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El informe de la Comisión de la Verdad sobre los sucesos de octubre de 2019 concluye que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, es el responsable directo de los delitos de lesa humanidad cometidos y las demandas pasarán a la Fiscalia.
Año y medio después del paro nacional en Ecuador y las protestas por las medidas económicas que tomó el Gobierno de Lenín Moreno, la Defensoría del Pueblo ecuatoriana presentó un informe sobre violaciones de los derechos humanos.
La presidenta de la comisión especial instituida por ese ente, Sybel Martínez, responsabiliza a las autoridades de su país por no garantizar esos derechos durante las manifestaciones y confía en que el siguiente Ejecutivo actúe al respecto.
Al presentar el informe de más de 90 páginas, que incluye metodología y definiciones sobre violación a los derechos humanos, se concluyó que el Estado ecuatoriano “violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, sicológica y sexual, y a la libertad personal”, ente otros.
En el cuadro que presenta la Comisión de la Verdad queda en evidencia la acción criminal de la Fuerza Pública del gobierno de Lenín Moreno y sus ministros que, por ejemplo, son responsables de ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y/o lesiones oculares.
Parte de las conclusiones del informe indica que el discurso del Gobierno fue parcial e introdujo una agenda desestabilizadora que busco deslegitimar la protesta social. Señala el accionar de los Ministros de Moreno como parte de este discurso. Martínez sostuvo: “Atentados a la vida ejecuciones extrajudiciales, delitos sexuales, detenciones ilegales, lesiones oculares, tratos inhumanos. Tenemos suficiente información e indicios que prueban que hubo una violencia a la población generalizada.”
La presidenta de la Comisión de la Verdad y la Justicia reconoce el derecho que tienen todas las víctimas, está consiente que no es posible la reconciliación si no se asientan en la verdad y la justicia.
“La comisión recomienda al Estado, como medidas de reparación para las víctimas que fueron cercenadas partes de su cuerpo, que se les brinde de forma integral la atención médica pertinente y a largo plazo”, indicó por su parte, el comisionado Juan Carlos Solines.
El informe también afirma que existieron personas detenidas quienes enfrentaron violaciones a las garantías judiciales como fueron las detenciones de la Prefecta Paola Pabon, Vrgilio Hernández y Christian Gonzalez.
También se vulnero el principio de presunción de inocencia, no hubo acceso a la justicia para denunciar las presuntas violaciones a los derechos humanos. Inclusive la Comisión Independiente de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares contra Pabon, Paola Pabon, Hernández y Gonzalez.
