que conectan a diferentes actores de esa operación con figuras que han tenido vínculos con Bukele. La participación salvadoreña en Haití, el financiamiento de esas operaciones y la situación de los militares salvadoreños desaparecidos o capturados plantean interrogantes que todavía necesitan respuestas.
Otro frente es COSAVI. Silva sostiene que hay operaciones financieras vinculadas a la cooperativa que utilizaron estructuras empresariales constituidas en Estados Unidos. Si se confirma el alcance de esas operaciones y existen investigaciones con interés jurisdiccional estadounidense, el caso podría trascender las fronteras salvadoreñas.
Y aparece Ruth López, probablemente uno de los nombres más sensibles para el gobierno de Bukele. Silva explica que su caso ha encontrado espacio en discusiones del Congreso estadounidense y que tiene una particularidad: puede generar interés más allá de las diferencias entre demócratas y republicanos. La discusión sobre presos políticos, persecución judicial y regímenes autoritarios permite que su situación se convierta en un punto de referencia sobre El Salvador.
EL PROBLEMA DE BUKELE: TIENE ALIADOS, PERO LE FALTAN INTERLOCUTORES
Una de las observaciones más reveladoras de Héctor Silva es que Bukele no parece disponer de un aparato diplomático con suficiente experiencia y credibilidad para enfrentar un escenario de mayor presión política en Washington.
Sus relaciones están concentradas en MAGA, mientras que sus vínculos con otros sectores republicanos y demócratas parecen mucho más limitados. Silva menciona a Chris Van Hollen, Jim McGovern y otros congresistas que han mostrado interés en asuntos relacionados con El Salvador.
También señala a Sarah Hanna como una posible interlocutora con capacidad para tender puentes hacia sectores republicanos y comprender los códigos políticos de Washington.
El contraste es importante: mientras Bukele ha invertido millones de dólares de fondos públicos en relaciones políticas y mediáticas con sectores de poder, podría encontrarse con una nueva realidad en la que sus aliados habituales ya no sean suficientes.
La pregunta no es solamente quién defenderá a Bukele, sino quién tiene la capacidad de negociar, responder y reconstruir relaciones institucionales cuando comiencen a acumularse las preguntas.
