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Por David Alfaro
16/07/2026
Bukele y Ulloa no tuvieron una evolución política; tuvieron una conversión conveniente. No encontraron nuevas razones para defender la reelección: descubrieron que sus antiguas promesas ya no servían a sus intereses. Ayer afirmaban que la Constitución prohibía la reelección presidencial inmediata y prometían respetarla; hoy presentan esa misma prohibición como un obstáculo que debía ser superado. No fue un simple cambio de opinión: fue el abandono de una postura que habían defendido públicamente.
El video de Fernando del Rincón es demoledor no por el tono del periodista, sino porque enfrenta a Félix Ulloa con sus propias palabras. No es la oposición quien le atribuye una interpretación constitucional distinta: es el propio Ulloa quien, años atrás, explicó con claridad que la Constitución salvadoreña prohibía la reelección presidencial inmediata y que el principio de alternabilidad era tan esencial que el artículo 88 reconocía incluso el derecho a la insurrección cuando dicho principio fuera alterado.
No hay ambigüedad en aquellas declaraciones. Ulloa sabía cuál era la interpretación constitucional que defendía, la explicó públicamente y la presentó como un límite fundamental al poder. Hoy, sin embargo, sostiene una posición opuesta.
¿Qué cambió?
¿Cambió la Constitución?
No.
¿Cambió el artículo 88?
No.
¿Desaparecieron las prohibiciones históricas sobre la reelección inmediata?
Tampoco.
Lo que cambió fue la conveniencia política de quienes ocupaban el poder.
Cuando una interpretación constitucional cambia precisamente en el momento en que beneficia al gobernante de turno, surge una pregunta inevitable: ¿el Derecho está guiando al poder o el poder está moldeando el Derecho?
Durante décadas, la interpretación predominante en El Salvador sostuvo que la reelección presidencial inmediata estaba prohibida. Esa interpretación sobrevivió a gobiernos de distintos signos políticos. Solo comenzó a abandonarse cuando la posibilidad de la continuidad presidencial pasó a beneficiar directamente al poder establecido.
Bukele sostiene que fue el pueblo quien decidió. Pero las constituciones existen precisamente para establecer límites al poder, incluso frente a mayorías populares. Si la voluntad de una mayoría pudiera eliminar cualquier restricción constitucional, entonces la Constitución dejaría de ser la norma suprema y se convertiría en un documento sujeto a la conveniencia del gobernante más popular del momento.
Ese es el fundamento del constitucionalismo: que nadie, por poderoso o popular que sea, esté por encima de las reglas que limitan el ejercicio del poder.
El video de Ulloa destruye la narrativa de que la reelección inmediata siempre fue aceptada como constitucional. No fue así. Quienes hoy la defienden sostenían antes una posición diferente, y lo hicieron públicamente.
Por eso el problema no es únicamente la reelección. El problema es la credibilidad de quienes ejercen el poder. Cuando un gobernante modifica sus argumentos para justificar su permanencia, la ciudadanía tiene razones para preguntarse qué otros principios podrían ser reinterpretados mañana si dejan de ser convenientes.
La confianza pública se construye con coherencia. La Constitución se protege respetando sus límites. La historia demuestra que las democracias rara vez se destruyen de un solo golpe; suelen erosionarse cuando quienes prometieron defender las reglas comienzan a reinterpretarlas hasta hacerles decir lo contrario de lo que antes afirmaban.
Ese es el verdadero peligro: no que dos políticos cambien de discurso, sino que un país termine modificando el sentido de su Constitución sin cambiar una sola palabra de su texto.
