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La Habana / Prensa Latina
Odalys Troya Flores
Jefa de la Redacción Centroamérica y Caribe y coordinadora de la redacción Sudamérica de Prensa Latina
El golpe de Estado en Bolivia contra el gobierno legítimo de Evo Morales, concretado el 10 de noviembre último con su obligada renuncia, fue un acontecimiento que puso en riesgo la estabilidad de ese país y Latinoamérica en 2019.
De acuerdo con investigaciones, la asonada fue orquestada y financiada por Estados Unidos con pagos a militares y policías que exigieron la renuncia del gobernante en un escenario diseñado para hacer ver un supuesto fraude electoral.
El propio Evo Morales, que tuvo que asilarse en México y luego en Argentina, señaló a la Organización de Estados Americanos (OEA), al gobierno estadounidense y a su embajada en La Paz, y a sectores reaccionarios de la derecha boliviana como conductores de la asonada golpista.
‘La OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos y menos de los movimientos sociales, está al servicio del imperio norteamericano’, dijo Morales en su primera rueda de prensa al llegar a México.
El líder indígena detalló en una entrevista al diario La Jornada que la embajada de Estados Unidos urdió el golpe y provocó el derramamiento de sangre.
Todo empezó con las discusiones para modificar la constitución para una nueva reelección con lo que él no estaba de acuerdo. Luego comenzó una guerra sucia con base en la mentira y la encabezó la embajada de Estados Unidos, aseguró Evo.
En ese encadenamiento de hechos, diversas fuentes aseguran que el general Williams Kaliman, quien presionó al líder indígena a renunciar fue remunerado por Estados Unidos con un millón de dólares.
Kaliman recibió ese monto de manos de Bruce Williamson, encargado de negocios de la embajada estadounidense, mientras otros generales recibieron la misma cantidad y varios jefes de policía fueron pagados con 500 mil dólares cada uno.
Tras la autoproclamación de Jeanine Añez Chávez como presidenta interina, Kaliman quien había asumido el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia el 24 de diciembre de 2018, fue inmediatamente reemplazado.
DESCRIPCIÓN ADELANTADA DEL GOLPE
El pasado 20 de octubre tuvieron lugar las elecciones en esa nación andino-amazónica, y lo que parecía una fiesta cívica desembocó en un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales.
Desde mucho antes, la derecha conocedora de su nueva derrota en las urnas, en complicidad con Estados Unidos, venía preparando el golpe, lo cual corrobora una denuncia del portal Nicaragua Rebelde que se diría fue una descripción de lo acontecido.
Ese medio, antes de los comicios alertaba que si Evo Morales ganaba las elecciones del 20 de octubre un gobierno de transición cívico-militar se pondría en su lugar.
‘Este nuevo gobierno no reconocería la victoria electoral de Evo y alegaría el fraude durante los comicios’, describió la publicación digital.
Nicaragua Rebelde formuló la denuncia bajo el rótulo de ‘La Embajada de #EE.UU. en La Paz continúa su accionar encubierto en #Bolivia para apoyar el Golpe de Estado contra el presidente Evo Morales’.
Para justificar la instauración de un gobierno paralelo en el poder, la oposición necesitaba crear un clima de inestabilidad en el país sudamericano.
Con ese fin las fuerzas opositoras a través de los comités cívicos y en alianza con la denominada Coordinadora Nacional Militar estuvo preparando una tropa de choque de jóvenes para llevar a cabo acciones violentas principalmente en las ciudades de Santa Cruz y en La Paz.
Según el portal, estos grupos se insertarían en las protestas convocadas con la orden de provocar confrontaciones violentas con la policía, como sucedió en la urbe cruceña durante el cierre de campaña del entonces partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Simultáneamente, explicaba la fuente, ocurriría un levantamiento castrense, con acciones organizadas por la Coordinadora Nacional Militar con el apoyo de la Unión de Militares Retirados de Santa Cruz.
Esta última ciudad sería la sede del denominado gobierno de transición para consolidar los planes opositores de dividir el país en dos frentes: Occidente y Oriente, lo cual generaría un caos y hasta una posible guerra civil, explicó Nicaragua Rebelde.
Al referirse a los preparativos de esta operación, el portal señaló que desde Miami partieron hacia el puerto chileno de Iquique, cercano a Bolivia, embarcaciones con armas y municiones dentro de contenedores, cuya carga fue declarada como ‘miscelánea’.
Personas no vinculadas a la oposición fueron reclutadas y contratadas con el solo propósito de aportar sus nombres y retirar los contenedores del puerto.
Nicaragua Rebelde precisó que el ciudadano boliviano Juan Carlos Rivero estaba a cargo de comprar las armas en Estados Unidos y hacerlas llegar a la Coordinadora Nacional Militar en Bolivia.
Rivero está vinculado directamente al político Manfred Reyes, también radicado en Estados Unidos y vinculado a la embajada de Washington en La Paz, y reapareció en la palestra pública boliviana, cuando en la última semana de la campaña electoral publicó en las redes sociales un mensaje en apoyo al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. El texto indicó que la embajada estadounidense siguió permanentemente la entrega de armas y municiones a través de colaboradores secretos, y con ese objetivo se reunieron de manera clandestina con figuras de la oposición boliviana.
