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La noticia de mayor relevancia en cuanto a la violación del artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, y el artículo 6 de la Constitución de la República, fue ejecutado por un juez de paz, presionado directamente o por temor ante la posible respuesta del Ejecutivo, es decir, del presidente Nayib Bukele, que hoy controla los tres Órganos de Estado, así como a la Fiscalía General de la República, tal como lo manifestó el presidente de la república en cadena de radio y televisión, y por eso censuró un reportaje de la revista FACTUM, relacionado con los asesinatos ocurridos en Chalchuapa.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Mientras que el artículo seis de la Constitución, en su primer inciso señala: “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero lo que haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan.”
A partir de los dos artículos citados queda claro que lo ordenado por el Juzgado Primero de Paz de Santa Ana, por petición de la Fiscalía General de la República, a la revista FACTUM para que retire de su página web y de las redes sociales el reportaje sobre los asesinatos en serie ocurridos en Chalchuapa, jurisdicción de Santa Ana, es obvio que se trata de una clara censura, la cual es prohibida por las Naciones Unidas y la Constitución de El Salvador.
Como dirían los defensores de la institucionalidad democrática, censurar a los medios es una grave violación al Estado de Derecho, pues atenta contra uno de los pilares de la Democracia, es decir, el derecho a la información, la libertad de prensa y expresión. Lo que le ha pasado a FACTUM es una advertencia que le pasará a los demás medios de comunicación, y para ello utilizará todas las herramientas que hoy puede manipular el Ejecutivo, sobre todo la Fiscalía General de la República y el sistema judicial, como ha quedado evidenciado al censurar un reportaje de la revista FACTUM.
Hoy queda claro en qué consiste el periodismo incómodo para el gobierno del presidente Bukele. Y este es, todo aquello que vaya en contra de la narrativa del gobierno, de la propaganda del gobierno. En el caso del reportaje periodístico titulado “Asesino de Chalchuapa confiesa cómo mataron a trece víctimas en el último año” revela el modus operandi criminal del expolicía Hugo Osorio Chávez, pero también, contraría el discurso del ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía.
Y es que tanto voceros de seguridad como fiscalía querían hacer creer que los 15 cadáveres hasta hoy localizados en la casa cementerio del expolicía Osorio Chávez ocurrieron durante la tregua entre pandillas, en el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Sin embargo, de acuerdo con las revelaciones del imputado y experticias forenses, trece de los asesinatos ocurrieron entre 2020 y 2021.
Aceptar lo anterior de parte del gobierno es a la vez ir en contra de su discurso, al negar, por una lado, las desapariciones de personas en El Salvador, y de sicarios al interior de la corporación policial y militar.
Por lo anterior, la Fiscalía y la Seguridad Pública pidieron declarar la reserva del caso, y no para revictimizar a las víctimas como señalan quienes a ciegas aceptan el discurso del gobierno. Por eso el tribunal, al censurar a la revista FACTUM, dice que el medio digital “violenta la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV)”.
Al final, la explicación de la censura es que el gobierno no quiere narrativas distintas a la suya, y está dispuesto a censurar a quien sea, sin importar violentar la misma Constitución de la República y el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Mientras que la persecución política del gobierno de Bukele queda claro con el encarcelamiento del exalcalde de derecha, Ernesto Luis Muyshondt García-Prieto, más allá de que haya sido capturado por evasión de impuestos, pues la ley también establece que una vez el imputado se pone al día, debe ser puesto en libertad inmediatamente, algo que no se ha respetado, ya que así lo hizo en dos ocasiones el imputado.
Sin embargo, como ocurrió en la segunda ocasión, una vez canceló la deuda al fisco fue capturado por tercera vez por un tercer delito distinto.
La pregunta de cualquiera que tiene uso de razón es por qué no la procesaron con todos los supuestos delitos de una vez, y no tener que ir sacando uno a uno de acuerdo con la decisión del tribunal. Pero hay algo más grave, con lo que queda evidencia que hay una decisión política de mantener al político de derecha en prisión, y es la advertencia del ministro de trabajo de procesar al juez si pone en libertad a Muyshondt García-Prieto.
Y no hay que dudar que también Bukele ordenará perseguir a los de izquierda. Ya las dos fiscales anteriores lo iniciaron contra reconocidas figuras del principal y ahora único partido de izquierda, FMLN.
El país va en pleno retroceso democrático, y se acentúa paso a paso el autoritarismo.
