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Redacción Nacionales
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Las diputadas del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN) Anabel Belloso, Julieta Amaya y Dina Argueta acompañadas de comunidades que son parte de la Mesa Nacional de Habitantes de la Línea Férrea, presentaron una pieza de correspondencia en la que solicitan a la Asamblea Legislativa que cumpla el decreto legislativo 289.
Con este decreto por lo menos 9,714 familias han salido beneficiadas sobre la legalidad de sus viviendas en diferentes departamentos del país, y piden que la comunidad La Loma, de Cuscatlán y comunidad Las Seiscientas #1, del departamento La Libertad sean incluidas en el decreto para legalizar sus propiedades, ya que ambas comunidades aglutinan a un aproximado de 500 familias.
Magdalena Mendoza representante de la comunidad La Loma, en Cuscatlán pidió al Gobierno que legalice sus terrenos ya que llevan bastante tiempo de vivir en el lugar.
“Hay muchas familias que sí se pudieron salir por su trabajo y ahora tienen una vivienda digna y propia, pero hay muchas familias que no nos hemos podido salir, entonces le pedimos al presidente de la República que nos ayude en sus comunidades”, expuso.
Julieta Amaya del FMLN comentó que para su grupo parlamentario sido una prioridad que las familias cuenten con la legalidad de sus viviendas.
Según comentó la legisladora, en los gobiernos del FMLN se les brindó los permisos a las familias aún no teniendo las escrituras para que pudieran también tener acceso al servicio de energía eléctrica y agua potable, por ello, afirmó que es importante que el Gobierno actual le dé prioridad al decreto e incorporar a las otras comunidades que están pendientes de desafectar.
Según mencionaron, en la comunidad Las Seiscientas #1 ubicada en el municipio de Colón, La Libertad existen aproximadamente 200 familias que han habitado en la línea férrea por más de 35 años. Mientras que la comunidad La Loma ubicada sobre el caserío El Guayabo en San Pedro Perulapán en Cuscatlán enlista a 326 familias.
Y pidieron que la Asamblea Legislativa adopte las medidas necesarias a fin de lograr la desafectación de los inmuebles en que se encuentran ubicados y posteriormente adoptar las acciones legislativas que permitan transferir la propiedad de dichos inmuebles a las familias que las habitan.
Ya que es facultad de la Asamblea Legislativa desafectar los inmuebles que resulten innecesarios para las operaciones del ferrocarril, propiedad del Estado y Gobierno de El Salvador, administrados por Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