EL FRAUDE NO DEMOSTRADO
Conocedora de su derrota, la derecha con sus aliados internacionales buscó fomentar la idea de un fraude para justificar el motín policial, las protestas de los comités cívicos y finalmente dar el zarpazo.
Sin embargo, hasta la fecha nadie ha demostrado la existencia de fraude en los comicios del 20 de octubre donde resultó reelecto Evo Morales.
Luego de más de 44 días de esa jornada crucial, la OEA presentó el informe final de la auditoría a las elecciones en el cual no es posible encontrar certezas de fraude.
En el texto, el organismo reconoce que Evo Morales ganó en primera vuelta, pero asegura que es ‘estadísticamente improbable’ que haya sido por una diferencia de 10 por ciento.
En el vilipendiado documento, se alude en el 75 por ciento de su cuerpo a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (sin validez legal).
‘El ministerio de las colonias publicó tarde un informe sin rigor, con fallas graves de método, generoso en percepciones personales y políticas cuya única pretensión es abultar la mala literatura para la justificación del Golpe en Bolivia que derivó en una dictadura fascista’, escribió la internauta Larissa Costas en Twitter.
La OEA halló irregularidades en tres mil 471 votos en 226 mesas, pero si dichos sufragios se anularan al MAS, la diferencia sigue siendo mayor a 10 por ciento, observó.
En el informe no figura la palabra fraude, al tiempo que la OEA señala que no se puede contrastar la información consignada con las actas de escrutinio y cómputo, por la quema de actas en el contexto de las protestas.
Denunciaron fraude quemando las ‘pruebas’ que podían comprobarlo’, escribió por su parte en la red social Twitter Bruno Sgarzini.
Un centenar de expertos internacionales en economía y estadística llamaron a la OEA a retirar sus ‘declaraciones engañosas’ sobre el proceso electoral en Bolivia que propició el golpe de Estado contra el presidente constitucional Evo Morales.
GOLPES DE ESTADOS EN LATINOAMÉRICA. ESTADOS UNIDOS CON LA BATUTA
Desde hace décadas, Estados Unidos ha jugado un papel preponderante en decenas de golpes de Estado, en particular en Latinoamérica. Bolivia que a lo largo del siglo XX encabezó la lista, con más de 160 alzamientos militares, se suma otra vez a la lista.
La renuncia forzada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, ‘sugerida’ por las Fuerzas Armadas, fue aplaudida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El mandatario estadounidense consideró como un ‘momento significativo’ el hecho y felicitó al pueblo ‘por exigir libertad’ y a los militares bolivianos ‘por cumplir con su juramento no sólo a una persona, sino a la Constitución de Bolivia’.
Se trata de un golpe más en la historia contemporánea de América Latina. A partir de 1940, en todas las décadas siguientes los golpes de Estado han sido recurrentes, y de manera general han tenido como punto en común la mano asesora de Estados Unidos.
En los últimos años se aplicaron contra Venezuela, bajo la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) y ahora de Nicolás Maduro.
Las formas para derrocar gobiernos parecen no terminar: golpes militares, golpes suaves, bloqueos, sanciones, paro petrolero, autoproclamación de un ‘presidente encargado’.
Son solo algunas vías para destruir aquellos procesos sociales cuyo objetivo esencial sea cambiar un sistema económico donde la desigual distribución de las riquezas produzca cada vez más pobres.
Un sinnúmero de variantes ha utilizado la oposición más reaccionaria en clara complicidad con Estados Unidos y varios países de la región para poner fin a la llamada Revolución Bolivariana.
Venezuela (1948), Paraguay y Guatemala (1954), República Dominicana (1963), Brasil (1964), Argentina (1966 y 1976), Bolivia (1971), Uruguay y Chile (1973), El Salvador (1979), Panamá (1989), Perú (1992), Haití (2004) y Honduras (2009) dan fe de la historia golpista.
El juicio político contra Fernando Lugo en 2012, y un proceso también judicial contra Dilma Rousseff en 2016, de igual modo se inscriben en ese entramado.
De acuerdo con Marcelo Colussi, escritor y politólogo de origen argentino radicado en Guatemala, en Latinoamérica el verdadero poder dominante final, el que tiene la última palabra, es la clase dirigente de Estados Unidos, que hace de la región su reservorio de materias primas, mercado cautivo y proveedor de mano de obra barata.
Asegura que por eso hay acantonadas 74 bases militares de Washington en la región que defienden al milímetro lo que considera su natural patio trasero: ‘América para los americanos’ (del Norte), según la tristemente célebre Doctrina Monroe.
Recuerda en un artículo, que la ‘instalación más grande (Base Mariscal Estigarribia) se encuentra en la Triple frontera argentino-brasileño-paraguaya, ‘custodiando’ el Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce subterránea más enorme del mundo.
Añade que la base más grande está en construcción en estos momentos, en Honduras, para ?salvaguardar’ las reservas petrolíferas de Venezuela’.
Colussi señala que en Bolivia acaba de consumarse un golpe que nuclea varias modalidades y advierte que las cuantiosas reservas de litio (75 por ciento de las reservas mundiales y futuro posible reemplazo del petróleo) así como otros recursos naturales como gas, minerales estratégicos y tierras raras esperan por las ávidas corporaciones multinacionales, que no podían entrar por la presencia del gobierno socialista de Evo Morales y el MAS.
