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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El Gobierno tiene luz verde para adquirir bienes y servicios en el contexto de la implementación del régimen de excepción luego que la Asamblea Legislativa aprobara un régimen especial. Según lo aprobado, el Gobierno podrá gestionar la adquisición “con agilidad y eficiencia necesarias para la consecución de los fines perseguidos con la declaratoria de régimen de excepción”.
Dichas adquisiciones están exentas del pago de impuestos, incluyendo todo tipo de aranceles, además se salta la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap); pero estaría regida a través de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública del Ministerio de Hacienda.
El decreto no establece concretamente qué tipo de bienes o servicios serían adquiridos por el Estado.
Diputados de Nuevas Ideas defendieron esta propuesta del Gobierno. La diputada Suecy Callejas dijo que fue necesario aprobar esta medida para apoyar a “quienes nos están brindando seguridad, pues necesitan recursos para desempeñar su labor. Es por ello que es una medida transitoria”, dijo sin especificar qué tipo de apoyo.
El diputado Jorge Castro, siempre del oficialismo, se refirió sobre los plazos que se debían de seguir para adquirir los bienes y servicios, “necesitamos que esos plazos y esa contratación de bienes y servicios puedan ser aceleradas para combatir la delincuencia”.
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) afirmó que esta ley busca obviar la LACAP, “cuando no se puede obviar, pues, es una de las normas que le da transparencia al ejercicio del dinero público y en este caso lo que hicieron es evadir la responsabilidad de informar cómo se gasta ese dinero del pueblo”, planteó René Portillo Cuadra.
La diputada Anabel Belloso del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), comentó que al Gobierno “no le queda el discurso de la transparencia en el combate a la corrupción porque su gestión está manchada de esa práctica”, haciendo referencia a que, en los primeros meses de la pandemia, el gobierno utilizó los fondos de emergencia por medio de procesos similares a la excepción de la LACAP y lo que provocó fue un “mal manejo de fondos”.
