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Redacción Nacionales
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El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, acompañado por los diputados de la Comisión de Hacienda, presentó un decreto transitorio para que se autorice al Ministerio Hacienda, y audite la ejecución de los recursos transferidos a las alcaldías, según el decreto legislativo 608 que iban destinados para contrarrestar la pandemia de la COVID-19 y fenómenos naturales.
El decreto legislativo 608 emitido en marzo de 2020 contiene el Fondo de Emergencia y de Recuperación y Reconstrucción Económica del País, en el cual se transfirieron $191.7 millones para que las 262 alcaldías atendieran las emergencias ocasionadas por la COVID-19 y los desastres naturales. Ahora, el decreto propuesto por Zelaya busca dar facultades al Ministerio de Hacienda para que audite los fondos entregados a las alcaldías por medio de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, que tiene la autorización para realizar el seguimiento contable al manejo del patrimonio estatal.
Según indicó el ministro, han pasado 11 meses desde que se asignaron dichos recursos a los gobiernos municipales “y no han rendido cuentas de su uso”.
Zelaya dijo que, en caso de encontrarse anomalías, y de confirmar que no se utilizaron para la pandemia, ninguna alcaldía pagará a los organismos multilateral internacional, pero es “Hacienda el ente de realizar los pagos, a los organismos multilaterales que prestaron ese dinero a El Salvador”, y afirmó que no pagará presuntos beneficios personales de exalcaldes.
“Verificaremos la totalidad de las alcaldías, no se quedará ninguna sin auditoría. Vamos a revisar el uso que hicieron los alcaldes de los casi $200 millones que se les entregó”, reiteró Zelaya.
En el artículo 1 dice que “se facultará al Ministerio de Hacienda sin perjuicio de las facultades que tiene la Corte de Cuentas de la República (CCR) para realizar auditorías con enfoque jurisdiccional a los gobiernos locales y al uso que le hicieron de los fondos otorgados a través del decreto 608”.
“No estamos usurpando las facultades que tiene la CCR, solo estamos haciendo uso de las facultades que otorga el artículo 2 de la Ley AFI, al establecer que las alcaldías están sujetos al subsistema de contabilidad gubernamental que se establece en el capítulo 5 de la Ley AFI”, detalló Zelaya.
Para desarrollar estas auditorías, se contratarán a auditores que formarán parte del equipo para revisar qué uso dieron los alcaldes a los $191 millones. Según indicó, serán un aproximado de 300 personas para llevar a cabo este proyecto.
Una vez se tengan los resultados y ya se hayan presentado las pruebas de descargo, “los vamos a certificar hacia la Corte de Cuentas, y a la Fiscalía General de la República. Uno de los dos entes tendrá accionar en el caso de incumplimiento. Si la Corte no quiere accionar, tendrá el funcionario o auditor de la CCR que pensarlo muy bien porque probablemente sea también cómplice de la comisión de un delito”, enfatizó Zelaya.
Días atrás, la Corte de Cuentas anunció que ya auditaba los $191.7 millones que recibieron las alcaldías por la pandemia y las tormentas Amanda y Cristobal, pero esto surgió luego que Zelaya anunciará más antes que pretendía auditar a las comunas.
