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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro manifestó este lunes que será clave el comportamiento que asuma la población para cumplir con las medidas del Ministerio de Salud contra la COVID-19, luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el decreto 32, el que contemplaba mecanismos para las siguientes etapas de la vida productiva del país, que contenía limitaciones constitucionales sin ser aprobadas por la Asamblea Legislativa.
“Toda la población, de alguna manera, lo ha estado cumpliendo, sobre todo, las grandes empresas, los comercios, la industria, que han tenido a bien darle cumplimiento (al proceso), y estoy seguro que esto va a continuar, porque tienen claro que esto se vuelve una protección tanto para su familia como para sus empleados”, dijo el funcionario.
Castro cuestionó que los magistrados le hayan quitado al Ejecutivo la potestad de tomar medidas como restringir la circulación del transporte colectivo, que está regulada en las fases de la apertura económica acordada con el sector empresarial.
Agregó que los magistrados de la Sala Constitucional han dejado al gobierno al nivel de una ONG, sin ninguna capacidad coercitiva para decretar medidas sanitarias, y lo único que puede hacer el Ejecutivo es sugerirle a la población cierto comportamiento, pero que la gente tiene libertad de cumplir o ignorar el llamado.
Según el funcionario, el fallo de los magistrados que llama a los diputados y al Gobierno a ponerse de acuerdo para aprobar una normativa que regular los derechos durante la pandemia, no tiene sentido cuando la Asamblea tiene engavetada una petición de ese tipo entregada hace varias semanas.
“A esta fecha seguimos totalmente igual, entonces, no entendería en qué cambiaría en este momento el volver a presentar dichas iniciativas si están presentadas y ellos están en la obligación de conocerlas”, dijo el funcionario en entrevista con Cadena Sonora.
El Gobierno presentó el pasado 24 de junio a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para decretar el Estado de Excepción para tres derechos constitucionales: libre circulación, libertad de reunión y libertad al cambio de domicilio, como marco legal para decretar una nueva cuarentena.
Sin embargo, la propuesta nunca fue discutida por los diputados.
Aunque, el decreto 661 que la Asamblea aprobó antes de la nueva solicitud del Ejecutivo, que fue vetada por el presidente Bukele, a pesar de que contemplaba aspectos solicitados el 24 de julio por el Ejecutivo para el manejo de la pandemia.
“Dicho estado de emergencia tiene más de mes y medio de haberse presentado y ni siquiera ha entrado al pleno para conocerse, esto nos indica que no existe ningún tipo de voluntad”, afirmó Castro.
El secretario jurídico insistió en que hay herramientas legales de las que echó mano el gobierno para tomar medidas sanitarias durante la pandemia, pero que tanto la Asamblea como la Sala de lo Constitucional se las han ido anulando paulatinamente. Y entre estas normativas se encuentran varios artículos del Código de Salud y la ley de Protección Civil, que dan al Gobierno potestades para decretar cuarentena, cercos sanitarios y poner a personas en aislamiento para preservar la salud de la población, dijo el funcionario.
