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Fundamentalismo religioso en la administración estatal, un peligro latente.

Johana Peña

Para muchos no es un secreto que en las instituciones públicas se fomente y se realicen acciones religiosas, desde actividades en fechas simbólicas en el calendario eclesiástico católico, hasta el nacimiento de grupos que realizan cultos cristianos. Acciones, incluso, impulsadas desde las unidades de Talento Humano y otras, por las altas autoridades.

Muchas personas en nuestra sociedad altamente religiosa pensarán que esto no tiene nada de malo, que incluso debería de alimentarse para “disminuir” los niveles de violencia.

¿Pero qué pasa si un servidor público impone su visión religiosa a las actividades que se le encomienda? Sin duda, estaría cometiendo una ilegalidad. Nuestro Estado es laico por Constitución, y el objetivo es que las instituciones traten a todos los ciudadanos por igual. Por ello, los funcionarios deben mostrarse neutrales frente a credos o a ideologías. Hay que recordar que en la base del laicismo está el principio de tolerancia.

El problema del fundamentalismo religioso en un contexto de trabajo estatal es porque, un servidor o servidora pública no puede catalogar como “religioso o no religiosos” y, por tanto: “bueno o malo”, la persona que solicita un servicio. Sino, tener un carácter seglar para ejercer un cargo público. Eso sin negar que posee libertad para simpatizar con la religión de su preferencia, pero sin interferir en sus funciones, las cuales están establecidas en las leyes nacionales.

Un Estado laico garantiza la igualdad ante todos los ciudadanos o grupos, con independencia de cuales sean sus creencias, religiosas o no, lo que a su vez implica que no caben privilegios o discriminaciones fundadas en dichas creencias.

Por ello, para generar espacios armónicos, sobre todo, a las mujeres víctimas de violencia y a lo femenino, es necesario acelerar el proceso de transversalización de la perspectiva de género, la cual debe realizarse desde el más alto nivel jerárquico y dándole la importancia debida en todo el quehacer institucional, como lo demandan la Normativa Nacional para la Igualdad de Género. Acciones como estas generarían políticas públicas que beneficien a toda la población sin importar su posición o condición.

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